El economista José Joaquín Villamil, principal oficial ejecutivo de la empresa de análisis económico Estudios Técnicos Inc., alegó fallas en una investigación periodística que revela que las multinacionales que experimentan con semillas transgénicas en Puerto Rico, como Monsanto, recibieron sobre $526 millones en privilegios fiscales durante la primera década de la crisis, entre 2006 y 2015.
“Esos números están totalmente fuera de lo razonable y algunos eran bastante absurdos para serles franco, porque mezclaron y duplicaron”, dijo Villamil durante la convención de 2018 de la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico, conocida por sus siglas en inglés como PRABIA. Villamil hizo sus declaraciones mientras presentaba un estudio, comisionado por las propias semilleras, sobre las alegadas aportaciones de estas para la economía de Puerto Rico.
El economista explicó, en una entrevista posterior con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que en la investigación supuestamente se había calculado que todas las semilleras se habían acogido a los incentivos de “agricultores bonafide”. Estos permiten una exención contributiva del 90% de los ingresos generados en el negocio agrícola, por ejemplo. Además,
Villamil alegó que la serie investigativa partía de la premisa de que el monto recibido por las semilleras era dinero directo entregado a estas. “Si los beneficios no se hubiesen ofrecido, las empresas se hubieran ido a Hawaii y Arizona”, sostuvo Villamil.
Las semilleras reciben incentivos de Fomento Industrial, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, entre otras dependencias gubernamentales.
De los $526 millones en privilegios fiscales que recibieron estas semilleras durante la crisis, $478 millones corresponden a tasas contributivas preferenciales y exenciones que impactan la capacidad de recaudación del Departamento de Hacienda, según un informe que entregó esa agencia a petición del CPI.
Hacienda detalló en una parte del documento el costo fiscal de las empresas que recibieron beneficios contributivos por ser agricultores bonafide y, en otra parte del documento, el desglose de las empresas que se acogen a la Ley 73 de 2008 (incentivos industriales), de modo que no los mezcló.
Las compañías que se acogen a la Ley 73 de 2008 no pueden recibir los beneficios de los agricultores bonafide ni viceversa, y por eso no pueden mezclarse todas las empresas al hacer un análisis de costo fiscal para las arcas públicas. Hacienda usó datos de 2005 a 2014, porque alega que eran los más recientes que tenía disponible.
Ya que los números están separados por tipo de incentivo, esto desmiente las declaraciones de Villamil.
Los privilegios fiscales en cuestión los recibieron principalmente empresas que ahora están en los conglomerados Bayer CropScience y Monsanto, y Dow AgroSciences, Mycogen Seeds, Dupont y Pioneer (ahora bajo la fusión llamada Corteva). Las compañías Illinois Crop Improvement Association, Syngenta Seeds, AgReliant Genetics y RiceTec también se beneficiaron de estos incentivos.
El principal objetivo de los experimentos de este grupo empresarial durante la primera década de la crisis fiscal fue desarrollar maíz y soya modificadas genéticamente para resistir al yerbicida glifosato, un agroquímico que está siendo cuestionado en los tribunales federales por alegadamente causar cáncer.
De la información que ofreció Hacienda, el CPI cuestionó a la agencia el dato de las empresas que se acogen a las exenciones de agricultores bonafide, cuyo costo fiscal fue de $228,604. Esto parece muy poco si se compara con el costo fiscal de $477,749,235 de las que reciben incentivos industriales. Pero Hacienda limitó la respuesta por alegadamente tratarse de información contributiva.
Las tasas contributivas y exenciones no son dinero directo entregado a las empresas. Son beneficios fiscales que afectan la capacidad de los gobiernos de recaudar fondos públicos y cumplir con sus obligaciones fiscales. Hacer un informe de esos beneficios contributivos para empresas e individuos ya es una medida recomendada por la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental, que delinea las mejores prácticas para hacer informes financieros.
“Estos incentivos se documentan en los informes como un gasto porque, al no haberlo cobrado el gobierno, tienen el mismo efecto en el presupuesto que haber desembolsado el dinero”, explicó Michael Leachman, director de investigación de asuntos fiscales para el Center on Budget and Policy Priorities, un grupo de análisis con sede en Washington DC, que analiza el impacto de las políticas fiscales del gobierno federal y los estados.
“Si no estás rastreando esas cosas te puedes meter en problemas. Hay exenciones de 30 a 40 años que pueden estar viejos y no servir su propósito. Pero los cabilderos corporativos sostienen todo el tiempo que necesitan más dinero en incentivos para quedarse. La literatura generalmente concluye que los impuestos locales y estatales son un por ciento pequeño de los criterios que se usan para hacer negocios en un lugar. Hay otros factores. Las empresas buscan suplidores, bajos costos de energía, estar cerca del mercado al que necesitan llegar y tener una mano de obra preparada que les ayude a hacer su producto. Para decir que se hubieran ido a otro lugar si no le dan los subsidios hay que hacer otro tipo de estudio”.
La historia Una alfombra roja de mantengo corporativo impulsa los transgénicos en Puerto Rico explica que la Isla ya tiene una gran ventaja competitiva que atrae a las semilleras independientemente de los incentivos: una temperatura anual promedio de 80 ℉ en el sur del país, donde están localizadas la mayoría de las tierras que tienen las semilleras. Esto permite llevar a cabo hasta cuatro cosechas cada año del maíz y la soya, cuando en Estados Unidos continental sólo pueden hacer dos.
Los envíos hacia América del Norte de semillas transgénicas desarrolladas en Puerto Rico son más rápidos que los de Hawaii. Y, sobre todo, la mayoría de las semilleras extranjeras ya se habían establecido en Puerto Rico entre 1983 y 2003, antes de que fuera creada la Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola de 2009, que ofrece todo un abanico de incentivos para este sector.
Por lo tanto, las alegaciones de Villamil sobre la serie Paraíso Transgénico son falsas.
PRABIA invocó el informe de Estudios Técnicos en reuniones de cabildeo con legisladores para defender sus privilegios fiscales, en momentos en que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) trataba de crear un nuevo Código de Incentivos que iba a recortar los que no dejaban un retorno de inversión al Gobierno, como lo son por ejemplo los subsidios a los agricultores bonafide, según el DDEC.
El gobernador, Ricardo Rosselló, dijo durante la convención de PRABIA que, por cada dólar que invierte el Gobierno en incentivos para las semilleras, estas devuelven $5.36 a la economía, un dato que surge del informe de Estudios Técnicos.
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