Como una manifestación de discrimen por género catalogaron decenas de activistas las expresiones de las legisladoras electas por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos sobre la violencia de género.
En un comunicado, las organizaciones opinaron que las recién electas legisladoras “invisibilizan” las violencias de género y “obstaculizan” el trabajo de organizaciones que llevan décadas trabajando para alcanzar la paz, seguridad y desarrollo de las mujeres. .
¨La violencia de género es un problema social y de salud pública que debe ser atendido con rigurosidad. Negar su existencia es ser cómplices de los feminicidios y transfeminicidios que tanto consternan al País, así como del dolor y terror que sufren las mujeres que luchan por sobrevivir las agresiones que enfrentan en sus hogares o comunidades”, expresaron unas 150 organizaciones y profesionales particulares, en el comunicado.
El comunicado incluyó la lista de las organizaciones y de las profesionales endosantes. Hicieron referencia, además a declaraciones recientes de Rodríguez Veve y Burgos.
“Pedirle al gobernador electo, Pedro Pierluisi, que ignore los datos y estadísticas sobre la violencia de género es un acto más de violencia contra el resto de las mujeres en Puerto Rico, incluyendo a las personas trans. Invisibilizar esa violencia, más que proteger vidas, las destruye todas”, dijo Amárilis Pagán de Proyecto Matria.
Las feministas sostuvieron que las estadísticas demuestran que la violencia de género impacta en su mayoría a las mujeres y a las personas sexo-género diversas, colocándolas en una situación de abuso físico, verbal, emocional o sexual, usualmente perpetrado por hombres.
Hicieron referencia a que según los datos de los pasados cinco años, en Puerto Rico asesinan a una mujer cada siete días, y que durante el año 2020 y en la semana número 49 del año, el total de feminicidios fue de 55, incluyendo dos menores de edad y seis transfeminicidios. Indicaron que esto equivale a 1.12 mujeres cada siete días.
“Ciertamente, es un atentado contra la vida de las mujeres pretender invisibilizar la violencia ejercida contra éstas”, añadió Frances Collazo de Profamilias.
Las organizaciones destacaron que el Estado de Emergencia comenzó a solicitarse desde el año 2018, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló. Ese año, las estadísticas de feminicidios alcanzaron las 52 muertes.
En Puerto Rico, más de 40 organizaciones civiles se dedican a ofrecer servicios de seguridad, albergue, apoyo psicosocial, intercesoría legal, vivienda y desarrollo económico a mujeres en situaciones de violencia doméstica.
“No sólo trabajamos para salvar las vidas de miles de mujeres, sino que además garantizamos la seguridad de sus niñas y niños y les acompañamos durante su proceso de sanación y recuperación”, explicó Vilma González Castro de Coordinadora Paz para la Mujer.
Las organizaciones hicieron referencia al Informe Anual de Muertes Violentas de Puerto Rico para el año 2017 del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en el cual se informa que “de las 1,025 muertes violentas registradas en 2017, 729 fueron homicidios (71.1%). Los homicidios son más frecuentes en hombres (n=692, 94.9%) que en mujeres (n=37, 5.1%).
“Si bien en Puerto Rico, al igual que en muchos países, los hombres también son víctimas de violencia que atenta contra sus vidas, las principales causas de la violencia no están basadas en su género, sino que se asocian al narcotráfico o crimen organizado”, dijo, por su parte, Edda López Serrano de Aborto Libre Puerto Rico.
Las circunstancias criminales más frecuentes de homicidios en Puerto Rico están relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado. De los 729 homicidios ocurridos en 2017, 332 (45.5%) estaban relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado”.
“El Estado de Emergencia por violencia de género que se solicita es debido a la alta incidencia de violencia contra las mujeres y personas sexo-género diversas, a causa de su género”, puntualizó Patricia Otón de Inter-Mujeres.
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