La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) reiteró su oposición al Proyecto del Senado 950, “Ley para la protección de la mujer y preservación de la vida”.
La entidad denunció el proceso legislativo en torno a la pieza legislativa como uno carente de transparencia y apuntó a que dicha legislación podría llevar a un litigio constitucional.
“No se nos debe olvidar que los gobernantes son electos por el pueblo para gobernar para el pueblo. La relación entre estos debe ser una de confianza y transparencia. Dicho eso, el pueblo de Puerto Rico hoy no sabe qué versión del PS950 bajará a votación la próxima semana. Y, ante la falta de información, el Pueblo se ve limitado a analizar la constitucionalidad del mismo”, expresó el capítulo de Puerto Rico de la ACLU, a través de un comunicado de prensa.
El parte de prensa señala que el portal de la Asamblea Legislativa indica que desde el 8 de noviembre de 2018 no hay movimiento legislativo. Sin embargo, el presidente del Senado informó, por medio de la prensa, que el proyecto se atenderá próximamente.
En los últimos 40 años, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha mantenido firme en la constitucionalidad del caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) asegurando la legalidad del derecho al aborto.
“Sin embargo, mientras el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reitera su apoyo a mantener vivas las protecciones que emanan de dicho caso, la Legislatura de Puerto Rico sigue insistiendo en limitar el derecho al aborto”, declara.
“El PS950 es un proyecto que se disfraza como protector de la salud de la mujer, en vez lo que busca es eliminar el derecho de la mujer a escoger qué hacer con su propio cuerpo y menoscabar su derecho a la intimidad”, asegura.
La ACLU advirtió que del proyecto ser aprobado, estará alerta y disponible para atender querellas meritorias que surjan a raíz de cualquier violación a la Constitución y las libertades civiles del pueblo puertorriqueño.
En unas vistas públicas que celebró el Senado en septiembre pasado, tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Salud manifestaron su oposición al proyecto de la autoría de la senadora del Partido Nuevo Progresista Nayda Venegas.
El Departamento de Justicia indicó que el proyecto va en contra de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el particular. Mientras el Departamento de Salud opinó que coarta los derechos de la mujer y limita el acceso a servicios de salud y planificación familiar, lo que de acuerdo con la agencia es inconsistente con el estado de derecho vigente, según documentaron varios medios noticiosos del País.
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