Por: Fabiola V. Brown Viqueira
La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) llevó a cabo un seminario en el cual se discutió el estudio sobre la vulnerabilidad en personas sin hogar y adictas a las drogas en Puerto Rico, y su relación con la trata humana, que reveló violaciones a sus derechos por
conductas ilegales y actuaciones delictivas, incluyendo posible trata humana.
El estudio “Vulnerabilidad en personas con desórdenes de adicción en Puerto Rico: su relación con la trata personas” fue realizado por la catedrática de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Dra. Carmen E. Albizu-García y el catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho de la UPR, Oscar Miranda Miller; y financiado por Open Society Foundations.
Los resultados del estudio indicaron que durante el traslado de los adictos y personas sin hogar, de Puerto Rico a Estados Unidos, se violó los derechos de estas personas a través de conductas ilegales y posible trata humana.
Según la información recopilada de entrevistas y testimonios, Albizu-García y el profesor Miranda Miller concluyen que estas personas se someten a ser posibles víctimas de engaño porque sienten ser marginados y discriminados por la sociedad, y vulnerables por la falta de servicio y ayuda para su condición. La investigación se ha ido trabajando desde el 2018.
En el estudio se vincula a la situación de los resultados de una política de drogas que menosprecia a las personas con adicción, a las cuales se le priva tratamiento efectivo por entidades científicas y de salud.
Las recomendaciones del estudio hechas por Albizu-García y Miller se le presentaron a legisladores, alcaldes, ejecutivos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro para que evalúen medidas de política pública, y “acaben con está práctica injusta”.

Además, ambos profesores exigen a la Legislatura a que retome las investigaciones de R. del S. 95 del 7 de febrero de 2017 para hacer enmiendas a la vigente ley de salud mental y de esta forma proteger la vulnerabilidad de estas personas.
De acuerdo con los profesores, se requiere acciones gubernamentales para redimir este fenómeno. “La situación amerita esfuerzos intersectoriales del estado y de organizaciones no-gubernamentales, incluyendo la reforma de leyes de control de drogas que parten de posturas ideológicas y moralistas, en lugar de principios de salud pública, y de aquellos consensuados basados en evidencia científica”, concluyeron.
