La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reafirmó que continuará defendiendo que el centro docente no experimente recortes adicionales que agravarían significativamente la viabilidad del proyecto universitario.
El presidente de la Junta de Gobierno, ingeniero Emilio Colón, señaló que la UPR había detallado en su Plan Fiscal Revisado las partidas en las que proponía designar $94 millones para un fondo de resiliencia fiscal. Asimismo, Colón reafirmó que “había el compromiso de que dichos fondos no se utilizarían para cubrir deficiencias ni como amparo para no implementar las medidas fiscales dispuestas en el Plan Certificado”.
“El plan revisado que se sometió en marzo toma en consideración las medidas fiscales del Plan Certificado y además toma en cuenta la realidad financiera de la Universidad. Lo propuesto con relación a la asignación de los $94 millones busca asegurar la operación al tiempo que viabiliza las distintas reformas apremiantes que quedan pendientes”, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno.
Dijo además que “durante los pasados años, la Universidad ha atravesado por recortes significativos en las aportaciones que recibe del gobierno central que han supuesto un impacto total a esta fecha de $333 millones, lo que representa un 40% en reducción. La Junta de Gobierno está comprometida con lograr eficiencias en la Universidad que garanticen su sostenibilidad”.
“No obstante, también comparte la política pública del Ejecutivo de no dar paso a más recortes que pondrían en peligro el nivel de competitividad en su categoría como principal centro de docencia en la isla. Los dineros asignados a la UPR son una inversión directa en el desarrollo y futuro económico de Puerto Rico, perder esto de perspectiva sería tener una mirada muy miope sobre el rol del más importante proyecto universitario de la isla”, agregó.
Por su parte, el presidente de la UPR, Dr. Jorge Haddock, reiteró su oposición a más recortes a la institución.
“La Universidad de Puerto Rico ha tenido recortes significativos en poco tiempo, sin embargo, ha continuado ofreciendo la educación de excelencia que la distingue como principal centro docente y científico de la isla, sin despedir empleados o cerrar recintos. La UPR no aguanta más recortes. A la misma vez, continuaremos haciendo las gestiones para allegar más ingresos a la institución”, puntualizó Haddock.
La Universidad ha propuesto que esta partida en cuestión fuera repartida en una lista de inversiones e iniciativas estratégicas específicas y restrictas que van dirigidas a atender la mayor parte de los retos, inmediatos y a largo plazo que el centro docente ha identificado.
Informó que lo $94 millones, que elevarían la asignación a la UPR en $501 millones, serían repartidos de la siguiente manera:
· $40 millones como aportación adicional destinada a capitalizar el Sistema de Retiro. Esta cifra se sumaría a la asignación regular proyectada de $120 millones, lo que elevaría la asignación para este propósito a $160 millones anuales y eliminaría la apertura a una reducción de beneficios a pensionados.
· $10 millones para el Recinto de Ciencias Médicas como mitigación del impacto de la pandemia del Covid-19 (para el año fiscal 2022)
· $20 millones para el pareo de fondos federales (para el año fiscal 2022)
· $20 millones para solventar la liquidez de la institución mediante un fondo de reserva para emergencias. Este fondo ha decrecido $170 millones desde 2018 debido a las contribuciones adicionales al Sistema de Retiro, a los pagos del servicio de la deuda y gastos por la pandemia, entre otras necesidades que han debido ser cubiertas con este fondo.
· $4 millones como asignación inicial para el proceso de revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes. El total estimado de esta inversión es de entre $25 a $35 millones anuales. Una partida de $30 millones adicionales se asignaría a partir del año 2023, cuando esté listo el plan de clasificación.
De acuerdo con el presidente, desde el año fiscal 2018 hasta el 2026, la Universidad habrá ejecutado y acumulado medidas que tendrán un impacto total de $1,900 millones. Al finalizar el año fiscal 2021, la entidad alcanzaría el 73% de esa cifra.
