Reforma de subsidios: ¿Qué cambia con las tarifas fijas de los residenciales?

Hace mes y medio, Diálogo visitó el Residencial Luis Llorens Torres de San Juan para palpar el sentir de los residentes con respecto al Proyecto del Senado 1256, destinado a reformar los subsidios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Y lo que encontramos fue pura incertidumbre. Claro, también había molestia y sentimiento de lucha de clases, pero todo era a raíz de la incertidumbre con respecto al proyecto, que propone cambios a la tarifa fija de pago de luz, y busca que la AEE y la AAA fijen un plan de pago a los ciudadanos del residencial que mantengan deudas con dichas dependencias.

Teníamos que sentarnos con el propulsor del proyecto, Ramón Luis Nieves, senador por el Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. La profunidad del asunto es abismal, una situación que según indica el legislador, se agravó por los matices político partidistas que cobró y por la apatía de las dependencias en cuestión, desde la propia AEE hasta los departamentos de vivienda, tanto estatales como federales.

A continuación les ofrecemos la primera de dos partes de nuestra frondosa plática con el senador Nieves, quien se mostró cándido ante la inquisición que realizamos.

Diálogo: Saludos senador. Por lo que pudimos ver hace mes y medio, cuando visitamos el Residencial Luis Llorens Torres, hay gran incertidumbre dentro de los residentes con respecto al proyecto 1256. Casi nadie entiende la situación, y al echarle un vistazo nosotros, también vimos que el proyecto carga varias complejidades. En síntesis, ¿qué es lo que propone el proyecto para la población de los residenciales públicos?

Senador Nieves: Saludos a la comunidad universitaria y a los lectores de Diálogo. Primero, es importante que veamos el trasfondo de todo esto y por qué llegamos a esta situación. El proyecto lo radicamos en noviembre de 2014, fue a un proceso de vistas públicas de dos meses, luego al proceso legislativo en 2015. Hemos trabajado intensamente en esto, y de la mano de los propios líderes comunitarios de los residenciales púbicos. Te puedo decir que ha habido un problema con los subsidios de AEE. Con respecto al de los residenciales púbicos, la pasada legislatura creó un subsidio en 2009, aun cuando legislaturas anteriores identificaron que estos subsidios no funcionaban. Y luego de creados, se dieron cuenta que no funcionaba, pero nadie se atrevía a meterle mano al asunto.

En la exposición de motivos del proyecto 1256 indicamos que cuando el senador Roberto Arango trae la propuesta de la tarifa fija en 2009, ya para ese momento en los residenciales públicos nada más había acumulada una deuda de ocho millones de dólares en luz y 14 millones en agua. Cuando nosotros proponemos este proyecto en 2014, la deuda con la AEE había subido de ocho millones a 30 millones y en la AAA de 14 a 50 millones de dólares. Evidentemente este programa de las tarifas fijas no funcionó, se triplicaron las deudas a la AEE y AAA. Pero el por qué no funcionó es importante, porque va más allá de lo que dice la Ley 69 del senador Arango, que aunque no es la mejor ley del mundo, sí pone en acción los poderes de la administración de Vivienda Pública. Entonces, ahí estaba Miguel Hernández Vivoni en aquel entonces, y en este cuatrienio estuvo Gabriel López Arrieta. Y ninguno puso en funciones lo que dice la Ley 69, que, en primer lugar, establece que si tienes un plan de pago y lo incumples hay que cancelar los servicios y se pone bajo lupa el beneficio del contrato de vivienda pública. Nunca se tomó acción para ver que estas deudas se atendieran, se dejó y se dejó acumular. Seis años después, y aún con la legislación que estamos pasando, entendemos que esta deuda de los residenciales públicos no se puede pagar, aun cuando hemos implantado un sistema nuevo en el que los ciudadanos de los residenciales sí van a cooperar, como todos los hemos estado haciendo. Pero yo de todo esto responsabilizo principalmente a los administradores de Vivienda Pública, pues aquí hubo intereses político partidistas. De hecho, ahora Hernández Vivoni corre en primarias para la alcaldía de San Juan y entre sus slogans me han dicho que hay uno que dice “no dejes que te quiten la tarifa fija”, cuando él mismo sabe que esos subsidios no funcionaron de la manera que pretendieron implantarlos. Entonces, por otro lado, tienes los intereses de las compañías privadas en cada residencial. Estos agentes privatizadores no se movieron como deberían, quizás por temor de perder el favor de las comunidades o el favor de la propia agencia.

Combina los intereses políticos de Hernández Vivoni y la manera en que Vivienda Pública eligió violar la propia Ley 69 al no atender las deudas con la apatía también de la AEE y la AAA, que nunca habían querido darle planes de pago a los residentes con deuda y tienes la exacerbación de deuda que existe en estos momentos. Con respecto a esto último, debo señalar que no es secreto que tanto la AEE como la AAA tienen varios problemas. No intervinieron en los referidos que hubo sobre las deudas en los residenciales. Pero, más allá, los propios residentes de los residenciales llevan años señalando irregularidades como errores en las facturas, cobros de más, problemas de infraestructura, situaciones incluso donde las autoridades han incurrido en negligencia. Tanto los residentes como la AEE han señalado también problemas de seguridad que no han sido atendidos. Es más, desde el propio Capitolio hubo apatía, pues en 2011 y 2012 el Senado de Thomas Rivera Schatz hizo unos informes sobre las irregularidades de la Ley 69, adjudicando que nunca funcionó, pero nunca hicieron nada. Estos informes están citados en el proyecto de ley nuevo.

 

Aquí hay una responsabilidad compartida. Está la combinación de la propia negligencia de las dos corporaciones públicas con la falta de acción de la Legislatura, pero también no se puede descartar el incumplimiento ciudadano. Las mismas personas que viven en los residenciales están claros de esto, porque la mayoría busca ponerse al día con su deuda, pero señalan que hay otros a los que no les importa. Y esa situación es de años y nunca se ha atendido. Hay que buscar remedios para la gente que quiere ponerse al día, pero la AEE, la AAA y Vivienda Pública han sido negligentes, tanto al mostrar inflexibilidad para la gente que quiere ponerse al día como a la hora de hacer valer la Ley 69.

Claro, tengo que aclarar que el proyecto 1256 nuestro no solo va dirigido a atender la situación de los residenciales públicos, sino también los subsidios a los hoteles y los de las empresas industriales.

Diálogo: Y en eso entraremos más adelante, porque queremos primero que nos aclares las dudas que existen con lo de los residenciales. Es que son muchas…

Senador Nieves: Sí, estamos conscientes, y por eso, tan pronto entre en vigor la ley intensificaremos aún más el proceso de educación que ya hemos comenzado. Una de las razones principales por la que se propone transformar los subsidios es para que haya acceso a un plan de pago. Es una deuda difícil de pagar, si no impagable, pero la AEE esta insolvente y tiene que comenzar a cobrarle a sus distintos tipos de clientes. Pero vamos más allá, porque la Ley 69 establece que de no pagarse eso puede provocar que se cancelen los contratos y haya desahucios masivos. Entonces, también aquí entra la reglamentación federal de vivienda pública, que establece lo mismo. La intención de nuestro proyecto es evitar que suceda algo así, eso no lo queremos. Basado en todo eso entendí que había que enfrentar el tema de los subsidios energéticos. Tengo la cualidad de que mi distrito también tiene la mayor cantidad de residenciales y debo darle énfasis particular en atender esto, no se puede abandonar al ciudadano del residencial.

Lo que propone el 1526 es eliminar la Ley 69 y poner una nueva ley, estableciendo lo siguiente: se mantienen las tarifas fijas, pero eso estará atado a efectos según los topes de consumo de energía y de agua. Según el apartamento que tenga el ciudadano, ya sea por el número de habitaciones u otros factores, existen en la actualidad unos topes de consumo. No obstante, con el tope de consumo de ahora lo que pagas es cinco centavos por el exceso, eso y nada más. No hay incentivo para que la gente sea prudente en el uso de su energía subsidiada porque cinco centavos no hace mella. Si combinas eso con que no ha habido desconexiones masivas, la gente no se siente incentivada a ponerse al día. Ahora, con el 1256 yo acogí una propuesta de los propios líderes de los residenciales públicos, que mantiene las tarifas fijas, pero el exceso del consumo se va a pagar a tarifa regular, para incentivar que la gente sea prudente. Esta propuesta vino de los líderes comunitarios de los mismos residenciales, entendemos que lo hemos hecho de la manera más responsable posible.

Diálogo: ¿Cuán intenso va a ser este proceso de educación?

Senador Nieves: La ley entra en vigor inmediatamente después que sea firmada por el gobernador, pero ya estamos visitando los residenciales. El mes pasado estuvimos en Llorens Torres y en Manuel A. Pérez. Mi meta es que miles de personas en los residenciales públicos puedan hacer un plan que los propios residentes no pueden pagar, tal y como te lo dijeron en el artículo de Diálogo. Ese abono inicial limita bastante el proceso, y el proyecto 1256 trabaja con eso. Parte del proceso de educación haría hincapié en que los residentes sepan que ahora el depósito inicial para el plan de pago es de 10% de la deuda o $200, lo que sea menor. Si debes mil, pagas $100. Si debes tres mil, pagas $200. Esta medida también fue consultada con los líderes de los residenciales, con la intención de que se hagan planes de pago de forma masiva. Ya cuando tengas los planes de pago, es algo razonable lo que vas a pagar, no será más de diez dólares mensuales. Con esto, el propósito principal es evitar los desahucios, y si aún con esa concesión se incumple se pierde su beneficio. Los subsidios públicos energéticos los pagamos los que no tenemos subsidio. Como te mencioné, en el caso de los residenciales, actualmente la AEE y AAA tiene $80 millones en deudas, que le cuestan no menos de $35 millones a los ciudadanos no subsidiados. La Ley 69 fracasó totalmente, no funcionó.

(Pendiente a la segunda parte de esta entrevista, mañana sábado, cuando el senador habla sobre la privatización de la administración de los residenciales, el sentimiento de choques clasistas entre subsidiados y no subsidiados que existe en la sociedad puertorriqueña a cuenta de la situación y la reforma de subsidios para hoteles y empresas industriales privadas)

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