“No fue posible” firmar el Acuerdo Final con la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), oficializó desde La Habana la noche del 23 de marzo el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle.
No hubo comunicado conjunto de los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega, como es usual. A cambio, cada parte leyó una declaración por separado, sobre la imposibilidad de alcanzar el acuerdo en la fecha límite que se habían dado seis meses antes.
“Subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo”, agregó De la Calle. El gobierno no acepta que las FARC vean el desarme como un “proceso”. Con armas no hay posibilidad de integrarse a la vida civil: la dejación de armas debe ser “sin zonas grises. Sin mezcla de armas y política”, subrayó.
Este jueves 24, el enviado del gobierno alemán en el proceso de paz, Tom König, indicó como nueva fecha para el acuerdo al final de este año. Un lapso que daría espacio para sumar a la negociación y al acuerdo a la más pequeña guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y completar así el círculo de la paz.
Que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC no alcanzaban a poner fin a la guerra de 52 años este 23 de marzo, ya se sabía.
Pero se esperaba algún comunicado conjunto animoso, luego de que el lunes 21 se reunieron en la capital cubana por separado con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien expresó respaldo a la negociación, si bien aclaró después a los medios que las partes “no están listas todavía” para firmar el Acuerdo Final.
Hace dos semanas el gobierno colombiano hizo aprobar una ley sobre la desmovilización guerrillera: durante el alto al fuego bilateral, los rebeldes entregan las armas y se radican en “zonas” rurales de concentración, donde no tendrán efecto las órdenes de captura.
Además, aceptó incluir, como coda fuera de texto, una pretensión del derechista expresidente Álvaro Uribe (2002-2010): la concentración será en lugares aislados, donde no exista población civil.
Para las FARC, esto constituyó un retroceso.
Según el canal latinoamericano Telesur, las FARC aspiran a que les sean suspendidas las órdenes de captura en todo el territorio nacional y a mantener las armas guardadas en contendores dentro de las zonas de concentración, como garantía de que el estado cumplirá los acuerdos.
Quizá por eso terció Kerry en este espinoso tema, cuando anunció que Estados Unidos estaría dispuesto a garantizar la seguridad de los combatientes una vez se desarmen.
Lo pendiente
Según dijo temprano el miércoles 23 uno de los negociadores de las FARC, Pablo Catatumbo (su nombre de guerra), “no hay firma para esta fecha porque no nos hemos puesto de acuerdo”.
“Los retos que estamos afrontando son difíciles, no hemos logrado aún acuerdo sobre asuntos que son vitales para el fin de conflicto”, dijo a un grupo de periodistas, entre ellos de IPS, en La Habana.
“Están de por medio asuntos tan graves como la exacerbación del paramilitarismo. En el último mes ha habido más de 28 asesinatos de líderes populares, defensores de derechos humanos, campesinos, campesinas, que están en la impunidad. Es algo muy preocupante”, detalló.
“Superar el paramilitarismo es el principal reto que tenemos hoy para sacar adelante este proceso”, agregó Catatumbo.
El cese al fuego bilateral incluye “varios componentes y varios puntos en los cuales hemos encontrado algunos acuerdos, y en otros no. Estamos en esa discusión”, señaló al comienzo de la mañana.
“Siempre hemos estado cerca de la población civil. No es concebible que se le pida hoy a las FARC que esté en lugares inaccesibles a la población”, comentó, “pretender impedir nuestra relación con la población es francamente absurdo”, aunque aclaró que tampoco se trata de concentrarse en lugares densamente poblados.
Finalmente, las FARC pusieron sobre la mesa una ruta para el resto de 2016 sobre los complejos aspectos que faltan, que la guerrilla espera sea aprobada en el próximo ciclo de las conversaciones que tienen lugar en la capital cubana desde hace tres años.
También está en discusión la refrendación, con la máxima participación popular, que garantice la seguridad jurídica, la implementación efectiva de todos los compromisos y los mecanismos para el cumplimiento de los acuerdos, según expresó, también desde La Habana, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC.
La transición no solo produce desconfianza en las FARC. También genera miedo en los sectores que obtienen el sustento o que acumulan capital gracias a que hay guerra.
“Diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva”, estimó el 22 de marzo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONUDH) en su informe 2015 sobre Colombia.
Experiencias internacionales de paz hacen prever que cuando un actor armado se esfuma de un territorio, puede generar “vacíos de poder y disputas para controlar las rentas ilícitas” con las que se sostenía, advirtió ONUDH: narcotráfico, captura de recursos estatales, extorsión y minería.
El 23 de septiembre de 2015, Santos y el comandante máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, también conocido como Timoléon Jiménez o Timochenko, se estrecharon la mano, propiciados por el presidente anfitrión Raúl Castro.
Lo que ese día se pactó fue un acuerdo jurídico sobre cómo responderían por sus crímenes atroces los miembros del Estado, de las FARC y más de 10,000 actores privados de la guerra.
Pero el texto necesitó tres meses de perfeccionamiento, que se cumplieron el 15 de diciembre de 2015. Con todo, las prestigiosas organizaciones humanitarias Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron la impunidad que acecha en algunos apartes de sus 63 páginas.
Para la ONUDH, el sistema de justicia para la paz todavía está inacabado y en proceso. Además, resaltó la “necesidad urgente de contar con un mecanismo independiente de protección para los miembros de la fuerza pública que deseen contribuir con la verdad y la justicia”.
Justicia necesita de dinero
Todd Howland, director de ONUDH en Colombia, detectó en sus muchos viajes a terreno que “toda la gente está esperando que el nuevo sistema de justicia toque su caso”.
Es decir, el sistema jurídico integral diseñado en La Habana necesita dinero, enorme capacidad de despliegue operativo y de gestión, transparencia al seleccionar jueces y fiscales, incentivos y garantías para que participen al máximo agentes del Estado, miembros de las FARC y privados.
Hasta 2015 se registraron ante el estado 7,874,201 víctimas. Este tendría que reparar a 6,084,064 personas, equivalente a 12.4 por ciento de la población colombiana. La mayoría son desplazados internos: 6,897,450.
El acuerdo sobre justicia se suma a los ya logrados sobre reforma rural, participación política y drogas ilícitas.
El nudo principal, como dijo Catatumbo, es el paramilitarismo: unas bandas armadas por terratenientes elusivos de la justicia, poderosos y con representación en el congreso, incluso aquellos provenientes de la mafia narcotraficante.
Hace tres años surgió el movimiento político Marcha Patriótica, cuya base social incluye familias campesinas en zonas de guerra. Entre tanto, 112 hombres y mujeres fueron asesinados. Otros 320 han sido detenidos arbitrariamente o mediante montajes judiciales. De estos, 130 siguen encarcelados, según su portavoz Luz Perly Córdoba, invitada a hablar en el lanzamiento del informe ONUDH.
Córdoba indicó que los paramilitares se están reactivando en los 29 departamentos donde Marcha tiene presencia (de los 32 más Bogotá en que se subdivide Colombia).
¿La historia se repite? Tal vez, pero las condiciones difieren.
No solo está desde 1997 la oficina ONUDH, con sus integrantes observando en terreno buena parte de lo que ocurre.
También existe la Corte Penal Internacional, instancia que se activa cuando un estado no puede o no quiere hacer justicia en casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio.
Pero esta negociación con las FARC dio un paso histórico: involucrar una misión política del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para verificar el cese al fuego bilateral y la desmovilización guerrillera y su desarme efectivo.
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