Por: Luis Alejandro Grande
Desde hace unos días se ha estado regando por medio de las redes sociales un nuevo escándalo dentro de las filas de la policía de Puerto Rico. A casi un año de que saliera a la luz pública un vídeo de una agente haciéndole sexo oral a un compañero, nuevamente se desencadena una serie de juicios severos y moralistas en torno de una mujer que fue fotografiada en medio de actos sexuales, en uniforme policiaco, en su lugar de trabajo. Esta oficial no sólo es blanco de todo tipo de burlas, insultos y hasta se convierte en chivo expiatorio mediático por parte del alto mando de la policía, por el simple hecho de que ella evidentemente disfruta de su sexualidad; sino que toda la Internet, los medios de comunicación del país y los mismos dirigentes de la policía obvian lo que debería ser el principal enfoque de todo este asunto: una vez más, la intimidad, el cuerpo y la sexualidad de una mujer es violentada y expuesta viralmente sin su consentimiento.
Es indignante como el país entero y el sistema judicial le cae encima a una mujer, cuya imagen fue comprometida al ser exhibida en la Internet en contra de su voluntad. Más aún, es increíble como los medios de comunicación del país empeoran la situación divulgando ellos mismos los retratos, convirtiéndose en cómplices del asunto en nombre del amarillismo rampante y pensando sólo en los lectores que esto atrae. Nadie toma en cuenta que ella no estaba sola, que alguien sacó esas fotografías y que corren públicamente en contra de la voluntad de la implicada (algunos, los más cínicos, se escudan diciendo simplemente “si ella no quería que esas imágenes se filtraran, pa’ que se dejo sacar las fotos o hizo eso”, por ende, culpando a la victima). Más allá de esto, este escándalo se une a las demás fotos y vídeos de mujeres expuestas en contra de su voluntad, que terminan siendo el blanco del castigo público, que arroja a estas chicas en la hoguera del “bullying” mediático y cibernético.
Se falla al no percatarse de que hay una serie de elementos en común entre esta mujer policía, la del año pasado y otras mujeres que han sido expuestas en las redes sociales y otros medios como la “cagona” de las fiestas de la calle San Sebastián, la modelo de la marca Ciclón, las dos chicas besándose en las fiestas de la calle, las dos chicas teniendo sexo en la UPR de Bayamón, entre otras. Además del hecho de que la crítica a las protagonistas de estos videos nace de la moralidad exacerbada e hipócrita (porque ahora resulta que en Puerto Rico nadie tiene sexo y no existe persona que haga sus necesidades en medio de la calle); todos estos casos tienen tres cosas en común. Primeramente, que la intimidad, los cuerpos y la sexualidad de las involucradas han sido presentadas ante la mirada pública sin su consentimiento, lo que constituye una violación sexual, un ataque a sus derechos fundamentales como ser humano y definitivamente un delito. En segundo lugar y peor aún, que dicho crimen pasa totalmente desapercibido por las autoridades, los medios de comunicación y la opinión pública. En tercer lugar, que las víctimas de dicha violación son convertidas en culpables, castigadas, vejadas y atacadas por los organismos oficiales, medios y redes sociales, en vez de ser defendidas y protegidas.
¿Somos realmente tan incapaces de ver que lo que está mal no es que una mujer disfrute de su sexualidad sino que al hacerlo, corra el riesgo de ser expuesta y juzgada por ello? Sí, es posible que el hecho de que esta oficial haya tenido actividades sexuales en su lugar de trabajo con su uniforme, implique el incumplimiento de ciertas normas laborales y que esto merezca una sanción proporcionada al reglamento y la situación. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que la retrataron? ¿Qué pasará con los que difundieron estas fotos en la Internet? ¿No merecen estas personas ser buscadas por la ley y un castigo acorde al delito cometido? ¿No merece esta mujer, aún si con su comportamiento incumplió alguna norma, ser protegida y defendida? Y las expuestas en otros casos, aquellos en los que no había un reglamento, un lugar de trabajo y un uniforme el cuales irrespetar, ¿no merecen ser defendidas en vez de arrojadas a la hoguera de la inquisición multimedia puertorriqueña? ¿Por qué seguimos enfocándonos en señalar a la víctima y no a los perpetradores del verdadero crimen?