Un mar de estudiantes, profesores y empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se manifestaban a las afueras del Capitolio, mientras en su interior se suscitaba una reunión, posiblemente definitoria a la amenaza de múltiples recortes por parte del gobierno a las finanzas de la institución.
Dentro de este panorama, y presto a hacer mi trabajo, me dirigí al interior del edificio. Aunque presenté mi “carnet” de prensa, no me dejaron pasar. Mientras tanto, a otros compañeros periodistas se le abrían las puertas de par en par.
“Solo es permitida la entrada a medios oficiales”, comentó el personal de seguridad.
Mencioné que el medio donde trabajo es uno oficial y además, que este pertenece a la UPR. Confié en que al estar manejándose un asunto de la universidad la lógica me abriría paso, pero no.
Lo preocupante y más aún peligroso, es que me denegaron la entrada por no pertenecer a un medio de comunicación “reconocido” o en otras palabras, comercial. Esto me hace repensar el ejercicio de la democracia en nuestra sociedad y uno de sus pilares fundamentales, la prensa y su rol de transmitir información.
Es bien sabido que los medios difunden el contenido, que según sus líneas editoriales, es el más importante. Lo que se dice, cómo se dice y a quien se cita responde en parte a decisiones de la publicación. Es por esto que el derecho a la información se pone en riesgo cuando por el alcance, reconocimiento, costumbre o dinero, se considera más importante y se trata con preferencia un medio de comunicación sobre otro.
Nuestra consciencia colectiva queda amenazada cuando existe la posibilidad de que sean unos pocos los que tengan acceso a transmitir la información. La noticia puede convertirse en un producto de consumo, que se aleja del propósito de crear una sociedad más justa y participativa.
La opinión pública podría ser redirigida hacia las agendas comerciales de los dueños de los conglomerados mediáticos, distanciado a la audiencia de la posibilidad de ver diferentes panoramas y de crear su propio análisis de lo ocurrente. Entregar el poder mediático a un reducido grupo podría restringir a la ciudadanía de una visión holística, necesaria para incluirse en los procesos decisionales y de fiscalización del País.
Diálogo es un medio con 29 años de trayectoria, premiado en múltiples ocasiones por las entidades periodísticas que reconocen los mejores trabajos de la industria. Ha servido como centro de práctica para muchos de los profesionales más renombrados de Puerto Rico. Ofrece información desde una base académica y analítica. Con este trasfondo, por unos instantes se le impidió la entrada al Capitolio. ¿Qué será de quienes intenten establecer un nuevo medio? ¿Permitiremos que la información sea raptada por unos pocos?
La hegemonía mediática pone en riesgo los factores básicos de nuestro modo de vida, quita espacio a la democracia y establece los valores comerciales por encima de los humanos. La responsabilidad de erradicarla recae encima de todos.
Necesitamos medios que ejerzan su responsabilidad social y ética, gobiernos que fomenten la diversidad en los ecosistemas comerciales y un público que exija información relevante y que provenga de fuentes diferentes. Tenemos la responsabilidad de cuartar el rapto y liberar la información.
Finalmente, a Diálogo le cedieron el paso luego de la intervención de un oficial de prensa del Capitolio, roguemos que esto no le vuelva a suceder a ningún periodista debidamente identificado.