La Cámara de Representantes aprobó hoy con 32 votos el proyecto senatorial que crea la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (APP) que estará afiliada al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), para atender la situación de emergencia fiscal de Puerto Rico. El proyecto 469, que recibió 20 en contra emitidos por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), establecerá la política pública de Gobierno referente a las Alianzas Público Privadas (APP) y autoriza a todos los departamentos, agencias, corporaciones públicas, así como la Rama legislativa y Judicial a establecer los contratos para ellos. Los representantes de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), Paula Rodríguez y Betito Márquez votaron en contra del proyecto, así como José Aponte Hernández, que lo hizo con un voto explicativo. El proyecto fue aprobado en la Cámara con algunos cambios como una enmienda que incluye las disposiciones para asegurar que las entidades privadas continúen pagando los beneficios al Sistema de Retiro de empleados públicos que pasen a trabajar para ellos. La representante de mayoría, Paula Rodríguez le votó en contra después de que fuera derrotada la enmienda que presentó para que se eliminara la Alianza para la Operación de Escuelas, al expresar que “no perdamos la esencia de lo que es la educación y un maestro en el salón de clases”. El presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Méndez Núñez, se manifestó en contra de la enmienda derrotada por entender que “la preocupación de la legisladora ya está contemplada en el proyecto”. El representante José Aponte Hernández, sometió la misma enmienda, así como otra para que el presidente/a del cuerpo legislativo que haya sometido el nombramiento de un miembro de la Junta de la Autoridad pueda solicitar su remoción y no se circunscriba la determinación al Gobernador. “No estoy en contra de las APP, en lo que no creo es que la Asamblea Legislativa no tenga ingerencia”. También fueron derrotadas. Al inicio de la sesión, Méndez Nuñez, sometió un informe positivo sobre la pieza, sosteniendo que las APP permitirán realizar y acelerar la obra que el sector público no tiene capacidad de financiar. Esto sin perder la titularidad correspondiente. El representante abrió el debate defendiendo el hecho que celebró vistas públicas para auscultar las opiniones de las partes impactadas de alguna manera por la medida, para que entendieran el alcance de las APP. “Esto de las alianzas no es nada nuevo, lo único es que (antes) se hacía a espaldas del pueblo y sin que se llevara al escrutinio público. Este proyecto ayudará a la creación de nuevas fuentes de actividad económica y empleos. Transferirá el riesgo financiero fuera del sector público, establecerá métricas de calidad de servicio, y salvará finanzas de corporaciones públicas para evitar un impacto adverso en el Fondo General”, dijo al defender la medida. Dijo que a su juicio, “las políticas públicas no se establecen de una manera angosta y limitada. Tal vez esa sería la intención del PPD. Entendemos que ellos quieren imponernos su visión política, la cual, valga la redundancia, no fue avalada por el pueblo en las pasadas elecciones generales. De esta manera dejamos claro cuál es nuestra posición sobre la participación los miembros de la minoría. No aceptamos imposiciones y hemos seguido un proceso que involucra la razonabilidad jurídica, económica y social de las enmiendas propuestas”. En cuanto al impacto fiscal de la medida, Méndez Nuñez, dijo que no afectará los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones públicas, que amerite certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), ya que la Autoridad tendrá su propio método de financiamiento y la Ley establece que el BGF, tendrá autoridad para financiar la operación de la Autoridad. Por otra parte, el representante del PPD, Jaime Perrelló Borrás, criticó que el proyecto da paso dentro de su Artículo 7 sobre el inventario de proyectos y la deseabilidad y conveniencia de una alianza, a la privatización de servicios existentes. También, que dispone que la Asamblea Legislativa no pase juicio sobre el proceso de privatización en los próximos 50 años. El también representante Popular, Luis Raúl Torres, dijo que “el proyecto es para desmantelar el servicio público y que sea traspasado por 50 años a la empresa privada para manejarlas a su antojo, con una cláusula de 25 años adicionales si lo necesitaran”. Le salieron al paso los representantes del PNP Ángel Pérez Otero y Jorge Navarro Suárez, cuestionando los planteamientos y señalando que la medida se produjo para subsanar la crisis fiscal que ellos provocaron. “Lo que no escuchas a la delegación del Partido Popular decir es que causaron la crisis fiscal o administrado tan mal al país con malas decisiones que llevaron al cierre del gobierno. Tampoco que nombraron miles de empleados durante la vede electoral y presupuestaria”, dijo Pérez Otero. Durante el debate, los representantes hicieron un alto en la discusión para felicitar al ex miembro del Cuerpo, Javier Rivera Aquino, que acababa de ser confirmado por el Senado como Secretario de Agricultura. El proyecto será enviado al Senado para que ratifique las enmiendas sometidas al mismo por la Cámara.
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