Desde que comenzó la huelga en el Recinto de Río Piedras de la UPR, el pasado 14 de diciembre, son muchas las dudas, incluso entre la Policía, en cuanto a la legalidad de las manifestaciones dentro del campus. Estas dudas surgen luego de la determinación del Tribunal Supremo en el caso UPR vs. Laborde donde el máximo foro judicial indica que no se le puede negar o restringir el acceso a nadie que desee entrar al recinto. Además de esto la rectora del recinto riopedrense, Ana Guadalupe, emitió una resolución que prohíbe “la celebración de festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva dentro de los predios de esa institución por un período de 30 días contados a partir del 13 de diciembre de 2010 hasta el 12 de enero de 2011.”
Un incidente recogido en la cobertura de El Nuevo Día ilustra claramente dicha confusión. Ese diario informó que la primera ocasión en que los estudiantes iniciaron una marcha dentro de la Universidad, luego de la prohibición de la Rectora y de la decisión del Supremo, los policías “aparentemente confundidos, decían que la decisión del Supremo ilegaliza el que se manifiesten dentro del recinto”. Ante el desconcierto de los oficiales, la estudiante de Derecho, Xiomara Caro, les aclaró el contenido de la decisión del alto foro judicial que “establece que se debe garantizar el derecho de los estudiantes a protestar.”
Si bien es cierto que el Tribunal Supremo no le reconoce el derecho a huelga a los estudiantes porque según su interpretación éste sólo puede ser utilizado para que los empleados ejerzan presión sobre sus patronos, no es menos cierto que el Estado tiene que garantizar el derecho de todo ciudadano, incluyendo estudiantes, de manifestarse y ejercer su derecho a la protesta y libertad de expresión.
El experto en derechos civiles, el licenciado Josué González Ortiz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles), entiende que la resolución emitida por la rectora Guadalupe es “ilegal e inconstitucional ya que impone una restricción absoluta al derecho a la libre expresión a los estudiantes y a la ciudadanía en general dentro de los predios del recinto”. Según el Tribunal Supremo existen casos donde las manifestaciones podrían ser reguladas tomando unos criterios de razonabilidad para permitir unos espacios adecuados, sin embargo, no puede haber ninguna restricción en cuanto al contenido de la expresión. El Tribunal no dictaminó en cuanto a los lugares donde ejercer las manifestaciones sino que se expresó sobre el acceso al recinto a aquellos que deseen entrar.
"La resolución de la Rectora es ilegal"
En la resolución de la Rectora también se indica que, “los festivales, piquetes, marchas, mítines y otras actividades de participación masiva podrán ser celebrados en las áreas designadas e identificadas por la Policía Estatal en las avenidas: Ponce de León, Gándara, y Barbosa.” El licenciado González explicó que las carreteras, aceras y parques son áreas públicas donde las personas se pueden manifestar libremente y no un espacio que alguien deba designar. ‘‘La rectora tiene que garantizar y reconocer el derecho de los estudiantes a manifestarse dentro de los predios del recinto’’, aseguró.
El abogado comentó que realizar y ejercer actividades es un derecho protegido para todo el mundo bajo las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos, por lo tanto es ilegal arrestar a alguna persona por el mero hecho de manifestarse. Aunque algunas imágenes difundidas en los medios muestran incidentes violentos de parte de un grupo minoritario de estudiantes, González afirmó que no se puede criminalizar el ejercicio de actividades protegidas por la Constitución a raíz de unos cuantos incidentes porque hay que proteger el derecho de las personas a manifestarse.
La presencia policiaca
Existe una preocupación generalizada entre la comunidad universitaria desde profesores y estudiantes hasta empleados no docentes en cuanto a la presencia de la Policía en los recintos. Incluso aquellos estudiantes que desean entrar a tomar clases han expresado que se sienten intimidados con el despliegue de efectivos de la uniformada. La historia indica que la presencia de la Policía siempre ha provocado un ambiente de tensión en la Universidad. ‘‘El Recinto de Río Piedras se ha convertido en un precinto de la Policía. Hay más policías que estudiantes y esto ha tenido un efecto disuasivo para que los estudiantes vayan a estudiar’’, observó González.
Otra acción de parte de la Policía que ha incomodado a los estudiantes son las grabaciones hechas por agentes. Medios de comunicación han reportado sobre oficiales que se pasean con cámaras de vídeos para grabar estudiantes incluso cuando estos se encuentran descansando. González expresó que ‘‘el que estén grabando me parece que es carpeteo y es ilegal ya que va contra la intimidad y resulta como un disuasivo al derecho a la libre expresión ya que las personas temen ejercer una protesta legítima por miedo a que les abran un expediente’’.
Destacó que entre las acciones legales que un estudiante podría llevar a cabo en contra de esta práctica está presentar en los tribunales un planteamiento de ilegalidad, requerir información y copias de las grabaciones, hacer acercamientos a nivel administrativo y enviar cartas y denuncias para que se establezca un récord.
Actualmente la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal mantiene una investigación que podría desencadenar en una demanda contra la Policía de Puerto Rico por violación a derechos civiles donde se destacan incidentes de brutalidad policiaca. Establecer un récord sobre los incidentes en la UPR y la posible violación de derechos civiles en los mismos sería otra situación que podría llevarse ante dicho foro.
Opciones ante la represión
Tal como expresa el experto en derechos civiles, los ciudadanos no deben sentir miedo de manifestarse. ‘‘Con los mensajes que emite el gobierno parecería que quieren decir que constituye un acto criminal el manifestarse, pero hay que recalcar que el derecho a la protesta es una actividad legal y protegida por la Constitución. Esto quiere decir no solo que el hacerlo no tiene consecuencias sino que el hecho de que lo impidan es una acción ilegal”, resaltó.
Actualmente la ACLU tiene activos a sus abogados observadores y han estado al tanto de todo lo que ha estado ocurriendo en la UPR velando que se garanticen los derechos civiles a la ciudadanía.
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Odalys Rivera
Editora. Posee una Maestría en Periodismo de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Cuenta con 27 años de experiencia y se ha destacado por la cobertura de temas ambientales.
