La Habana estrena una nueva Ley de Inmigración que facilita regresar y salir de la Isla. Las puertas de Cuba se abren para algunos, pero seguirán cerradas para otros.
Sucede que con la nueva Ley de Inmigración uno se enfrenta a un espejismo. ¿Por qué ? Una de sus caras refleja, ciertamente, una flexibilización importante de las reglamentaciones para salir o ingresar a Cuba. La otra, desgraciadamente, enseña una mueca a disidentes y opositores al régimen.
La administración cubana entiende que hay un contexto propicio para introducir cambios en la Ley de Migración de 1976, “con el objetivo de garantizar que los movimientos migratorios continúen realizándose de forma legal, ordenada y segura”.
En su razonamiento, el régimen de los Castro expone que el gobierno de los Estados Unidos, “ha utilizado históricamente su política migratoria hacia Cuba con fines de hostilidad, subversión y desestabilización, y contra los intereses legítimos de nuestro pueblo y de la propia emigración cubana; y ha alentado, mediante la Ley de Ajuste Cubano y la Política de Pies Secos-Pies Mojados, la emigración ilegal e insegura que ha provocado pérdidas de vidas humanas; la comisión de actos delictivos violentos, la obstaculización de la cooperación médica internacional y el robo de cerebros con objetivos políticos”.
Expuesto lo anterior, el gobierno actual dice que se ven obligados a establecer “a la par de las medidas de flexibilización, determinadas regulaciones que limiten los efectos del citado accionar, así como disponer las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada del país”. Es el trasfondo de esta nueva ley.
A lo largo de su historia moderna, cabe recordar que Cuba ha sufrido significativas crisis migratorias. Médicos, ingenieros, técnicos, deportistas, escritores, cineastas, intelectuales y demás figuras han preferido abandonar el país por diversas razones. Un compendio de imágenes nos trasladan sin dificultad a Camarioca, Mariel o la crisis de los balseros de 1994.
Por una parte, lo que ensaya Cuba con esta nueva ley es normalizar las relaciones con sus emigrados, permitiéndoles regresar al país sin mayores dificultades y por periodos mayores de tiempo. Es lo que el régimen llama “favorecer las vías para una emigración ordenada y segura”.
Reglón seguido, el gobierno de Raúl Castro apuesta por “facilitar los viajes de los ciudadanos al exterior por asuntos particulares”.
No obstante, se debe prestar atención al artículo 23 de esta Ley, cuando dice que “los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional no pueden obtener pasaporte corriente mientras se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos siguientes…”
Y uno de esos supuestos se encuentra en el apartado “d” del artículo 23: “Cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejan”.
Disidentes y opositores políticos como la bloguera Yoani Sánchez, el grupo de las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas podrían ser considerados dentro de la excepción, lo suficientemente arbitraria, floja y ambigua para poder ser aplicada de forma ad hoc a personajes incómodos para la administración cubana.
A pesar de lo anterior, es un avance. La nueva Ley de Inmigración posiblemente no llegue a satisfacer a todo el pueblo cubano, pero es un paso obligado que tuvo que dar Raúl Castro ante la insostenibilidad de la situación por la que atraviesa Cuba.
La nueva ley, al mismo tiempo, es una seña de importancia hacia Washington. Es un ensayo de apertura que quedaría colapsado en caso de que los republicanos ganen la Casa Blanca.
Fuente Radio Nederlands Latinoamérica
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