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Como parte de un esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sector privado, el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, firmó un acuerdo mediante el cual se solicita al gobierno federal que se proteja los sobre 100,000 empleos que generan las multinacionales que operan en Puerto Rico, ante la eventualidad de que se vean afectados por cambios propuestos al sistema contributivo corporativo federal por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Obama ha planteado cambios que podrían afectar a las Corporaciones Foráneas Controladas (CFC’s, por sus siglas en inglés), con el propósito de proteger los empleos que generan las corporaciones estadounidenses, y evitar que se abuse de incentivos contributivos para corporaciones. La reforma tributaria intenta evitar que las empresas norteamericanas evadan impuestos a través de negocios en el extranjero. Aunque es un territorio de Estados Unidos, Puerto Rico se considera una jurisdicción extranjera para fines contributivos. Según un rotativo argentino, el plan del Presidente estadounidense incluye la contratación de 800 nuevos funcionarios en la oficina del Código de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y prevé recaudar $210 mil millones en un plazo de diez años. Además, elimina incentivos a las empresas norteamericanas que traslanden empleos al exterior. El Primer Mandatario, junto a varios legisladores y líderes de la industria, expresaron en una sola voz la importancia de recordarle al Gobierno federal que “los empleos en Puerto Rico son tan americanos como los de los 50 estados, y conforme a la meta del Presidente, deben ser protegidos de igual forma”, señaló el Gobernador. Fortuño opinó, además, que los fines de la propuesta de Obama están alineados con los fines del Gobierno de Puerto Rico: salvaguardar empleos existentes, promover nuevos y mejores empleos y aumentar las inversiones en investigación. Por tal razón, el Gobernador recalcó que el propósito del acuerdo es trabajar con la Administración de Obama y con el Congreso para identificar soluciones en beneficio de todos los trabajadores.
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“Mi deber es proteger los miles de empleos y oportunidades que podrían verse afectados por posibles cambios a las CFC. Es importante que las industrias que les interese hacer negocios en la Isla tengan la seguridad de que tenemos los recursos y el capital humano necesario para que su empresa se desarrolle. Nuestra meta es sólo una: proteger la inversión de corporaciones como éstas en Puerto Rico y, más importante aún, proteger nuestros empleos”, afirmó Fortuño. Una de las estructuras contributivas planteadas por Obama intenta prevenir la falta de transparencia e intercambio de información que disponen otras jurisdicciones que hospedan a las CFC. El Primer Mandatario expresó que “Puerto Rico es una jurisdicción transparente con sus leyes y su código de rentas internas, que son el espejo de las leyes nacionales. Sobre esas bases, debemos establecer que la problemática que intenta resolver la propuesta no aplica en Puerto Rico”. En contraste con otras CFC, las establecidas en la Isla son el opuesto a las compañías sin presencia substancial, ya que es evidente su representación, como por ejemplo, las CFC manufactureras establecidas en Puerto Rico.