Actualmente la Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa está confeccionando un nuevo proyecto de Código Penal, el Proyecto del Senado 2021 (P del S 2021), mejor conocido como Código Penal 2011. Una de las preocupaciones más serias que ha levantado este proyecto, el cual se encuentra en el proceso de vistas públicas, es que está montado en un modelo orientado hacia la imposición de penas fijas, penas mandatorias y penas más largas que el Código aprobado en el 2004.
En su Exposición de Motivos, la medida legislativa plantea la preocupación del pueblo por la criminalidad y la pérdida de fe en el presente sistema de justicia criminal. A pesar de que nuestro País presenta una de las tasas más altas de población confinada del mundo desarrollado, el P. del S. 2021 propone condenas más amplias para algunos crímenes, como por ejemplo, si un ciudadano comete tres delitos graves en tres ocasiones distintas, la pena fija impuesta será de 99 años de prisión. Esta es una versión de las leyes norteamericanas Three Strikes and You're Out (“tres strikes y estás fuera”), que se popularizaron en la década de los 90 y que fueran ampliamente criticadas porque trajeron como consecuencia un aumento considerable de la población penal y porque afectaron mayormente a las minorías étnicas afro americanas e hispanas en los EE.UU. Este tipo de ley proviene de la misma escuela de las famosas “Rockefellers Laws” que tendían a ser sumamente severas con todo tipo de crimen, y que lograron un número récord de encarcelaciones en los Estados Unidos, mayormente personas negras, hispanas y blancos pobres. Hoy día, la mayoría de esas leyes han sido derogadas en los diferentes estados por considerarse sumamente agresivas y prejuiciadas contra los grupos antes mencionados.
Estas leyes promulgan la visión de “mano dura contra el crimen”, donde la rehabilitación de los reclusos pasa a un segundo lugar y se prima la lucha contra el crimen desde una perspectiva puramente punitiva (penas fijas, mandatorias y prolongadas). Las consecuencias no intencionadas de este tipo de orientación filosófica son el hacinamiento de las cárceles, escasos recursos a los esfuerzos rehabilitadores y un aumento en la reincidencia de confinados en lo que se conoce como la “puerta giratoria” de nuestras cárceles, donde el 61 por ciento de los confinados reincide. Ya se sabe que los dos factores asociados a que los confinados reincidan en el crimen, son la presencia de desórdenes psiquiátricos y los trastornos de uso de sustancias sin tratar. Esto se debe a la falta de tratamientos adecuados en la presente población penal del País.
El Código 2011 postula que “durante los años de vigencia del Código 2004, las penas impuestas no han surtido el efecto disuasivo esperado sobre la comisión de conducta criminal”. La estrategia del nuevo Código es aumentar las penas, hacerlas fijas para quitarle la discreción a los jueces y hacerlas más prolongadas. La gran mayoría de las personas que están en nuestras cárceles son convictas por crímenes no violentos asociados al consumo de drogas. No obstante, los legisladores que proponen esta estrategia se olvidan de que la inversión más costo efectiva es tratamiento y prevención, en vez de las estrategias punitivas. Por cada dólar que se invierte en tratamiento se ahorran $7.48 en costos sociales y de salud, mientras que por cada dólar que se invierte en persecución, lo único que nos ahorramos son 51 centavos. A pesar de que este conocimiento está accesible, se prefiere insistir en un modelo punitivo, ignorando que los costos sociales son más altos y el impacto de dichas iniciativas perjudica más al confinado, a su familia y a la comunidad.
Nuestra Constitución establece que las instituciones penales preponderarán “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.” La Constitución reconoce como principio fundamental “que la sanción penal no podrá atentar contra la dignidad humana y la rehabilitación social y moral del convicto como un objetivo general para la imposición de las penas”. Si ya sabemos que científicamente y constitucionalmente la inversión en rehabilitación es superior a la inversión en modelos punitivos reflejados en la penas fijas, mandatorias y prolongadas; ¿por qué se insiste en un modelo fracasado?
Tenemos dos hipótesis que compartir con los lectores: la primera es que se insiste en modelos fracasados de “mano dura” por ignorancia. La segunda hipótesis es que para algunas personas neoliberales las cárceles deben ser privatizadas y para que sean un negocio lucrativo, es imprescindible asegurarse de que se tiene una población elevada de confinados como “materia prima”. Ese alto número de confinados lo aseguran las penas fijas, mandatorias y prolongadas. Otra de las ventajas de aumentar la cantidad de personas confinadas reteniéndolas por más tiempo es que existe una tasa grande de electores que equiparan la “seguridad” con: más arrestos, más confinados, penas fijas más largas y prolongadas. Políticamente hablando, esa estrategia tiene un gran potencial electoral. Para un acólito de la política neoliberal, este es un negocio redondo: tener una forma de garantizar que se pueden privatizar los penales y por consecuencia hacemos el gobierno más pequeño, a la vez que tenemos una estrategia electorera de mano dura contra el crimen.
¿Y el proyecto de País que habla nuestra Constitución de que debemos primar en “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”? Los neoliberales contestarán: “Pues está muy bien, gracias, después de todo eso se menciona en la Exposición de Motivos del Código Penal 2011. Nos vemos en las próximas elecciones”.
Sólo nos queda gritarle al pueblo puertorriqueño como Stéphane Hessel, el viejo líder de la Resistencia Francesa: ¡Indignaos!
*El autor posee un doctorado en Psicología y una Maestría en Salud Pública. Tiene además una extensa trayectoria profesional clínica, de investigación y académica asociada a los trastornos de substancias y al estudio de las consecuencias de la política de drogas sobre la salud y la seguridad pública. Se desempeña actualmente en la práctica privada en la Red Metropolitana de Psicología.
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