Acuerdo de Cofina: “40 años más de impuestos y más austeridad para las familias puertorriqueñas”

Varias organizaciones civiles manifestaron su inconformidad e indignación tras conocerse este lunes la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain a favor del Plan de Ajuste para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que ata por 40 años los recaudos de los Impuestos sobre Venta y Uso (IVU) al pago de una parte de la deuda gubernamental.

El pacto entre los bonistas, el Gobierno y la Junta de Control Fiscal persigue la reestructuración del 24% de la deuda de más de $17,000 millones. Para ello se destinará el 5.5% de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a los acreedores durante 40 años.

“Esto significa 40 años más de impuestos y más austeridad para las familias puertorriqueñas”, denunciaron en un comunicado de prensa diversas entidades sobre el acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y los acreedores de Cofina.

Entre los firmantes del  comunicado figuran el Centro de Democracia Popular (CPD), Hedge Clippers, Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Dignidad, VAMOS-Consertación Ciudadana, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda y el Proyecto Matria.

Julio López Varona, del Centro para la Democracia Popular (CPD), indicó que la reestructuración del 24% de la deuda aprobada por la jueza Swain significa pagos garantizados a los bonistas sin ningún beneficio para la gente de Puerto Rico.

“Los puertorriqueños tendrán que pagar la cuenta en forma de impuestos (IVU) más altos durante los próximos 40 años y más austeridad”, advirtió.

“Y esto es solo una señal de lo que está por venir. Este es un precedente peligroso que los bonistas a través de la Junta de Control Fiscal intentarán seguir usando al reestructurar el resto de la deuda en las próximas semanas”, alertó.

“Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y ver cómo Wall Street destruye a Puerto Rico. Esperen más protestas y movilización pública para resistir este abuso”, anunció.

Por su parte, Eva Prados, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, declaró que  el acuerdo se basa en la ilegalidad, “en una deuda que no fue auditada y para colmo sin evidencia alguna que se pueda cumplir”.

“Esta decisión lo único que nos confirma es que ni la Ley Promesa ni la Junta de Control Fiscal son las herramientas para garantizar una restructuración justa de la deuda para el pueblo de Puerto Rico”, señaló.

Prados resaltó que pese a la aprobación del acuerdo, la jueza Swain no contestó los importantes cuestionamientos sobre la legalidad de la deuda para irse por la salida fácil, de no más litigios, que solo beneficia a los bonistas.

“Pero esto no termina aquí, vienen ahora los planes de ajustes más importantes y tenemos que como pueblo estar listos para resistir este abuso desde el comienzo” , alertó.

Con ella coincidió María J. Torres-López, de la oragnización Diáspora en Resistencia. “La juez Swain juzgó mal el impacto de aprobar el acuerdo de COFINA sin evaluar la legitimidad de los bonos en cuestión. Esta decisión es la perpetuación del estatus colonial de Puerto Rico y el mayor desprecio por las vidas de los puertorriqueños por parte del Congreso de los Estados Unidos y los Tribunales de los Estados Unidos,” comentó.

Entre tanto, el abogado y profesor de Derecho Constitucional e integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Luis José Torres Asencio, aseguró que aprobar el Plan de Ajuste de Deuda de Cofina no era jurídicamente necesario o inevitable.

“[la Junta, el Gobierno y Swain] pudieron haber dicho, por ejemplo, que las emisiones de bonos de Cofina fueron ilegales, que violaron la Constitución de Puerto Rico, que había que auditarlas previo a tomar una decisión, o que el Plan de Ajuste es insostenible, no garantiza los servicios esenciales del País y nos condenará a un impago futuro”,

“De hecho, argumentar, como Swain hace, que rechazar el acuerdo nos condenaba a un litigio de ‘todo o nada’, cuando en una quiebra, que parte de la premisa que el deudor no puede pagar, aspirar a cobrar ‘todo’ es irreal, raya en lo demagógico”, observó.

“También lo es señalar que nadie ofreció prueba en contra del Plan, cuando fue la misma jueza la que decidió no permitir el testimonio -en contra- del único economista que compareció al tribunal. Si aprobaron el Plan, es porque quisieron y no porque era la única opción”, sostuvo el letrado.

Por otro lado, la licenciada Amarilis Pagan, del Proyecto Matria, que brinda apoyo a mujeres y víctimas de violencia doméstica, denunció que el acuerdo confirmado por Swain es un atentado contra la vida y los derechos humanos de los puertorriqueños.

“Dicen que la última la paga el diablo. Pero el acuerdo de Cofina, ni es el último acuerdo, ni lo pagará el diablo. Lo estamos pagando en Puerto Rico con la gente muerta, con la gente sin techo, con la gente enferma que no consigue servicios médicos”, alertó.

“La deuda de Cofina, como el resto de la deuda del gobierno que no ha sido auditada, la estamos pagando a costa de nuestros servicios esenciales y con nuestros derechos humanos. En esto estriba la importancia y gravedad de la aprobación del acuerdo de Cofina por la Jueza Swain y en esto estriba nuestras preocupaciones sobre qué nos quedará de país para nuestros hijos e hijas en el futuro”, subrayó.

Mientras que José “Tato” Rivera Santana, portavoz del Colectivo Dignidad, indicó que con esta sentencia queda evidenciado una vez más la condición colonial de la Isla y cómo la ley promesa es meramente un mecanismo para favorecer a los bonistas.

“La ley Promesa y la Junta de Control Fiscal son criaturas del Congreso claramente favorables a los bonistas y al capital financiero. La jueza Swain lo confirma con esta decisión. Pero además, muestra el carácter abierto y crudamente despótico de la condición colonial. Cada decisión del tribunal federal en el marco de Promesa es una imposición en un teatro que controlan otros y en el que el pueblo puertorriqueño no está legítimamente representado”, afirmó.

Finalmente, Justo Méndez de Vamos- Concertación Ciudadana, distinguió a los manifestantes que estuvieron frente al Tribunal federal.

“Hoy, más que nunca, queda claro que lo más importante que ocurrió durante la evaluación del Plan fue la concentración en las afueras del tribunal, porque desde ahí, y no desde adentro, es que pueden generarse las condiciones para rechazar y revertir todas estas políticas y estos acuerdos”, resaltó.

“Toca darles fuerza a esas concentraciones contra la deuda y resistir este proceso ilegal y deshumanizante hasta que crezcamos lo suficiente como para que no tengamos que resistir”, instó.

 

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