En Somalia, hoy tierra de nadie, miles han optado por el mar. El Golfo de Adén, ubicado entre el Mar Rojo y el Océano Índico, actualmente es dominado por grupos de piratas somalíes que secuestran todo tipo de buques con la intención de recibir dinero a cambio de la liberación de la tripulación y la carga. Siendo esta zona una de las rutas marítimas más importantes, la actividad pirata en el lugar ha captado la atención mundial. En lo que va de año, los piratas han atacado 120 navíos y capturado 36, generando ganancias de aproximadamente $30 millones. Reflejo de un problema profundo, que emerge principalmente de la situación caótica que hace al menos 17 años vive Somalia debido a la ausencia de un gobierno central estable, la piratería es difícil de atajar, entre otras razones, porque requiere una intervención multinacional cuidadosa.
La industria de la piratería surgió a partir del derrocamiento del gobierno central en 1991 por parte de insurgentes islámicos, que sumieron al país en una guerra civil sangrienta. Luego del golpe, con el país en caos y en conflicto, la costa somalí quedó desprovista de seguridad, dejando el área libre para la pesca ilegal. Según un artículo publicado en The New York Times, la piratería en la zona inició con los propios pescadores armándose para exigirle a los que pescaban ilegalmente el pago de impuestos. No obstante, al día de hoy, la función de los piratas dista de ser lo que aparentemente fue en un inicio y se ha tornado en un negocio extremadamente lucrativo. Luego de cobrar entre $300,000 a $2 millones por ataque, los piratas se asientan en las ciudades costeras de Puntland y construyen casas lujosas y compran automóviles costosos. Gracias a la piratería, ha surgido toda una economía en estas ciudades costeras que sirven de refugio a los piratas. La escasa acción punitiva por parte del gobierno y la complicidad de funcionarios gubernamentales corruptos, hacen altamente atractivo el negocio de la piratería para los somalíes que quieren salir de la pobreza y el hambre. El negocio, según los propios piratas, está muy bien organizado. Farah Ismail Eid, pirata capturado y condenado a 15 años de prisión en Somalia, le confirmó al New York Times la participación de algunos funcionarios del gobierno somalí en este negocio. “Gran parte de nuestro dinero está en los bolsillos del gobierno”, informó. Según Ismail Eid, el grupo con el que participaba usualmente dividía el botín de la siguiente manera: el 20 por ciento le correspondía a los jefes, un 30 por ciento se dividía entre los piratas, 20 por ciento se separaba para próximos ataques (para la compra de armamento, combustible y cigarrillos), y el 30 por ciento restante se le entregaba a funcionarios de gobierno.
La corrupción gubernamental es una de las dificultades principales de este conflicto. No obstante, es la propia realidad social de Somalia el peor agravante. Somalia -en donde la Unión de Cortes Islámicas intenta recobrar el poder que perdió en el 2006 cuando Etiopía, con el apoyo de los Estados Unidos, invadió el país para tratar de detener el establecimiento de un estado islámico con alegados enlaces con Al-Qaeda- sufre ahora mismo una de las crisis humanitarias más escalofriantes. Millones de personas desplazadas, miles de personas muriendo de hambre y una ola de violencia incesante producto de al-Shabab, un grupo de jóvenes rebeldes islamistas, han hecho de Somalia un estado fallido, que no cuenta con la capacidad para gobernarse a sí mismo. Dada la circunstancia particular del país, y a que los piratas están atacando, incluso, a barcos que llevan comida y ayuda humanitaria a Somalia, es la comunidad internacional la llamada a intervenir. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha empezado a proveer protección contra los piratas a los navíos que transportan asistencia humanitaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA) a Somalia, y la Unión Europea se comprometió despachar en diciembre de cinco a siete fragatas y algunos aviones para proteger la comida destinada para la asistencia en Somalia. No obstante, la situación es complicada en términos del derecho internacional, porque existen tratados y convenciones que garantizan la soberanía de los países y el control sobre las aguas marítimas.
En 1982, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) redactó formalmente la Convención Internacional Sobre el Derecho del Mar. El tratado establece qué derechos puede reclamar un país sobre sus aguas territoriales, hasta dónde llegan, y si puede solicitar exclusividad sobre estas aguas. Además, define lo que son las áreas de interés, refiriéndose a zonas que no son aguas territoriales de un país, pero que sí son de su interés (por ejemplo, el Caribe para Estados Unidos). En 1988, se puso en vigor una convención más específica, la Convención para la Supresión de Actos Ilegales Contra la Seguridad de la Navegación Marítima, que respondió a un mandato de la Asamblea General de la ONU, para que la Organización Marítima Internacional (OMI) estudiara el terrorismo marítimo. En este tratado, se contemplan los delitos perpetrados en el mar, y se les hacen recomendaciones a los estados ribereños, que no tienen el poderío naval para lidiar con los problemas que acontecen en sus aguas. De acuerdo con el licenciado Manuel Sosa, especialista en derecho marítimo, no es tan sencillo intervenir en esta situación, primordialmente, porque hay que respetar la soberanía de Somalia. “No importa qué tan pequeño sea un estado, se le considera como un igual ante países más poderosos porque es un ente soberano. El derecho internacional protege esa soberanía y requiere que un país que está persiguiendo a cualquier criminal o embarcación, si se va a meter en las aguas territoriales de un país soberano, tiene que pedirle permiso”, explicó Sosa. Siguiendo pasos diplomáticos, la OMI presentó el problema ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y el Consejo recomendó imponer sanciones. Antes, había recomendado autorizar flotas multinacionales para que custodiaran el área, en respuesta a un respeto a la soberanía de estos estados ribereños, explicó Sosa. “Por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene el poderío militar para mandar una flota y resolver el asunto tirando bombas y destruyendo cuanta embarcación vea, y quedarse dos o tres años patrullando el área con un contingente fijo de barcos. Pero, el propósito no es ese”, argumentó. Además, el país que intervenga con los piratas tiene que tener tipificado en su código penal el delito de la piratería para poder tomar acción. En muchos países, ese no es el caso, y algunos han tenido que liberar piratas por falta de jurisdicción. ¿Qué hacer entonces? La OMI recomienda que cada país tipifique ese delito o que los países establezcan acuerdos entre sí para poder enjuiciar a los piratas en el sistema judicial de los países que contemplen el delito de piratería. Por ahora, la solución al problema de la piratería no se vislumbra sencilla. Esta situación, de alcance mundial, ha propiciado una transformación del derecho internacional. Mientras, los somalíes seguirán con la mira en el horizonte, anhelando un nuevo mar de posibilidades.
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