A pesar de su carácter constitucional, el derecho de los puertorriqueños sobre acceso a la información no es suficiente para que, en el ejercicio del mismo, el ciudadano común logre lo que dispone la ley. Y es que actualmente, tanto ciudadanos comunes como periodistas ven cómo agencias gubernamentales coartan su derecho a inspeccionar y copiar documentos de interés público. “Proclamar el derecho constitucional de acceso a la información no resuelve el problema. El problema es cómo instrumentarlo efectivamente y lograr que las agencias lo respeten sin necesidad de recurrir a cada paso a los tribunales”, dijo el licenciado y profesor de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, José Julián Álvarez. El experto en estos asuntos esbozó además alguna jurisprudencia que pone en tela de juicio la validez de este estatuto que, aunque no se encuentra expreso en ningún documento de ley, se desprende o se interpreta a la luz de la sección cuatro de la Carta de Derechos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el derecho a la libertad de palabra y prensa. Para negar u obstruir el acceso a la información pública, los métodos más empleados son los de demora en la entrega del material solicitado, entrega incompleta de documentos, alegar que están extraviados o cobrar grandes cuantías por ellos, entre otros. Para la periodista Maricelis Rivera, impedir u obstaculizar el acceso a la información constituye un tipo de censura previa, puesto que la falta de la información pone trabas al profesional en la realización y posterior publicación de su trabajo. Algunas de las dependencias de gobierno con las que los periodistas han experimentado esta situación son la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y la Compañía de Turismo, en casos de proyectos de desarrollo como Costa Serena en Loíza y Coco Beach en Río Grande. También identificó documentos específicos que no han sido sacados a la luz pública como el deslinde de la zona marítimo terrestre y la lista de terrenos de alto valor ecológico que existen en el país y deben ser adquiridos por el estado. Además de Álvarez y Rivera, en la conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Derecho Ambiental se presentó Érick Ortiz, Procurador Ambiental del Ciudadano, quien en su participación se limitó a comentar sobre su experiencia en el cargo.
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