“Los niños estaban todavía durmiendo, cuando llegaron unos 30 agentes de policía y de las fuerzas especiales, acompañados de tres bulldozers“, dice Rida Nimr, una madre. Su casa del barrio Yabal al Mukabbir, en Cisjordania, fue declarada “ilegal” por Israel, que se atribuye el derecho a decidir sobre las viviendas de gran parte de los territorios palestino.
“La policía acordonó en seguida la zona. El equipo de demolición no sacó más que unos cuantos muebles de la casa antes de derribarla y no nos dejó sacar nada, salvo, tras suplicárselo, un ordenador portátil de nuestra hija Amal, que lo necesita para sus estudios universitarios”. Las fuerzas israelíes dejaron en la calle a Rida junto a tres generaciones de su familia con las que convivía. No hay realojo, no hay indemnización.
Al pie de uno de esos bullzdozers murió en octubre de 2003, Rachel Corrie, una activista estadounidense en cuyo honor se bautizó el barco rezagado de la flotilla humanitaria que ha desafiado el bloqueo de Israel sobre Gaza. Corrie intentó detener el derribo de casas en Rafah – según la versión de Israel, intentó obstaculizar una operación militar antiterrorista – y fue aplastada. Iba vestida con chaleco naranja reflectante y usando un megáfono. El Ejército israelí abrió una investigación, como suele hacer tras cualquier acción polémica, y al cabo del tiempo dictaminó que todo había sido un accidente. La muerte de Rachel Corrie ha inspirado obras de teatro, libros y a cantautores de todo el mundo. Por ejemplo, Patti Smith, que compuso una canción en honor a la activista.
No en todas las demoliciones puede haber una Rachel Corrie y si la hay pero es palestina, en Occidente ‘no nos importa’. Solo en 2009, más de 600 palestinos han perdido su casa por culpa de las casi 300 demoliciones que el Ejército de Israel ha llevado a cabo en los territorios ocupados. Hogares reducidos a escombros y familias en la calle porque, según el argumento y por tanto la ley israelí, “son ilegales”. Ahora mismo se calcula que hay 4.800 edificios pendientes de demolición, según informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional (AI).
“Israel deniega casi siempre el permiso para construir”, ha dicho Philip Luther, de AI, “por lo que la mayoría de las personas no tienen más opción que construir sin autorización oficial. Las autoridades israelíes están empujando a los palestinos a una situación imposible: hagan lo que hagan, están expuestos a perder su hogar”.
Desde mediados de los años 90, los Acuerdos de Oslo confirman a Israel el control de los asuntos civiles y de seguridad sobre casi el 60% del territorio de Cisjordania. En la parte este de Jerusalén, que los palestinos reclaman como capital de su Estado, los palestinos sólo pueden construir en el 13% de la ciudad: un área de 9,18 kilómetros cuadrados donde ya viven apelotonados unos 250.000 palestinos.
Entre los testimonios del informe ‘Demoliciones israelíes de viviendas palestinas’ está también el de las familias del pueblecito palestino de Jirbet Tana, en el valle del Jordán, han tenido que reconstruir dos veces sus casas en cinco años. En 2005, las autoridades israelíes demolieron la escuela, así como varias viviendas, chozas para animales y cisternas de agua. Los habitantes del pueblo reconstruyeron las casas, pero el 10 de enero de 2010, regresaron las fuerzas israelíes y demolieron las viviendas de un centenar de personas, dejando sin hogar a 34 niñas y niñas. También destruyeron la escuela por segunda vez, así como 12 rediles para las cabras y las ovejas, principal fuente de ingresos del pueblo.
Aunque se suelen destruir en particular viviendas, las autoridades israelíes han dictado también órdenes de demolición contra escuelas palestinas, centros médicos, carreteras, cisternas de agua, torres de alta tensión, chozas y cobertizos para animales. Por lo general, las demoliciones se llevan a cabo sin haber avisado previamente de la fecha y sin dar la oportunidad a los palestinos de salvar sus bienes ni buscar otro lugar donde refugiarse. En virtud de la legislación israelí, las familias desalojadas no tienen derecho a otra vivienda ni a una indemnización, por lo que, si no fuera por sus familiares y amigos y las organizaciones benéficas, muchas se quedarían sin hogar y sumidas en la miseria.
No estamos hablando de un asunto local y mucho menos urbanístico. Las demoliciones de edificios en Palestina por parte de Israel son uno de los puntos negros para las organizaciones de derechos humanos. “Es un castigo colectivo”, denuncian. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades israelíes que pongan fin de inmediato a las demoliciones de viviendas en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Oriental. “Deben transferir la competencia respecto de las políticas y normativas de urbanización y construcción a las comunidades locales palestinas. Las órdenes de demolición y desalojo no sólo destruyen los hogares de las personas, sino que también les dejan sin sus bienes y sin esperanzas de un futuro seguro”, ha manifestado Philip Luther.
Israel, aseguran la mayoría de organizaciones sociales, tiene la obligación de respetar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantizan explícitamente el derecho a una vivienda adecuada sin discriminación. Como país que ocupa un territorio (así es reconocido internacionalmente, según Naciones Unidas), Israel está también obligado a cumplir el cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe la destrucción de bienes no justificada por necesidades militares.
Este texto fue publicado en la web www.periodismohumano.com. Fue publicado en Diálogo a través de su licencia de Creative Commons.
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