En medio de “malentendidos”, alegado “espionaje”, desconfianza y falta de comunicación viven algunos residentes que serán expropiados para la construcción del proyecto Vía Verde en Arecibo. Diálogo entrevista a perjudicados de estas futuras expropiaciones.
Hace apenas dos meses y medio la familia Rodríguez de Arecibo recibió la primera visita de Víctor Rivera Escribano. Ese día, el empleado de la compañía Newstar, contratada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), le explicó a José Rodríguez Santiago que justo por su casa estaría pasando el proyecto del Gasoducto.
Rodríguez, un veterano impedido, firmó un documento en donde aceptaba la construcción del tubo en los predios de su hogar, “por falta de conocimiento”, explicó su hijo José Rodríguez González.
De ahí en adelante, el proceso de expropiación que comenzó con esa visita, se ha dado, según la familia, con secretividad, falta de información e, incluso, “espionaje”.
En las mismas condiciones se encuentra Raquel Ortiz, otra residente que será expropiada. Y es que, según aseguran estos vecinos de la zona norte de la Isla, desde el momento que se les indicó de la construcción del proyecto en la zona, se han sentido perseguidos y vigilados luego que comenzaron a expresarse públicamente en contra del Gasoducto.
Por ejemplo, han visto a policías tomándoles video y fotos durante las manifestaciones que han llevado a cabo, observan automóviles estacionados por periodos de varias horas cerca de sus casas y escuchan ruidos que les hacen pensar que los teléfonos han sido “intervenidos”.
“Nos hemos dado cuenta (de estas intervenciones) porque cuando las personas están en los carros, él hace una llamada y ellos miran. Si él engancha, vuelven y bajan (…) El otro día, se estacionaron dos carros y yo dije vamos a llamar a la policía porque esto ya no puede seguir así (…) Entonces, llamamos a los guardias y cuando los guardias dijeron vamos a enviar una patrulla que está cerca en la 10, arrancaron y se fueron”, narró Ortiz a Diálogo.
Newstar se desligó de las alegaciones de vigilancia ya que, según Juan Carlos López, consultor de la compañía, desconocen de lo sucedido “porque hay muchas áreas que está trabajando la AEE. Nosotros no tenemos personas rondando áreas ni mucho menos”.
Además de las alegaciones de espionaje, los arecibeños también afirmaron que los encargados de hacer las medidas para el gasoducto, empleados de la compañía Javier E. Bidot & Associates, PSC, han entrado en sus terrenos sin permiso para realizar trabajos no autorizados. En varias ocasiones, han tenido que sacarlos de sus propiedades, pero éstos han vuelto a entrar posteriormente.
“El proceso se llevó a cabo de manera totalmente ilegal”, declaró Ortiz.
Por su parte, Javier E. Bidot, de la compañía encargada de medir los terrenos, explicó que la situación se trató de un malentendido, a lo que añadió que “se supone que la AEE les informara de que se iban a hacer unos trabajos allí y debían conseguir permiso para entrar”.
Narró que cuando sus empleados, cuya labor consiste en “documentar la posición de la tierra, cambios en el terreno, y otras cosas”, llegaron al lugar fue que se enteraron de que la Autoridad no había informado a los residentes.
“Yo creo que (los empleados) estaban más sorprendidos que las mismas familias”, opinó.
Diálogo intentó contactar a la AEE, pero los esfuerzos fueron infructuosos.
Por su parte, Juan A. Toledo, portavoz del Comité Amplio de Arecibo en Contra del Gasoducto y el Incinerador, contó que ante quejas de las familias, el Comité se organizó para que más personas, incluyendo un abogado, estuvieran presentes en una de las visitas de Rivera Escribano para darle apoyo a los Rodríguez.
“Casi me dio con decirle al señor que me expropiaran a mí también. Aquello parecía lo mejor que le podía pasar a una persona”, expresó Toledo.
Sin embargo, las familias desconfían, pues conocieron del caso de un utuadeño que fue expropiado por la construcción de la carretera número 10 y a quien, según relataron, no le dieron una compensación justa por su casa y terreno.
Por otro lado, el día de ayer se anunció que el proyecto deberá ser retrasado hasta abril debido a dudas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre en cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental sometida por la AEE. A pesar de esto, López de Newstar, expresó que ellos tienen que seguir con el proceso, pues no han recibido órdenes nuevas al respecto.
A raíz de todos los conflictos, a principios de diciembre, alrededor de 80 familias comenzaron un caso legal para paralizar la construcción del gasoducto que se encuentra en etapa de apelación en los tribunales.
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