La Junta de Control Fiscal (JCF) solicitó recortes adicionales para varias entidades gubernamentales “para reflejar gastos no recurrentes y mejorar la transparencia”, según informó el organismo federal en un comunicado de prensa.
El ente, impuesto por la Ley Promesa, indicó que dichos ahorros podrían reinvertirse en las áreas de Seguridad y Educación Pública.
LA JCF requirió la eliminación de ciertas partidas donde la Junta no tiene suficiente información para garantizar su cumplimiento con el Plan Fiscal, como ciertos gastos relacionados con mercadeo y servicios profesionales.
También reclamó cambios para asegurar el alineamiento con el Plan Fiscal de medidas de uniformidad de los planes de salud, para incluir reducciones adicionales, basadas en indicadores comparables, a la Asamblea Legislativa, para aplicar las medidas de adecuación estándares para el Gobierno a la Comisión Estatal de Elecciones, así como para reflejar la privatización de la WIPR para el final del tercer trimestre del referido año fiscal, entre otros.
Estas peticiones de la Junta fueron sometidas a través de una carta dirigida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. En la misiva la JCF estableció el estimado de Ingresos del Fondo General para el año fiscal 2020 en $8,028 millones y el estimado de Ingresos de “Otros Fondos” en $2,541 millones.
“En la medida en que el gobierno aplique estos ajustes adicionales y estos produzcan ahorros más allá de los niveles delineados en el Plan Fiscal certificado, la Junta de Supervisión buscará reinvertir estos fondos en áreas de alta prioridad, como seguridad pública y educación”, indicó la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.
“Las prácticas presupuestarias acertadas y la responsabilidad fiscal permitirán que se inviertan los recursos en donde más se necesita”, señaló.
Según la carta de la JCF, estas reinversiones se destinarían, como mínimo, a aumentos salariales para policías, maestros y directores de escuelas, bomberos y la dirección del Instituto de Ciencias Forenses.
También buscarían proporcionar aumentos no relacionados con nómina al Departamento de Bomberos para la compra de vehículos y equipo adicional, y para que el Instituto de Ciencias Forenses aumente la capacidad de su depósito de cadáveres mediante inversiones de capital.
En la carta, la Junta también enumeró una serie de parámetros en cuanto a la nómina y los gastos operativos de las agencias, así como guías adicionales que deben seguirse durante el proceso de presentación del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2020, el cual se debe entregar a la JCF no más tarde del 22 de marzo de 2019.
“Durante los últimos dos años el proceso presupuestario ha madurado y hemos podido trabajar de manera más eficiente con el Gobernador Rosselló y su equipo ejecutivo”, comentó Jaresko.
“Las solicitudes adicionales de información y especificidad brindarán un mejor entendimiento del presupuesto a todas las partes y deberían contribuir a un proceso de aprobación aún más eficiente de aquí en adelante”, dijo.
La Junta de Control Fiscal emitió sus directrices de conformidad con la Sección 202 (b) de Promesa que requiere que ese organismo federal presente un estimado de ingresos al Gobernador y la Legislatura para su uso en el desarrollo del presupuesto anual.
Esta carta se envía luego de una comunicación emitida el 18 de enero en la que, conforme a la Sección 202 (a) de Promesa, se establece el cronograma para el proceso de elaboración, presentación, aprobación y certificación de los planes fiscales y presupuestos para el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.
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