La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) exigió hoy que se le exija a todos los funcionarios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) involucrados en un asunto de mal manejo de fondos en el 2011 que respondan personalmente con lo adeudado a tres agencias federales que otorgaban subvenciones a la institución.
El pasado jueves, 29 de noviembre, trascendió que, debido a “mal manejo de fondos” la UPR tendrá que devolver $1.8 millones a tres agencias federales: Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) y el Departamento Federal de Energía.
Los reclamos legales de estas tres agencias surgieron en el año 2011, debido a retrasos y errores en informes fiscales obligatorios.
Surgía también de los reclamos de dichas agencias que se habían otorgado pagos indebidos a varios profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que estaban a cargo de las investigaciones en cuestión.
La Asociación de Profesores informó, a través de un comunicado de prensa, que desde el 2012 ha estado denunciando esta situación, al igual que la práctica de la alta gerencia universitaria de proteger a los oficiales que estuvieron envueltos.
“La APPU y la comunidad universitaria aguardamos por la publicación del informe de requerimiento que la UPR debía rendir a la NSF con el detalle sobre las devoluciones requeridas y con la adjudicación de responsabilidades según establece la normativa universitaria”, expresó la organización en el comunicado.
La APPU, desde el 2012, exigió a las autoridades universitarias que se llevara a cabo una auditoría que cubriera un periodo de 10 años y que toda la comunidad universitaria y el pueblo puertorriqueño tuvieran acceso al resultado.
“Solicitamos que el entonces presidente [de la UPR ] y la entonces Junta de Síndicos cesaran el ocultamiento de la gravedad de este asunto y de los nombres de las personas involucradas en este manejo inadecuado de fondos que lacera la integridad de la institución y de los investigadores serios y dedicados”, indicó.
“En aquel momento se protegió a las principales personas responsables por los pagos indebidos por encima de las cantidades aprobadas. Estas personas incluyen al entonces presidente de la UPR, Miguel Muñoz y al doctor Manuel Gómez”, denunció la entidad universitaria.
Ambos renunciaron a sus posiciones, uno de presidente y otro de investigador, en el 2013. Ni ellos ni ninguno otro de los empleados involucrados en este asunto de mal manejo de fondos asumieron responsabilidad por el daño infligido a la Universidad de Puerto Rico por su conducta, asegura la APPU.
“Antes de devolver a las agencias concernidas el dinero mal manejado, la UPR tiene la obligación de llevar a cabo una investigación de los hechos, una formulación de cargos de ser hallados culpables los implicados y una exigencia de devolución de los fondos mal manejados a esos individuos”, sostiene.
“Exigimos que, en este momento de crisis fiscal, la Universidad proceda con los trámites necesarios y que se le exija al expresidente Muñoz, al exinvestigador Gómez, así como a otros posibles implicados, que sean ellos los que desembolsen los $1.8 millones que malversaron”, urgió la entidad.
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