La Universidad de Puerto Rico ha sido históricamente una de las instituciones
claves del País y siempre ha sido objeto del deseo de las administraciones
gubernamentales. Controlar la UPI, entienden los políticos curtidos en las pequeñas
luchas de poder, podría significar incidir de manera decisiva sobre el pensamiento y la
capacidad de acción de la población, porque es allí, justamente, donde se forman las
mentes, se desarrollan las capacidades técnicas y científicas, se valoran los
conocimientos humanistas y se crean las redes de interacción social y profesional.
Efectivamente, todo ello es de un valor extraordinario y constituye un patrimonio
colectivo de la sociedad, que no puede ser apropiado ni vapuleado por un partido o por
determinadas figuras de la política partidista. La historia de la UPR podría escribirse
desde las luchas de algunos de sus sectores por asegurar autonomía para funcionar e
innovar contra las embestidas de los partidos para negársela. Mientras la agenda de la
UPR continúe definiéndose desde el partidismo político, la institución nunca podrá
cumplir su misión académica ni ejercer su función social.
En la mayoría de los países latinoamericanos esa tensión entre el afán de
injerencia político-partidista y el reclamo institucional de autonomía quedó zanjada tras
las luchas de la Reforma de Córdoba de 1918. Desde entonces, las universidades
públicas han adoptado el modelo autonómico y han podido desarrollarse en el marco de
una especie de gran acuerdo regional, que con el paso del tiempo, se afianza. Sin duda,
tienen problemas y desafíos muy grandes, pero salvo en los casos de quiebre
institucional que se dieron en los golpes de estado de los años 70 (avalados por el Plan
Cóndor de confección norteamericana) las universidades han podido trazar su propia
ruta, negociar con el Estado sus presupuestos, y encarar sus mayores desafíos en el
marco de la autonomía. Hoy, algunas de esas universidades nacionales autónomas,
como la UNAM y la USP de Brasil están entre las mejores del mundo. La mayoría
ejerce con solvencia su responsabilidad social, lo que no es poca cosa.
El prestigioso estudioso de los procesos de educación superior, Carlos
Tunnerman, sintetiza muy bien la herencia fundamental de las luchas de Córdoba:
autonomía intelectual y operativa para las universidades; elección de los cuerpos
directivos y de las autoridades por la propia comunidad universitaria (profesores,
estudiantes, trabajadores y ex alumnos); concursos para la selección del profesorado;
libertad de cátedra; gratuidad de la enseñanza; asistencia social a los estudiantes;
democratización del ingreso a la universidad; vinculación de la universidad con el
sistema educativo nacional; fortalecimiento de la función social de la universidad;
proyección de la cultura universitaria al pueblo; y preocupación por los problemas
nacionales mediante la extensión universitaria, la unidad latinoamericana y la lucha
contra las dictaduras y el imperialismo.
Por nuestros miedos inducidos, esa agenda en Puerto Rico sería tildada al menos
de comunista. Sin embargo, ha sido la hoja de ruta de una región que, entre luces y
sombras, va buscando un camino propio de desarrollo económico y social. Y no le va
nada mal. La reciente crisis financiera internacional no ha tenido el efecto devastador
que tantos auguraban; por el contrario, el mayor intercambio comercial, educativo,
cultural entre los países de la región les ha permitido quedar bastante al margen de la
crisis. Mientras en Puerto Rico la corriente nos lleva al despeñadero, las perspectivas
latinoamericanas son alentadoras en la mayor parte de los países.
Resulta verdaderamente interesante y aleccionador ver la conexión estratégica
que en América Latina se está haciendo entre mejorar los sistemas de educación
superior a través de una fuerte inversión pública y consolidar una estrategia de
desarrollo con equidad, que es el gran desafío regional. Reiterados estudios, apuntan a
que es una estrategia correcta ya que la educación superior refuerza el capital humano,
un puntal del crecimiento económico, la reducción de la pobreza y de la desigualdad
social. Un análisis del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, por ejemplo, constató
una asociación consistente, fuerte y positiva entre la mejora del capital humano
acumulado y el crecimiento económico, encontrándose que por cada año en que
aumenta el promedio de escolaridad de la población adulta hay un incremento
correspondiente al 3.7 por ciento en la tasa de crecimiento económico a largo plazo.
Señaló también que, además de ser un factor determinante en el crecimiento económico,
el capital humano está asociado a beneficios no económicos, como mejorar la salud
física y mental, así como lograr mayor bienestar de la población.
Por ello, la educación superior es crecientemente considerada como una
inversión para el futuro colectivo de las sociedades y las naciones, en vez de ser vista
únicamente como una inversión para el éxito futuro de los individuos que estudian. Pero
para que las universidades públicas puedan ejercer adecuadamente su multiplicidad de
funciones y puedan ser actores claves del desarrollo con equidad, se requiere que se les
respete como instituciones y se demuestre respeto hacia sus docentes, estudiantes y
trabajadores. Sólo en el marco de un diálogo honesto y respetuoso con el Estado las
universidades públicas podrán articular nuevos proyectos de sociedad, usando los
mejores talentos que suelen estar allí concentrados.
La violación de los principios más fundamentales de autonomía universitaria que
se continúa dando en la UPR no permitirá que esta institución sea el faro que podría ser
para ayudar a sacar a Puerto Rico de las tinieblas. El debate sobre la autonomía tiene
que profundizarse ahora, con propuestas claras, sensatas, respetuosas y solidarias que
toda la población puertorriqueña pueda comprender y avalar. Queremos y necesitamos
una nueva UPR, más eficiente ciertamente, pero comprometida con la justicia y la praxis
democrática, la excelencia académica y la responsabilidad social. Construirla es tarea de
todos.
*La autora es investigadora del Instituto Latinoamericano de Educación para el
Desarrollo (ILAEDES) en Puerto Rico y coordinadora de la Maestría en Políticas
Sociales del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) en Uruguay.
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