Las cifras de la criminalidad: ¿Cuánto cuestan los crímenes al bolsillo puertorriqueño?

La criminalidad pasa factura a las sociedades del mundo en términos de vidas humanas y aspectos materiales. Pero, en la actualidad, ¿cuánto realmente significa en cifras monetarias el costo del crimen en las sociedades contemporáneas? De acuerdo con un estudio realizado por el sociólogo Matt DeLis de Iowa State University, el monto podría aproximarse  a los $17.25 millones por cada región de los Estados Unidos.

Según los hallazgos del estudio dirigido por DeLis en 2009, en el que se entrevistó a 654 convictos, los datos apuntan a que los cinco delitos más caros para las sociedades son los homicidios, las violaciones a la fuerza, los robos a mano armada y los asaltos agravados.

Estos resultados responden a los costos por los que tienen que atravesar las víctimas y que incluyen: las inversiones más comunes luego de un crimen por el sistema de justicia penal, la pérdida de las estimaciones de productividad –tanto para la víctima como para el delincuente– y las estimaciones resultantes de la voluntad de las personas a pagar para evitar la violencia futura.

En el caso de Puerto Rico, a través de la historia la criminalidad ha experimentado un crescendo casi imparable con notables alzas durante los primeros meses del año 2011. Por ejemplo, según datos ofrecidos por la oficina de estadísticas de la Policía de Puerto Rico, los números apuntan a que al  31 de marzo se registró un total de 2,627 delitos Tipo 1 que incluyen asesinatos y homicidios, violaciones por la fuerza, robos, agresiones agravadas, escalamiento, apropiaciones ilegales y hurtos de autos. No obstante, estas cifras podrían variar de acuerdo con un artículo publicado en

El Nuevo Día el 2 de mayo de 2011 en el que se da a conocer una presunta manipulación de las estadísticas de los delitos tipo I por personal de esta agencia estatal.

De todos modos, ¿qué representa el aumento de estas estadísticas para la economía central del País? Según Josean Feliciano, profesor y analista de negocios y economía, si se extrapolara el estudio realizado por DeLis a la Isla, los números por los actos criminales podrían alcanzar cifras billonarias.

“Si aplicamos la metodología del estudio realizado en Iowa -en el que se estima que por cada asesinato se invierte $25 mil- en la pasada década de 2000 a 2010, Puerto Rico ha invertido un aproximado de $150 billones [$150 mil millones] en costos por asesinatos”, reveló el analista.

Asimismo, el experto indicó que este tipo de desbalances en la economía del País se refleja en los sueldos que dejan de generarse. “En el caso de un asesinato, la familia no podrá contar con el sueldo que hacía llegar la víctima. De este modo, se va generando una reacción en cadena ya que la economía se va afectando al dejarse de producir ciertos bienes y servicios”, añadió.

Sin embargo, en el caso de los costos para el Estado en general, éste se ve afectado desde el momento en el que se comete un delito. En efecto, para el año fiscal 2011-12 el presupuesto destinado para la seguridad y el orden público se eleva a los $1.8 millones.

“En este caso, hablamos de una inversión de $752 millones para el Departamento de Policía, $356 para tribunales y $365 millones para Corrección.

Por lo que se calcula una inversión total de $1.2 billones sólo para estructuras gubernamentales. De manera que, si el Estado necesita mayor presupuesto para ofrecer seguridad y orden, menos dinero podrá invertir en otras áreas de importancia como infraestructura, por ejemplo”, explicó Feliciano.

“Arrancar de cero por segunda vez”

El asunto es más difícil aún cuando se trata del bolsillo de las víctimas. Comenzar de cero en la búsqueda de aquel producto por el que muchas veces se ha pasado grandes sacrificios requiere de una costosa y no contemplada nueva inversión.

Este fue el caso de Sher-Ann Arroyo y su esposo Edwin García, quienes al año y medio de haber contraído matrimonio y adquirido su propia casa fueron víctimas de un robo en el que perdieron, literalmente, todo. Según recuerda Arroyo, traductora de profesión, el suceso fue hace ya dos años y, a pesar de vivir en una urbanización con control de acceso en Gurabo, los asaltantes lograron invadir su propiedad en horas del día cuando ambos esposos se encontraban en sus respectivos trabajos.

“Al llegar del trabajo, no me doy cuenta de inmediato porque entraron por la puerta de atrás. Sin embargo, al entrar y ver que todo estaba abierto -los gabinetes, por ejemplo- me voy percatando de lo ocurrido. Una vez llego al cuarto y veo el reguero de cajas de zapatos vacías, las gavetas y el closet también, llamo a mi marido y a la policía”, narró la entrevistada.

Para la joven pareja, contabilizar todo lo que perdieron es algo “difícil”. “Máxime si me quedé con lo que tenía puesto porque hasta la ropa interior se llevaron”, explicó Arroyo.

Al igual que este matrimonio, en Puerto Rico muchas personas experimentan situaciones similares. En efecto, tan solo en el 2011 se han reportado 458 asaltos y 423 escalamientos en la Isla, según estadísticas contabilizadas hasta el 31 de marzo por el Departamento de la Policía de Puerto Rico.

Mientras tanto, al menos en el caso del matrimonio García Arroyo, “recuperarse de un suceso como éste es un proceso paulatino en el que se necesita más de cinco mil dólares para por lo menos reponer lo básico y arrancar de cero por segunda vez”.

Asimismo, este tipo de situaciones cargan graves secuelas en las víctimas ya que se unen a los pagos y gastos comunes que los puertorriqueños tienen que costear mensualmente. Y que, como fue el caso de Arroyo y su esposo, se suman a las inversiones que se deben tomar para evitar que les roben de nuevo.

“Son muchos gastos con los que uno no contaba. Tuvimos que invertir en una nueva puerta, nuevas cerraduras e incluso cerraduras dobles, rejas internas y un sistema de alarmas que pagamos mensual. Por lo que, si venimos a ver las repercusiones son a largo plazo”, explicó la también madre de un niño de un año.

Arcas desiguales

De otra parte, mientras el crimen afecta el bolsillo de unos, las arcas de otros se han ido llenando en los últimos años en la Isla.
Por ejemplo, empresas dedicadas a ofrecer servicios de cámaras de seguridad, control de acceso a urbanizaciones privadas, guardias de seguridad y compañías dedicadas a ensamblar rejas en puertas y ventanas en estructuras comerciales y residenciales; han experimentado grandes aumentos en sus ventas.

Al menos este es el caso de Antonio Montañez, instalador de rejas de seguridad independiente del área de Comerío. Según el herrero, durante los últimos dos años su negocio ha experimentado un aumento “indescriptible” en los contratos para la instalación de rejas en residencias privadas.

“Parece que la gente tiene miedo. Yo comencé este negocio porque fue lo que aprendí a hacer con mi padre y no pensé que me fuera a ir bien”, explicó Montañez, quien coloca rejas aproximadamente en dos casas por semana.

A pesar de que este aumento le ha ayudado en los ingresos de este comerciante independiente, la verdad es que los costos de colocar rejas de seguridad en las residencias afectan en gran medida el bolsillo de los ciudadanos promedio. Según un estimado ofrecido por Montañez, en la actualidad colocar rejas a una casa básica de ocho ventanas dobles y dos puertas, sobrepasan los $1,500. “Esto sin contar los patios, los balcones  y la gente que pide portones en las divisiones que separan los cuartos del resto de las casas”, aseguró el herrero.

Con él coincidió Luis Pérez Martínez, gerente de área de Alpha One Security Solutions,  compañía establecida desde 2006  en la Isla dedicada a la instalación de sistemas de alarmas y cámaras de seguridad en residencias privadas y comerciales; y que ha visto un aumento significativo en sus ventas durante los pasados meses.

“Siempre ha habido un movimiento [en las ventas], sin embargo luego que ocurre algún delito no sólo la persona que fue afectada adquiere el servicio, sino familiares y amigos cercanos también lo solicitan”, indicó el gerente de la compañía de seguridad electrónica cuyas ventas se sitúan en 50 instalaciones por semana.

La seguridad se ha convertido en un elemento adicional a evaluar cuando se adquiere una residencia. No obstante, instalar un sistema de alarmas y cámaras de seguridad conlleva una inversión que inicia en los $99 y podría alcanzar hasta los $2 mil por activación y un pago de $44.99 cada mes.

En este caso, se calcula una inversión anual de $539.88 por cada residencia que instale un sistema de alarmas básico. “Esto sin contar que la instalación de cámaras de seguridad conlleva una inversión adicional”, aclaró Pérez Martínez.

Por lo que, se estima que entre los gastos de instalación de rejas y un sistema de alarmas, el puertorriqueño podría invertir inicialmente más de 4 mil dólares en la búsqueda de proteger sus residencias, sus pertenencias y de paso sus vidas. Aparte de las inversiones de seguros para autos, residencias y seguros de vida a los que comúnmente recuren las personas.

Violación: gasto de por vida

Al igual que los robos, las violaciones sexuales conllevan graves e irreparables repercusiones. Aunque, tratar de contabilizar todas las secuelas que trae consigo este tipo de sucesos es un acto imposible, un análisis de los costos de consultas psicológicas, médicas y psiquiátricas da a entender que una víctima de violación, además de sufrir daños emocionales, sufre daños financieros irreparables.

Por ejemplo, según el psicólogo clínico Santiago Rivera Santos, luego de una violación sexual “los costos de tratamientos psicológicos alcanzan los $20 por cada consulta semanal si se deduce de algún plan médico. Mientras que, si el paciente paga de manera independiente “estamos hablando de $80 por consulta”. En este caso, se estima en una inversión de $80 mensuales para pacientes con plan médico y $320 para aquellos que pagan sus consultas de manera independiente.

Estas cifras aumentan si se toma en consideración que en la mayor parte de los casos estos tratamientos se extienden durante dos años o más.

En este sentido, “la situación se vuelve tortuosa, ya que la vida se complica mucho y las repercusiones se pueden extender por años y años”, comentó el psicólogo. Se estima que anualmente una víctima de violación sexual forzada podría invertir $960 como deducible de plan médico o $3,840 de manera individual como parte de un tratamiento psicológico.

Al mismo tiempo, el doctor Rivera Santos destacó que estos gastos pueden acrecentarse considerablemente. “El costo indirecto y directo es elevado si se suman las consultas a los médicos, las hospitalizaciones -que suelen ser en cualquier momento y por periodos en ocasiones de un semana- los medicamentos si se contagia con una enfermedad de transmisión sexual, más los costos laborales que conlleva sacar tiempo para lidiar con estos traumas”, sumó el psicólogo.

En todo caso en Puerto Rico existe la opción de recurrir a programas que ofrecen servicio de ayuda a personas que hayan sido víctimas de algún crimen como es el caso de la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Sin embargo, este programa creado a partir de 1998 por el Gobierno de Puerto Rico sólo “provee rembolsos o pagos directos a los proveedores de servicios que son necesarios como resultado de delitos, que no estén cubiertos por otros recursos como el seguro privado, el programa de asistencia médica u otros programas de beneficios”, según información suministrada por personal del Departamento de Justicia.

Aún así, entre las categorías que esta oficina establece, se excluyen las violaciones sexuales a la fuerza, los robos a mano armada y las agresiones agravadas.

Por lo que, aquellas personas que sufren una violación sexual tienen la opción de acudir -al menos para servicios primarios- al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico. Este centro -según explica un portavoz- brinda servicios de “atención a la salud emocional y física: en momentos de crisis, durante el proceso de recuperación, en el manejo de enfermedades de transmisión sexual y embarazo o durante los procesos de tribunal”. Además, el centro provee terapia individual y grupal para la víctima y sus familiares, dirigido a manejar la experiencia de agresión sexual.

No obstante, ninguno de estos programas brinda remuneración alguna a aquellos interesados en continuar tratamiento psicológico más profundo o por más tiempo.
 

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