WASHINGTON- Miembros del Departamento de Estado estadounidense recomendaron que la remoción del presidente hondureño Manuel Zelaya sea declarada un “Golpe de Estado militar”, reveló un funcionario, lo que podría costarle al país centroamericano decenas de millones de dólares en ayuda. El funcionario estadounidense, que solicitó no ser identificado, aseguró que el equipo del Departamento de Estado hizo la recomendación a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien aún no ha tomado una decisión sobre el asunto, pero podría hacerlo en el corto plazo. El canciller de Zelaya, Patricia Rodas, dijo después de las conversaciones que la decisión de Washington de emplear el término “golpe de Estado militar” significa que los líderes golpistas han perdido a sus benefactores. El funcionario del Departamento de Estado señaló que también se debería poner fin a 215 millones de dólares en subvenciones de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, según sus siglas en inglés) para Honduras si Clinton determina que hubo un golpe de Estado militar. De esa cifra, más de 80 millones de dólares ya fueron entregados, según la MCC. Un segundo funcionario consultado dijo que esto implicaba un remanente de unos 139 millones de dólares que no se entregaría a Honduras si se toma la decisión. Pero miembros de la MCC no pudieron confirmar inmediatamente qué monto de los fondos para Honduras estaba en riesgo. Los diplomáticos aseguran que Estados Unidos ha tratado de retrasar la determinación formal para dar a la diplomacia la posibilidad de lograr un acuerdo negociado que permita la vuelta de Zelaya al poder. “La recomendación del Departamento para ella es que la firme”, dijo el primer funcionario, refiriéndose a la denominación de “golpe militar”. El funcionario dijo que esto era en respuesta al rechazo del Gobierno de facto a las propuestas presentadas por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, cuyos esfuerzos de mediación se estancaron ante el rechazo de las autoridades interinas de permitir el retorno al poder de Zelaya. Estos esfuerzos, sin embargo, parecen haber fracasado hasta el momento por lo que Estados Unidos está tomando medidas -incluyendo su decisión del pasado martes de dejar de emitir visas en la embajada en Tegucigalpa- para elevar la presión sobre el Gobierno de facto. El acuerdo de San José propuesto el mes pasado por el Premio Nobel de la Paz habría permitido el retorno de Zelaya a su cargo hasta que se celebren elecciones hacia fines de noviembre. Apenas ayer, el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, llamó a que Honduras sea suspendida del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) como una vía para aplicar presión al Gobierno de facto. “Yo me atrevería a proporcionar una fórmula infalible para que el presidente Zelaya vuelva al poder: la suspensión de Honduras en el marco del DR-CAFTA, solamente se adopta eso y yo les digo que en dos o tres semanas Zelaya regresa”, dijo Fernández durante un evento en Santo Domingo. Washington ya suspendió cerca de 18 millones en ayuda a Honduras luego del golpe de Estado del 28 de junio, y ésta podría ser suspendida formalmente si se toma la decisión, ya que existe una barrera legal a prestar ayuda “al Gobierno de cualquier país cuyo jefe de Gobierno electo sea depuesto por un golpe de Estado militar o un decreto”. El DR-CAFTA ofrece a sus miembros términos comerciales preferenciales. Pese a la oposición mundial durante los últimos dos meses al derrocamiento de Zelaya, que fue llevado al exilio en un avión militar, el gobierno interino del ex presidente del Congreso, Roberto Micheletti, ha repetido en varias ocasiones que no será presionado a renunciar. Los ministros de Relaciones Exteriores centroamericanos, que se reunieron el jueves en Costa Rica, acordaron no reconocer el resultado de la elección presidencial fijada para noviembre a menos que Zelaya recupere primero el poder. El Departamento de Estado confirmó el martes que sólo otorgaría servicios de visas a posibles inmigrantes y en casos de emergencia en la embajada en Tegucigalpa. Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato dijo a periodistas que la decisión de las visas era “una señal de cuán seriamente estamos observando a la situación” y dijo que Washington estaba considerando otras medidas, pese a que era prematuro revelarlas.
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