Las pocas dudas sobre la parcialidad de los juicios rápidos contra los disidentes de Bahréin quedan disipadas gracias a los carteles que empapelan el reino de los Al Khalifa. Pancartas como las que muestran los rostros de cinco de los 21 opositores arrestados en operaciones nocturnas y que hoy afrontan su juicio por cargos de terrorismo, Hassan Meshaima, Abdel Wahab Hussein, Mohamed Muqdad, Ibrahim Sharif y Abdel Jalil Singace, así como la de un borroso clérigo chií que simboliza “a otros” con la siguiente consigna: “La enfermedad debe ser extirpada del cuerpo de la nación”. O como los que decoran las cabinas de control de pasaportes en el puente del Rey Fahd, que une Arabia Saudí con Bahréin: “No diremos Que Ala perdone lo que ha pasado”. Otros son más explícitos. “Vosotros sois los responsables de lo que le ha ocurrido a nuestra segura Bahréin”, reza un tercero.
Los 21 detenidos que afrontan hoy la segunda sesión de su juicio -la primera, el domingo, fue aplazada- ya han sido condenados por las autoridades de Bahréin, el reino del Golfo de mayoría chií pero gobernado por una dinastía suní desde hace 200 años que reprime ante la indiferencia internacional cualquier disidencia interna para acabar con unas manifestaciones que exigían reformas democráticas e igualdad social. Y pocos confían en que los tribunales especiales militares encargados de juzgarles, como a otros involucrados en las protestas, vayan a ser benévolos. Cuatro manifestantes fueron condenados a muerte por una de estas cortes marciales el 28 de abril, acusados de haber atropellado a dos oficiales de policía; otros tres tendrán que cumplir cadena perpetua.
“En la primera sesión del juicio muchos familiares no pudieron asistir porque les dijeron que se celebraba a una hora y fue adelantada sin informarles”, explica por teléfono Brian Dooley, director del Programa de Defensa de Derechos Humanos de Human Rights First, actualmente en Bahréin, donde trata de testimoniar lo que está ocurriendo. “La mitad de los detenidos ni siquiera tenía abogado, esa fue la razón del aplazamiento”. Dooley asegura que no se puede hablar de un proceso jurídico tal como lo establece la legislación internacional: “Desde los arrestos hasta hoy, los acusados han sido torturados sin pausa. Han sido sometidos a aislamiento, han sido tratados de forma drástica”, insiste Dooley.
En la primera sesión, según denunciaron las ONG, los detenidos -algunos de los más importantes líderes políticos y religiosos del país, así como blogueros, intelectuales o defensores de los Derechos Humanos- presentaban muy mal aspecto: uno de ellos, Ibrahim Sharif, líder suní del partido laico Waed, había perdido unos 15 kilos. Las torturas eran evidentes en sus rostros y en las cojeras de algunos de ellos.
El caso más grave, seguramente, fue el del conocido activista de Derechos Humanos Abdulhadi al Khawaji, quien fuera presidente del Centro de Bahréin por los Derechos Humanos y actualmente responsable regional de la ONG Frontline. Es un reconocido investigador y defensor de los derechos básicos con amplia experiencia, que ha trabajado para Amnistía Internacional y Human Rights Watch y fue reconocido por su labor en 2005.
Al Khawaji, que ha dedicado toda su vida a denunciar los excesos del régimen de los Al Khalifa entre otros, fue detenido el 9 de abril y golpeado. Las torturas no cesaron una vez en prisión. Según denunciaron sus familiares, que pudieron hablar con él 10 minutos antes de la primera sesión del juicio, presentaba múltiples contusiones en la cabeza y admitió tener cuatro fracturas en el rostro, incluida una en la mandíbula que requirió una intervención quirúrgica. “Parece que los carceleros de Adbulhadi al Khawaki le torturaron durante el mes que estuvo incomunicado”, escribía en un informe el vicedirector del departamento de Oriente Próximo de Human Rights Watch, Joe Stork. “Las torturas y los malos tratos son un serio crimen, y los oficiales bahreiníes que lo han hecho o autorizado deben rendir cuentas”. Nada mal para un país que ha suscrito el Convenio Internacional de Derechos Cívicos y Políticos, que prohíbe expresamente “la tortura o cualquier castigo o trato degradante”, así como de la Convención contra la Tortura.
No se trata de casos aislados, como la propia HRW lleva documentando muchos años. Bahréin se ha caracterizado por sus torturas pese a la imagen de estabilidad y de paraíso para el turismo y los negocios. Una imagen que el régimen no está dispuesto a que sea arruinada por inestabilidad que implican las manifestaciones pro reformas democráticas. De ahí que los detenidos, el liderazgo intelectual, humanitario, religioso y político de la oposición de Bahréin, estén siendo acusados de “tratar de derribar el régimen en colaboración con organizaciones terroristas que trabajan para un país extranjero”, en referencia a Irán. Porque tras la represión se esconde el miedo a que la mayoría chií, discriminada durante décadas, se haga con el poder del reino suní y se alíe con Teherán, archienemigo de los suníes del Golfo. De ahí también la intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que ha enviado tropas en una flagrante ocupación militar tolerada por los dirigentes para disuadir a los manifestantes de continuar con la insurrección.
Al violento desalojo de la Plaza de la Perla, a mediados de marzo, siguió una represión que ha llevado a prisión a unas 800 personas. “Hay muchos informes de torturas empleadas para arrancar confesiones”, continúa Dooley. No solo eso: se denuncia que algunos acusados son forzados a firmar confesiones con los ojos vendados. El empeño de las autoridades en liquidar toda voz disidente es “siniestra”, como la describe un investigador de HRW contactado por Periodismo Humano. Médicos y enfermeros han sido arrestados bajo acusaciones tan surrealistas como “inyectar medicamentos a manifestantes para fingir los efectos del gas lacrimógeno” o “hormonas para provocar ataques de histeria” así como robar sangre para dramatizar heridas inexistentes tras la represión policial de las manifestaciones según han denunciado los medios locales. De facto, les están acusando de asistir a los manifestantes heridos.
A los 21 acusados de hoy -sólo comparecen 14, el resto están siendo juzgados en ausencia- les culpan, además de por organización terrorista, por cosas tan dispares como transmitir información falsa, incitar al sectarismo, organizar protestas no autorizadas o insultar al Ejército. “Algunos cargos como insultar al Ejército no deberían ser crímenes, y parece que al menos en el caso de Abdulhadi al Khawaki, las autoridades han intentado arrancarle una confesión más que presentar pruebas que sustenten los cargos”, ha afirmado Stork.
“Es difícil ver ninguna lógica tras lo que está pasando. Está siendo detenida gente de toda clase y condición, algunos no necesariamente activos en las protestas, hay una intimidación generalizada, y a todo eso se suman los ataques contra lugares de culto [chiíes]. Es muy difícil entender qué propósito hay tras la detención de centenares y centenares de personas”, reflexiona Brian Dooley.
El objetivo parece acabar para siempre con la disidencia interna, con las exigencias de reformas democráticas y del fin de la discriminación contra la mayoría chií. Eso explica que los arrestos estén acabando ante cortes marciales presididas por un juez militar que despachan las acusaciones con una rapidez supina. Un buen ejemplo es Hassan Salman al Matuq, enfermero y fotógrafo freelance de 29 años, arrestado en el hospital de Suleimanya de Manama el 24 de marzo. El pasado 9 de mayo compareció ante una corte militar. Su abogado no fue invitado. Fue acusado de participar en manifestaciones sin permiso, de concentrarse sin autorización, de fabricar fotos de los heridos y de distribuir noticias falsas y fotografías fabricadas para distorsionar la reputación de Bahréin”. Hoy se podría conocer su sentencia.
“Las cortes militares no siguen bajo ningún concepto los estándares internacionales. Esos tribunales niegan derechos básicos a los defendidos, incluyendo un acceso limitado a su representantes legales. Esos juicios no son abiertos al público y sus procedimientos son mantenidos en secreto, al tiempo que se prohibe publicar nada sobre ellos”, explica a Periodismo Humano Dan Williams, investigador de HRW destinado a Bahréin, actualmente a la espera de un visado para regresar al país. Stork es más tajante. “Los tribunales ordinarios son perfectamente capaces de juzgar crímenes serios de forma eficaz, incluidos los terroristas. Aparentemente, Bahréin no tiene interés en la justicia, sino en castigar a los implicados en las protestas contra el régimen”.
El gran temor es que la dictadura, apoyada por el poderoso Consejo de Cooperación del Golfo aproveche la impunidad internacional de la que goza -no se han alzado voces contra los atropellos contra los Derechos Humanos- para condenarlos a muerte y liquidar así a los principales líderes de la oposición política, religiosa e intelectual de Bahrain. “Es muy posible que se les condene a muerte, y lo peor es que es muy posible que sean ejecutados. Cuando hablo con las autoridades nadie lo descarta, y la atmósfera del país así lo indica”, explica Dooley. Williams es igualmente pesimista. “No solo nos oponemos a posibles futuras sentencias de muerte dictadas, creemos que las cuatro sentencias emitidas por cortes militares el 28 de abril deben ser revocadas”.
*Lea el artículo original en Periodismo Humano
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