Un grupo de padres del área oeste de Puerto Rico denunciaron en la mañana de hoy el discrimen institucionalizado que sufren sus hijos, participantes del programa de Educacion Especial.
Según la denuncia pública, firmada por cuatro madres, este discrimen se ve plasmado en las "acciones premeditadas y malas actitudes de diversos funcionarios en el Programa de Educación Especial". Los padres y madres exponen que de forma intencional "no se cumplen con las instrucciones de las autoridades de dicha agencia, no cumplen con los procedimientos ni tampoco con las regulaciones en ley".
Nannete Sotillo, quien es parte de este comité de padres, expresó a Dialogo que en reuniones con padres de niños que forman parte del programa de Educación Especial en el área metropolitana han intercambiado experiencias con las que se percató que estos reciben servicios que a los niños del area oeste les son denegados. Asimismo, esta negligencia de servicios abarca la negación de las reuniones del Comité de Ubicación y Planificación (C.O.M.P.U.), donde se discute los cuidados y enseñanza individualizada que se le dará a cada estudiante. No obstante, esta negación queda sin justificación ya que según establece la Ley para Individuos con Incapacidades (IDEA) los padres de estos niños tienen derecho a pedir a las autoridades escolares las reuniones del comité.
Una de las estudiantes afectadas ha sido precisamente la hija de Sotill, quien padece de 21 condiciones de salud y utiliza una prótesis y silla de ruedas. En este sentido, no sólo se le ha negado estas reuniones -provocando que se le "eduque a ciegas"– sino que también se le han negado los acomodos razonables que le corresponden, según se sugiere por profesionales que atienden su caso. La madre relató que la niña solicitó a su maestra la utilización de una calculadora, a lo que la maestra le respondio frente a todo el grupo que "si quieres ser como los demás, tienes que aprender como los demás". Además, la entrevistada explicó que estuvo requiriendo que se le realizaran otros acomodos necesarios a principios de agosto y estos fueron atendidos a finales de noviembre.
"Esto es maltrato institucional. Esto es una violación a los derechos de mi niña. La esencia del trabajo del maestro es el estudiantado. Quien le da las habichuelas a los maestros son los estudiantes. Entonces, ¿por qué no pueden ofrecerle los servicios que les corresponden?", reclamó indignada la madre.
A su vez, Sotillo explicó que junto a otros padres han realizado querellas administrativas al Departamento de Educación (DE), pero que estas no han sido atendidas y han caducado. Más adelante, al inquirir sobre el estado de estas querellas, se les indica que estas "no tiene tiempo de vencimiento, lo que es incorrecto", señala.
Finalmente, se han quejado personalmente a la Directora Regional de Mayagüez, Ananitza Méndez, y con la Superintendente de ese distrito, Silvia Hernández, sin emabrgo sus pedidos han caído en "oidos sordos". Y peor aún, al explicar la situación por la que atravezó su niña cuando su maestra la hizo quedar en ridículo, Hernández le pidió que cambiara a la estudiante de la escuela sin prestarle atención al asunto per ce.
Entretanto, otras denuncias que realizaron los padres se encuentra el que no se atiendan el Plan de Estudio Individualizado (P.E.I.) de cada niño, obligándolos a "ir al ritmo de los maestros", lo que ha provocado que aún teniendo el potencial intelectual para obtener buenas notas, pasen a duras penas las clases con notas bajas, reuniones de C.O.M.P.U. sin estar el director de la escuela presente, lo que es una acción ilegal. Por lo que, los padres y madres denunciantes exigen que se tomen acciones para fiscalizar el cumplimiento de la ley que cobija a los estudiantes y la utilización de los fondos que provee la ley IDEA para esto.
Por esta razón, el próximo jueves, 9 de junio, este comité de padres presentará una charla en la que expondrán más a fondo las situaciones de los niños a partir de las 10:00 am en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez.
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