La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste presentó un análisis detallado en el que refuta las razones que el presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales, y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán, expusieron para justificar la eliminación del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) como reserva natural. “Es nuestro deber ciudadano aclarar que tanto el Presidente de la JP, como el Secretario del DRNA presentaron información falsa e incorrecta ante la prensa, con el propósito expreso de inducir a error y tratar de engañar al pueblo de Puerto Rico. El proceso de designación de la Reserva Natural del CEN cumplió con todo lo requerido por ley, siendo a su vez una iniciativa que ha contado con el favor de la ciudadanía desde un principio”, indicó en un comunicado de prensa Camilla Feibelman, coordinadora del Capítulo local del Sierra Club, organización perteneciente a la Coalición. Entre los alegatos más importantes del DRNA y la JP que refuta la Coalición figura la conferencia de prensa del pasado viernes, en la que ambos funcionarios señalaron que la JP había aprobado la resolución que delimitaba y designaba la RNCEN -el 6 de febrero de 2008 (Resolución PU-02-2008-24 (23)- sin la celebración de vistas públicas y sin antes solicitarle al DRNA un Plan Integral de Manejo. Ante este alegato, la Coalición respondió que en Puerto Rico no existe ningún precedente en el cual se haya celebrado vistas públicas y desarrollado un plan de manejo antes de la delimitación y designación de una reserva natural. Y es que el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y afiliado a la Coalición, indicó a Diálogo, que según los procesos administrativos históricos para la designación de las reservas naturales, primero la JP delimita y designa la Reserva Natural, luego el DRNA desarrolla su plan de manejo y finalmente se realizan vistas públicas para la aprobación del plan propuesto. “Si la JP fuera a utilizar este argumento como válido entonces serían ilegales las 41 reservas naturales que existen en la Isla, ya que en su mayoría no se ha desarrollado un plan de uso antes de su designación especial. Y es que no es un requisito legal el que se genere un plan de manejo antes de que se designe un área como reserva natural. Es justamente esta aseveración la que invalida el argumento de la JP ya que las vistas públicas no son requeridas para la aprobación de un área como reserva natural, pero su realización sí es un requisito legal para la aprobación de un plan de usos y terrenos luego de que la JP haya designado un área como reserva natural”, subrayó Rivera Herrera. No obstante, el experto señaló que a pesar de las vistas públicas para aprobar el plan de usos y terrenos del CEN realizadas durante el pasado año, la JP señaló que aún no le ha dado el visto bueno al documento debido a que supuestamente esperaban por la culminación de un pleito que radicaron los desarrolladores del Hotel Dos Mares. Rivera Herrera recalcó que dichos funcionarios defendieron la decisión que deroga la Reserva Natural sin esperar por la decisión de los tribunales y apenas unas semanas después que el Tribunal de Fajardo ya había fallado en contra de los proyectistas de Dos Mares. Con relación a esta acción, la Coalición alegó que el DRNA y la JP se comprometieron a que no tomarían decisión alguna sobre el futuro de la Reserva Natural hasta tanto se resolvieran las demandas legales presentadas por los proyectistas del proyecto Dos Mares Resort. Sin embargo, Rivera Herrera comentó que el gobernador Luis Fortuño indicó que la construcción de los megaproyectos, Dos Mares y San Miguel Four Season, no tendrían cabida en el CEN por lo que luego de un exhaustivo análisis sobre el uso de los terrenos del corredor se determinaría su construcción con varias modificaciones al proyecto original. Y es que Fortuño recalcó a varios medios del País, que bajo la pasada orden ejecutiva firmada por el otrora gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, se permitía el desarrollo de proyectos hoteleros en el área. No obstante, el Gobernador soslaya que la propuesta turística se limitaba a la construcción de ecohospederías de bajo impacto al ecosistema. Sobre este asunto, Rivera Herrera expresó que, “su palabra no tiene ninguna validez, aquí lo que quieren hacer es viabilizar de alguna manera u otra los megaproyectos de los hoteles que no han sido aprobados en el pasado. Con estos alegatos el Gobierno ha demostrado que está velando por los intereses de los proyectistas Juan Ramón Salduondo (San Miguel Four Seasons) y los ingenieros Luis Alberto Rubí, Efraín Kier y Mark Greene (Dos Mares)”. El líder ambientalista subrrayó que, “Luis Fortuño pasará a la historia como el primer gobernador de Puerto Rico que eliminó una Reserva Natural por completo. Cuando en Estados Unidos y el mundo entero, se enfocan en ampliar las áreas naturales protegidas y fomentar el desarrollo de empleos verdes, esta administración se dirige en la dirección contraria. Nosotros siempre hemos promovido el diálogo con las diferentes agencias gubernamentales y hemos logrado reunirnos con el Secretario del DRNA y el Presidente de la JP, pero es muy difícil sentarnos a hablar con alguien que sabe que nos está mintiendo descaradamente sobre el proceso que se ha llevado a cabo con relación al CEN. Son personas que no tienen palabra y eso se ve en cada una de las alegaciones que han hecho al respecto. Al punto de llegar a decir que fue el Sierra Club quien decidió que se derogara la designación de reserva natural del CEN para justificarse y lavarse las manos”. Según varios rotativos del País, el Primer Mandatario indicó que los terrenos del CEN deben ser conservados, por lo que se establecerá una reserva natural de menor tamaño a la actualmente existente ya que fue en el 1996, bajo su administración como Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, cuando se estableció la designación del CEN como zona especial de planificación. Los miembros de la Coalición recordaron que los argumentos presentados por los funcionarios de la Administración Fortuñista -para restarle méritos al valor ecológico del CEN y eliminar su designación como reserva natural- son similares a los presentados por los ex senadores Jorge de Castro Font y Carlos Díaz cuando bloquearon la aprobación del proyecto de ley que hubiese designado el Corredor como reserva natural, adoptando a su vez los presentados en el pasado por los proyectistas del Dos Mares Resort en varias demandas judiciales en contra de la Orden Ejecutiva y la Resolución de la JP que designaba al CEN como Reserva Natural. “En tiempos de crisis fiscal y económica, es innecesario, aparte de un gran desperdicio de tiempo, dinero y recursos humanos, volver a embarcar un nuevo proceso de planificación dentro del CEN. Esta administración deliberadamente está retrasando el desarrollo económico de Luquillo y Fajardo, ya que con el Plan Integral presentado el año pasado se podía iniciar el desarrollo de ecohospederías y servicios ecoturísticos dentro del Corredor”, recalcó Feibelman.
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