Buenas cosechas, en cantidad y calidad, a precios ruinosos. Es el binomio que provoca, año tras año, la bajada de las rentas de decenas de miles de agricultores y ganaderos españoles.
Especialmente sangrante es el caso de explotaciones agrarias de gran trascendencia social en el mundo rural, como el aceite y la leche, utilizados como productos reclamo en la mayor parte de supermercados. Por eso, han sido ellos los primeros en movilizarse y echarse a la calle. La Unión Europea (UE) reconoce que la causa del problema es el poder que ejercen las grandes cadenas comerciales en el mercado agrario, imponiendo precios y condiciones gracias a que acaparan ya el 41 % del consumo de alimentación a través de sus marcas blancas. Europa recomienda medidas para reequilibrar esta cadena, pero prosigue el proceso de liberalización del sector.
“El gran comercio no nos respeta, van a mordernos, y además con ansia, con avaricia”, exclama el agricultor Gregorio López, uno de los participantes en la primera gran movilización del campo español contra el poder que ejercen en el mercado agrario las grandes superficies.
Se celebró el pasado 19 de marzo, cuando se concentraron en Jaén unos 10,000 olivareros procedentes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, convocados por todas las organizaciones agrarias. En el otro extremo del País, el Sindicato Labrego Galego viene organizando desde febrero protestas por el bajo precio de la leche.
Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) se cita un informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el que se niega una “posición de dominio” de las grandes superficies y se insiste en que todo funciona como “un mercado competitivo”. ¿Qué está pasando entonces?
Gregorio se lamenta de la situación mientras pasea por las afueras de Úbeda (Jaén), el municipio con el olivar más productivo del mundo. A pesar de ello, las calles ubetenses aparecen mortecinas los días de menor afluencia turística, lo mismo que ocurre en su vecina Baeza, ambas patrimonio de la humanidad por su pasado renacentista.
Aún con este potencial turístico, el sector de servicios por sí sólo no es capaz de tirar del carro del desarrollo rural. Necesita indefectiblemente de la agricultura, la ganadería y la agroindustria asociada, que en España proporcionan empleo a 1,2 millones de personas y mantiene a la población en el medio rural, el 90 por ciento de nuestro territorio. Sectores que, con el avance de la agricultura ecológica o la ganadería extensiva, contribuyen cada vez más a la lucha contra el cambio climático, y que además, son líderes en las exportaciones de España a terceros países, en innovación tecnológica y en investigación.
Cualidades que sin embargo pesan muy poco en la lógica implacable de la negociación de precios en origen, principal responsable de que la renta agraria haya bajado en España un 4,5 por ciento el año pasado. Lo señala el alcalde de Baeza, Leocadio Marín, que fue también presidente del Patrimonio Comunal Olivarero y consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. España es el mayor productor y exportador de aceite de oliva, consiguiendo además las mejores calidades. Sin embargo, el 70% del aceite que consumen los españoles es de marcas blancas, utilizado frecuentemente como producto gancho por su bajo precio en las grandes cadenas de hipermercados y supermercados.
De esta forma, “hay sólo cuatro grandes compañías que compran frente a 400 cooperativas en Jaén que venden”, una cifra que se eleva a 1,800 almazaras en toda España. La atomización de este sector le confiere un gran beneficio social en redistribución de rentas, pero también una enorme debilidad frente a la concentración de la gran distribución en unas pocas compañías que se pueden contar con los dedos de una mano.
“Hay un marcaje férreo a los márgenes del proveedor. Cada gran distribuidor negocia con decenas de productores, el precio lo ponen ellos, e incluyen los descuentos que le van a hacer al consumidor”, asegura Marín.
“El comercio es insaciable, a mí una representante de una gran cadena me ha confesado que, si le vienen tres agricultores, averiguan a cuál de ellos le va económicamente peor y le aprietan al máximo las tuercas en el precio”, denuncia Gregorio López, que sufre en sus carnes esta dinámica perversa al ser copropietario, junto con sus hermanos, de 65 hectáreas de olivar de regadío.
De forma muy diferente se ven las cosas desde ANGED. En su opinión, el precio del aceite no ha bajado como consecuencia de su utilización como “reclamo”, sino por las buenas cosechas acumuladas los últimos años, el excedente almacenado en almazaras y envasadoras, “el mayor de las seis últimas campañas”, aseguran, unido al mantenimiento del consumo en niveles estables y la excepcional cosecha de la actual campaña.
Efectivamente, la cosecha de este año ha sido récord, con 1,570,000 toneladas, el doble que hace una década. Las exportaciones van creciendo vertiginosamente, hasta las 829,000 toneladas este año, pero ningún comprador foráneo está dispuesto a pagar ni un céntimo más que los nacionales por las 550,000 toneladas para consumo interno. El esfuerzo por abrir mercados fuera no redunda en el precio.
Además, la cosecha récord explica la caída de precios actual, pero no la persistencia durante años de niveles tan bajos como para no cubrir siquiera los costes de producción.
“Lo venden a pérdidas, eso te lo aseguro yo, porque es un producto necesario y muy atractivo, y de paso el consumidor se lleva del supermercado otros productos en los que les ganan más margen, con lo que compensan”, explica José Ráez, presidente de la cooperativa ubetense La Carrera, que agrupa a 1.300 productores y vende a granell el 70 por ciento del aceite que elabora, mientras el resto lo utiliza para una marca propia que trata de hacerse hueco en la exportación a 13 países del mundo.
Otros sectores sufren el mismo hundimiento de precios que el aceite a pesar de que la producción está siendo menor de lo acostumbrada. Es el caso de la leche, donde las 5,1 toneladas producidas esta campaña por unos 20,000 ganaderos no llegarán a cubrir la cuota de 6,4 millones asignada por la UE a España para venta directa a industrias. El consumo interno es de 9 millones, por lo que nos vemos obligados a importar productos lácteos de Europa. Sin embargo, el precio para el productor sigue bajando, hasta apenas 0,33 euros el litro, y es aún más ruinoso en Galicia, que concentra el 50 por ciento de la producción nacional, lo que está dando lugar ya a movilizaciones. También aquí la cuota de mercado que alcanzan las marcas blancas en los super e hipermercados es del 70% del consumo final de leche, gracias a importes muy reducidos. Unos precios que, por extraño que parezca, el ganadero no conoce en el momento de vender su producción, ya que se fijan a posteriori.
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