Por Emilio Godoy
El Estado mexicano tendrá que enfrentar un duro examen del Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), un problema que hizo eclosión en el país a raíz del caso de los 43 estudiantes de magisterio asesinados en septiembre en Iguala, un caso aún sin esclarecer plenamente.
Un conjunto de 26 organizaciones de derechos humanos ya entregó a esa instancia 12 informes sobre ese fenómeno, uno de los más graves que enfrenta este país latinoamericano, donde están registradas más de 23.000 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según cifras oficiales que no detallan los casos forzosos.
Los reportes, a los que IPS tuvo acceso, concuerdan en denunciar que la crisis humanitaria de la desaparición forzada explotó desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012) declaró la “guerra contra el narcotráfico”, en una situación que su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, no ha resuelto.
Las organizaciones señalan la inadecuada tipificación de la desaparición forzada en la legislación mexicana, la falta de mecanismos efectivos de búsqueda, protocolos y recursos y de reparación para las víctimas directas e indirectas, así como impunidad extendida, ausencia de una base de datos unificada de víctimas y falencias en las investigaciones.
Además, critican la renuencia de México a aceptar la competencia del Comité contra Desapariciones Forzadas para recibir y analizar comunicaciones de parte de las víctimas.
Esa instancia, integrada por 10 expertos independientes y dedicada a vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sostendrá su octavo periodo de sesiones entre el 2 y el 13 de febrero, en la ciudad suiza de Ginebra.
Durante esas sesiones, el país “será revisado en un contexto muy crítico en el tema, porque ha habido múltiples recomendaciones que no se han cumplido”, dijo Jacqueline Sáenz, del no gubernamental Centro de Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones que envió un informe al Comité.
El Estado “ha sido omiso para aplicar una política pública. Sus respuestas han sido mínimas, más reactivas que propositivas. El balance es muy negativo”, aseguró a IPS la coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.
Aunque la desaparición forzosa ya representaba un grave problema humanitario, el fenómeno hizo eclosión el 26 de septiembre, cuando policías locales del municipio de Iguala, a 191 kilómetros al sur de Ciudad de México, en el estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en un hecho que dejó seis muertos y 25 heridos.
Además, los agentes detuvieron a 43 estudiantes de magisterio rural y los entregaron a miembros del grupo “Guerreros Unidos”, una de las mafias del tráfico de drogas que se disputan la actividad criminal en esa zona, según la investigación de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
De acuerdo a esa investigación, los 43 jóvenes fueron quemados en el basurero de Colula, localidad cercana a Iguala, y después se dispersaron sus restos.
El 7 de diciembre, el procurador Jesús Murillo informó que los despojos de uno de los 43 desaparecidos permitió su identificación por expertos del Instituto para Medicina Legal de la austriaca Universidad Médica de Innsbruck.
Pero el 20 de este mes, esa misma institución notificó que las altas temperaturas a las que se sometieron los cuerpos de los jóvenes asesinados imposibilita la identificación de los restantes, por desaparición del ADN.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ha informado que en este país de 120 millones de personas se registraron 23.271 desaparecidas, extraviadas o no localizadas entre 2007 y octubre de 2014, en un dato que no determina el número de aquellas forzadas.
Pero un indicador es que su Unidad Especializada de Personas Desaparecidas solo incluyó en su lista de búsqueda de ese periodo a 621 personas, de las que halló a 72 vivas y a 30 muertas.
“Es importante que el Comité llame al Estado para precisar la magnitud del problema. Existen reportes desde hace mucho tiempo con recomendaciones muy puntuales que el Estado no ha venido asumiendo. Hay una ausencia de políticas públicas y de reformas necesarias”, denunció a IPS el activista Juan Gutiérrez.
Más de 9.000 desapariciones han ocurrido desde 2013, bajo la administración de Peña Nieto, lo que “pone en duda la efectividad de las políticas de seguridad y prevención de la desaparición de personas”, aseguró el coordinador general de la no gubernamental I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
México ya tiene antecedentes internacionales al respecto, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó en noviembre de 2009 por violentar los derechos a la libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida del dirigente comunitario Rosendo Radilla, desaparecido en 1974.
La Corte instruyó al Estado mexicano a investigar adecuadamente el caso y a continuar con la búsqueda y localización de Radilla, lo que no ha sucedido hasta ahora.
En su reporte al Comité de la ONU, Amnistía Internacional indica que “las autoridades han incumplido en explicar cuántas de las víctimas han padecido secuestro o desaparición forzada y cuántas podrían estar perdidas debido a otras razones”.
Añade que las organizaciones de la sociedad civil no pueden escrutar las cifras y la impunidad permanece “rampante”.
Amnistía da cuenta que a nivel federal solo se produjeron seis persecuciones penales, todos ellos entre 2005 y 2009, por desapariciones delictivas previas a 2005.
En relación con los 43 estudiantes de Iguala, la PGR detuvo a más de 40 policías, presuntos narcotraficantes, al ahora exalcalde de Iguala, José Abarca, y a su esposa, todos ellos acusados del ataque y la desaparición forzada, aunque sin incluir esa figura.
En su informe alternativo de diciembre de 2014, nueve organizaciones señalan que el caso Iguala refleja “el contexto actual de las desapariciones forzadas” y demuestra “la ineficacia del Estado mexicano para buscar a las personas e investigar los hechos”.
El 8 de enero, en un agregado a sus informe al Comité de las Naciones Unidas, cuatro organizaciones resaltan “la falta de capacidad” y “la tardía reacción” de las autoridades en este caso.
“La investigación no se condujo con la debida diligencia. El Estado mexicano ha sido incapaz de presentar cargos e iniciar juicios por la desaparición forzada de los estudiantes”, cita el texto, que también denuncia que el caso “comprueba que el marco jurídico es insuficiente y que las autoridades ignoran por completo la Convención”.
El 27 de noviembre, Peña Nieto presentó 10 medidas, que incluyen un proyecto de ley sobre tortura y desaparición forzada y la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas.
“No se atacan las raíces del problema. México tiene que dar un giro en su política. La propuesta es marginal. Esperamos que la revisión del Comité origine cambios. México no ha sabido responder a esa crisis”, criticó Sáenz.
Para Gutiérrez, el anuncio se queda “en la dinámica de plantear elementos necesarios pero no suficientes. Hay que debatir la ley con las organizaciones y los familiares de desaparecidos”.
El Estado mexicano no ha respondido hasta ahora a las preguntas que el Comité le envió en septiembre con vistas a su examen de febrero.
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