La juez Lauracelis Roques Arroyo le dio hoy un plazo de dos días a la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que someta por escrito sus alegaciones de conflicto de interés por parte de la institución pública a la hora de manejar el dinero de los pensionados.
La Junta de Retiro de la UPR acudió al tribunal mediante una demanda de clase para oponerse a las exigencias de la Junta de Control Fiscal de convertir al Sistema de Retiro en uno de contribuciones definidas, posición favorecida por la Junta de Gobierno de la UPR.
Actualmente, los empleados de la institución están cobijados bajo un plan de retiro de beneficios definidos, lo que implica que reciben una pensión vitalicia conforme a lo que hayan ahorrado al momento de retirarse. En cambio, el plan de retiro de contribución definida no garantiza un ingreso de por vida y podría experimentar fluctuaciones dramáticas en el valor de las acciones.
La determinación de Roques Arroyo surgió como parte de una vista de interdicto preliminar que tuvo lugar hoy en la cual la Junta de Retiro denunció que las autoridades universitarias han obviado su aportación al pago de su deuda desde el año fiscal 2015-2016, dinero que le corresponde al Fideicomiso del Sistema de Retiro. Al presente se le deben $6.3 millones.
En la demanda de interdicto, la Junta de Retiro solicita que se le delegue el deber fiduciario del Sistema de Retiro en completa autonomía del ente rector del sistema universitario público.
Los miembros de la Junta de Retiro argumentan que la Junta de Gobierno de la UPR está incapacitada para proteger el fideicomiso de retiro por constituir un conflicto de interés al ser el principal deudor del sistema.
La vista ocurre en momentos en que la Junta de Gobierno de la UPR evalúa un reglamento que mina las funciones de la Junta de Retiro de supervisar el plan de pensiones.
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