¿Existe la separación de iglesia y estado en Puerto Rico?

A raíz de la noticia en los medios sobre la demanda de un oficial ateo al Departamento de Policía por obligarlo a orar durante horas laborables, así como la marcha el pasado 17 de febrero en defensa de la familia en el Capitolio, ha resurgido en la isla el cuestionamiento de si verdaderamente se está cumpliendo con la Sección tres del Articulo dos de la Constitución de Puerto Rico, que estipula que “habrá completa separación entre Iglesia y Estado”.

Según el artículo, “Separation of Church and State” del Boisi Center Papers on Religion in the United States, se comenzó a cuestionar sobre la separación entre Iglesia y Estado en la nación norteamericana a partir del 4 de julio de 1776 con la Declaración de la Independencia.

“La historia dice que se remonta en Inglaterra. Los protestantes eran perseguidos por el gobierno que mantenía una visión anglicana y éstos deciden establecerse en las colonias. Los mismos cristianos implantaron la idea de la división entre el Estado y la libertad de ejercer su religión preferida”, argumentó el director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles de Puerto Rico (ACLU), William Ramírez, quien también está involucrado en la demanda del policía ateo en su defensa.

El artículo menciona que a pesar de que en la Declaración, escrita principalmente por Thomas Jefferson, no se ofrece una teoría detallada sobre la separación de Iglesia y Estado, los estudiosos afirman que puede distinguirse una relación definida entre ambos términos. Según el estudio, el escrito de Jefferson explica que “Dios debe ser reconocido como el creador de la humanidad y la fuente de los derechos "inalienables", pero el gobierno debe ser explícitamente humano, no divino, una institución cuya autoridad y el poder se deriva de los propios ciudadanos y no de Dios”. Abraham Lincoln luego utiliza esta cita y cien años después la explica como un “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

“En Estados Unidos la definición entre ambos conceptos no está bien definida, pero en la Constitución de Puerto Rico es bien explícita. En nuestra Constitución dice que habrá completa separación, no a medias. Esto quiere decir que la Iglesia no puede establecer una religión de Estado. Mucha gente dice que en la isla casi todos son cristianos pero porque la gente lo sea, no hace que el país lo sea”, abundó Ramírez.

A partir de diciembre 15 de 1791, se firmó la Carta de Derechos que se convirtió parte de la Constitución de Estados Unidos. La Carta de Derechos o “Bill of Rights” le concedió a la nueva nación norteamericana la libertad de religión, la libertad de expresión y libre asociación, entre otros derechos.

Por otro lado, el pastor evangélico Milton Picón Díaz, también presidente de Morality in Media, expresó, al igual que Ramírez, que los conceptos de separación entre Iglesia y Estado son ambiguos en la Constitución de Estados Unidos.

“(La Constitución de Estados Unidos) Está abierta a interpretaciones. Recién creada la república se creó la preocupación que establece la Constitución sobre el “muro de separación” que estipuló Jefferson en la Declaración de Independencia. Los tribunales norteamericanos se expresaron que debe existir una separación total. Entiendo que el Estado no puede imponerle a la gente, pero la Iglesia puede expresarse sobre sus creencias”, indicó Picón.

Cuando la Iglesia interviene

El pastor mencionó que la Iglesia puede hacer manifestaciones si no está de acuerdo con los valores o criterios que quiere tomar el Estado y defendió su postura con la cláusula de la Constitución de Puerto Rico que establece el derecho del pueblo de ejercer la libre expresión. Diálogo le preguntó sobre su opinión respecto a la marcha a favor de la familia tradicional en los predios del Capitolio el pasado 17 de febrero y Picón argumentó que de igual manera Jesús hizo planteamientos serios y fuertes cuando entendía que algo era injusto.

Ramírez, por su parte, opinó que no tenía ninguna oposición al derecho de los cristianos de protestar porque “es una manifestación cobijada por la Constitución”. Sin embargo, para el director de la ACLU, el problema está en si la legislatura tome medidas solamente por sentirse presionado por la Iglesia.

“Hay gente que dice que si habían 200 mil personas ya eso debe tomarse en cuenta. No, no es así. La Constitución está para proteger a las minorías, no la mayoría. Los legisladores no tienen la obligación de tomar decisiones en base de la mayoría”, denunció Ramírez.  

El caso del policía ateo ha traído controversias, especialmente porque el oficial fue degradado de sus tareas diarias a limpiar carros solo porque se negó a orar con sus compañeros de trabajo en horas laborables.

“Él no tenía que orar. Si soy cristiano puedo orar en mi trabajo, la ley te protege. El musulmán puede pedir un acomodo, ese no es el Estado decidiendo sobre una persona, es el individuo mismo. El Departamento de la Policía es parte del Estado, por lo tanto no puede estar eligiendo una religión sobre otras creencias. Sin embargo, empleados de patronos privados pueden hacerlo porque no son parte del gobierno”, explicó el director de la ACLU.

Picón estuvo de acuerdo con las expresiones de Ramírez y enunció que la agencia gubernamental falló porque nadie puede obligar a otra persona a participar en unas creencias particulares. “Hay personas religiosas y hay personas ateas. (El policía) no puede ser penalizado por sus ideas”, concluyó.

Tolerancia como clave

De acuerdo con Picón, la sociedad debería ser más tolerante. “Yo puedo discrepar de algo con alguien de forma respetuosa sin que me haga sentir mal. En este país, sin embargo, parecería que para tu poder tolerar algo, tienes que aceptar lo que la sociedad dice. Eso no es así. Es poder compartir opiniones y sentarse a dialogar”, comentó.

El pastor evangélico utilizó como ejemplo una invitación que le hizo a la transexual Cristina Hayworth para dialogar. “Uno hablando llega a entender unos puntos. Hablando se entiende, comprendes la historia de la otra persona aunque no estés de acuerdo con su estilo de vida”, mencionó.

Para Ramírez, el problema más grande del gobierno es la poca tolerancia. Por años, según el director, el estado ha discriminado por las creencias de la minoría. Asimismo, exhortó que la sociedad debería ser más tolerantes para evitar caer en conflictos.

“En Puerto Rico no existe la separación de Iglesia y Estado. No se está cumpliendo. Primero el estado y la sociedad debe reconocer que existe un problema grave. Y lo segundo sería comenzar a dejar de orar en las agencias públicas. Como individuo, tú tienes el derecho a hacerlo, pero el Estado no debe impornerlo. La sociedad debe aprender a respetar las creencias individuales”, afirmó Ramírez.

Por otro lado, Picón explicó que el estado ha desarrollado más tolerancia a partir de los años '60. El pastor mencionó que a mitad de los años '80  la legislatura en la isla ha sido “bastante liberal”. Utilizó como ejemplo la ley que se firmó sobre la sodomía consensual.

“La Iglesia expone su punto moral. Si lo legal termina, lo moral no. Sucede con la capacidad moral de la Iglesia con el tema del aborto. La Iglesia orienta y expone su punto de vista e intenta convencer a los feligreses del tema. Pero al fin del día, son los legisladores que toman la decisión. La Iglesia solo ejerce su libertad de expresión”, concluyó. 

Comentarios