Estudiantes y profesores del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se unieron ayer miércoles, 5 de noviembre, a la tercera jornada mundial en solidaridad con los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace ya 39 días en Ayotzinapa, para reclamar, en una sola voz, que “los queremos de vuelta y los queremos vivos”.
La actividad “La Iupi con los 43”, que se celebró en el vestíbulo del Edificio Ramón Emeterio Betances de la Facultad de Ciencias Sociales, fue convocada por el Consejo General de Estudiantes (CGE) en colaboración el Frente Estudiantil por una Educación Pública, Accesible y de Calidad (FEEPAC) y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).
El pasado 26 de septiembre, tres estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ fueron asesinados y 43 desaparecieron en Iguala, en el estado federal de Guerrero, en un complot que involucra a políticos y narcotraficantes. Los estudiantes se dirigían de Ayotzinapa a ese lugar para protestar contra las prácticas de corrupción que allí se daban y como parte de la protesta, tomar tres autobuses. Cuando llegaron a Iguala, fueron interceptados por la policía, que abrió fuego contra ellos, y posteriormente entregados al grupo de crimen organizado Guerreros Unidos, que se presume los mató.
Roberto Nava Alsina, relacionista público del CGE, exhortó al estudiantado a recordar que las luchas que los estudiantes mexicanos han vivido no están lejanas a las de los estudiantes en Puerto Rico, ya que tienen en común los recortes de cursos, el aumento de la matrícula, el deterioro de la infraestructura, y la desvinculación de la Universidad con el País.
Además, aprovechando el contexto de la actividad, el estudiante añadió que el CGE se opone a la instalación de cámaras como respuesta al problema de seguridad que enfrenta el Recinto, respetando el voto de la comunidad estudiantil en el 2012, cuando votó sobre este particular.
Por otra parte, la estudiante Carmen Cruz, de descendencia puertorriqueña y mexicana, manifestó que “la educación crítica y transformadora es el mayor enemigo de los gobiernos corruptos y terroristas, y es por tal razón que en Ayotzinapa se hizo lo que se hizo”.
“Aparentemente, el estudiante es un terrorista ante el Estado, es un delito ser estudiante”, agregó.
Cruz recordó que no es la primera vez que el Estado ataca a las escuelas normalistas y a los estudiantes. “Al gobierno le incomodan los proyectos sociales que desarrollan los estudiantes en las escuelas normalistas. Por eso es que los atacan: temen que el status quo se desestabilice y caiga el poder en las comunidades”, dijo.
“No podemos sentarnos a esperar y confiar que el Estado encuentre o entregue a los estudiantes, cuando fue el propio Estado el que los desapareció”, indicó la joven.
Asimismo, el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios en Río Piedras, José F. Maldonado, declaró que “como docentes universitarios, rechazamos la barbarie cometida contra estos estudiantes, sus familias, su comunidad y contra las bases de la educación pública”.
Además, exigió que se reconozca la desaparición de los estudiantes como un acto de esa humanidad y que se dispongan los recursos económicos técnicos e investigativos conforme a las leyes internacionales de crímenes contra la humanidad.
Igualmente, que se establezcan los protocolos necesarios para que las autoridades federales, estatales y municipales actúen de manera coordinada para que prevalezca la verdad y la justicia, y que la investigación se realice conforme a derecho, de manera que sobre los asesinos y autores de este horrendo crimen caiga todo el peso de la ley.
“Una bala jamás debe prevalecer sobre el conocimiento, ni las bandas de narcos sobre el quehacer de las comunidades educativas, ni la corrupción sobre la esperanza de lograr sociedades más justas y democráticas”, señaló Maldonado.
Luego, Enrique Fortuño, miembro del FEEPAC, planteó que los reclamos de los estudiantes normalistas son similares a los que se han hecho en el Recinto.
“Mejoras académicas, más profesores y un financiamiento de la educación por parte del estado: lo mismo y más se necesita aquí. Hay que ver los eventos de Ayotzinapa como un ejemplo de lucha, de lo que se está dispuesto a hacer para transformar las instituciones educativas”, expresó.
Por último, la mexicana Sarahí Veloz, quien cursa estudios en el Conservatorio de Música, lamentó que el pasado 26 de septiembre México “vuelve a ser víctima mortal de su propio sistema corrupto y represor: el narcoestado de los narco políticos. Una vez más, el gobierno ha intentado callar las voces incomodas que denuncian, que luchan, que reclaman justicia, que informan y que educan”.
“Estamos hartos de presidencias compradas, de las televisoras al servicio de los poderosos, pactos de la pobreza de muchos a costa del beneficio de unos pocos: quien comienza comprando la residencia, termina vendiendo al País y matando su gente”. Es por eso que Veloz solicitó la renuncia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, “por corrupto y asesino”.
“Somos muchos los mexicanos que no vamos a callar y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias por tener un país libre de violencia, de desigualdad, libre de corrupción y libre de injusticia. Queremos a los 43 de vuelta”, concluyó.
