Luego de recibir cientos de mensajes solicitando su intervención, la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Clínica Legal de la Universidad de Puerto Rico se han unido para solicitarle al Secretario de Justicia, Antonio Sagardía, que la Fiscalía de Puerto Rico radique cargos con el agravante de crimen de odio contra el presunto asesino del joven Jorge Steven López Mercado. El 28 de octubre de 2009 el Presidente Obama firmó el “Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act” que persigue que los estados cumplan con su deber de investigar crímenes que aparentan estar motivados por odio contra algún sector tradicionalmente desprotegido o marginado de la población. Con esta ley se expande la ley federal de crímenes de odio de 1969 para extenderle protección a personas víctimas de delitos motivados por odio, por su orientación sexual o identidad de género. Dicha protección se extiende además a personas transgénero. No sólo por la orientación sexual de la víctima, sino aún en los casos en que se percibe que la víctima es de dicha orientación, sin que lo sea. Dicha legislación provee que las autoridades federales podrá asumir la jurisdicción del caso cuando el estado rehúsa investigar los crímenes de odio, como siempre a sido el caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A través de los años los grupos activistas de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT) reiteradamente se han quejado que el gobierno de Puerto Rico no le da seguimiento a los casos que a toda luz aparentan ser crímenes de odio – incluyendo asesinatos. Hace unos días la Fiscal Yarítza Carrasquillo anticipó – y así lo hizo – que no radicaría el asesinato de este joven de 19 años de edad como un crimen de odio por entender que carece de evidencia que sustente este agravante. “A pesar que el asesino confesó claramente e indicó que fue motivado a cometer este horrendo crimen por, entre otras razones, su odio al sector gay. Es este precisamente el problema que intenta corregir la nueva legislación federal. Se supone que el delito sea investigado para, entre otras razones, llegar a una conclusión confiable sobre las motivaciones que llevó al presunto asesino a cometer este delito. Sin investigar el delito, ni radicar alegaciones de crimen de odio, jamás se tendrá la evidencia necesaria para sustentar la alegación”, manifestó en un comunicado de prensa ACLU. La nueva ley federal, le hace dispone a la fiscalía de Puerto Rico, la asistencia técnica necesaria para esclarecer el delito y además cinco millones de dólares anuales para ayudarle en el proceso. Para ACLU, dado la información hecha pública, la confesión del acusado fue clara y contundente que el asesinato fue motivado por, entre otras razones, odio hacia este sector. “Respetamos la presunción de inocencia a que tiene derecho todo acusado, incluyendo sus expresiones previas sobre el odio que pudiera sentir contra el sector gay, sin embargo en este caso dichas expresiones constituyen parte de una confesión pública que hiciera el propio acusado”, sostuvo ACLU. La ACLU expresó al Secretario de Justicia el sentir de su membresía y allegados, así como de las sobre 1,000 personas que han enviado correos electrónicos y llamado a sus oficinas. El caso de Jorge Steven López Mercado es el primer caso de alto perfil desde que el Presidente Obama firmara la Ley Matthew Shepard de Crímenes de Odio el 28 de octubre de 2009. En el 2007 el FBI publicó que en los Estados Unidos se ha reportado 77,000 crímenes de odio entre 1998 y 2007, 16 % fueron contra el sector LGBTT. Muchos delitos no son informados, investigados y por ende reportados al FBI. Puerto Rico tiene un largo historial de no investigar casos de crímenes de odio, nunca se han presentado alegaciones de crimen de odio en los tribunales de Puerto Rico. La radicación de acusaciones por delitos como crímenes de odio, como cuestión de política pública, persigue enviar un mensaje contundente a los efectos que no se tolerará que ciudadanos sean victimizados por estar identificado como persona gay, Lesbiana o Transgénero, o de otro sector protegido por las leyes de derechos civiles. Las personas que pretenden victimizar a este sector, tendrá que acogerse a penalidades severas por su conducta aterrorizante que mantiene todo un sector de la ciudadanía en un estado injusto de total aprehensión por su bienestar. La ACLU pretende que el Gobierno de Puerto Rico acepte su responsabilidad de investigar casos con matices de ser crimen de odio, particularmente en el caso del joven Jorge Steven López Mercado, y que radique dichas acusaciones como tal. No debemos satisfacernos con la posibilidad de que el gobierno federal podría hacer lo que nuestro gobierno no le interesa hacer – proteger a todos sus ciudadanos.
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