Los tiempos en Puerto Rico son de incertidumbre. Lo que antes hemos dado por cierto e irrefutable ahora está sometido a nuevos cuestionamientos como nunca antes. En el caso de Puerto Rico, parecerían estar sobre el tapete asuntos fundamentales relativos a nuestra capacidad misma de gobernarnos y proteger nuestras poblaciones más vulnerables. Son tiempos en que la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene que crecerse y afirmar su capacidad de contribuir con su entusiasmo, con sus protestas y con sus propuestas. Todo ello enmarcado en una ética estricta de respeto a la diferencia y de apego a nuestra función fundamental de crear y difundir el conocimiento.
En el Recinto de Río Piedras hemos recibido esos retos con aplomo y determinación. Hemos desarrollado una política de puertas abiertas, de diálogos constantes y de no confrontación. No es éticamente permisible, ni institucionalmente correcto, dilucidar nuestras diferencias mediante violencia e insultos. Algunos confunden esa capacidad de diálogo y concertación con debilidad. Se equivocan. La comunidad universitaria es rebelde, activa y fogosa, pero su capacidad de unirse para defender el bien común no debe ponerse en duda.
Nuestra gigantesca crisis fiscal ha sido, concretamente, objeto de foros, debates, publicaciones y discusiones públicas en varias facultades. Ha prevalecido, como debe ser, un pluralismo amplio de opiniones y valoraciones, algunas de ellas extremadamente críticas. Esa diversidad la hemos protegido como nuestro bien más preciado. De esos diálogos valoro especialmente las contribuciones de aquellos que promueven políticas públicas que se distancien de políticas de austeridad que tienen como efecto hacer la crisis más profunda y más dañina para los sectores trabajadores y pobres. De esos experimentos neoliberales ya tenemos una lista de fracasos muy amplia en nuestra región. En este sentido me parece saludable comenzar una reflexión pública sobre cómo proteger la institucionalidad pública de Puerto Rico de aquellos que desean proteger sus intereses particulares aunque ello aumente la desigualdad social en Puerto Rico.
Nuestro compromiso con este diálogo público universitario parte de una larga tradición universal de la que nos nutrimos y de la que nos sentimos orgullosos de formar parte. Ese diálogo riguroso ha trascendido nuestros linderos geográficos para incluir un diálogo amistoso con intelectuales como Leonardo Padura y Antonio Skármeta, el filósofo español Fernando Savater, y otros que nos visitaron hace poco. Creemos en una universidad abierta, conflictiva y creativa, rebelde y trabajadora, amable y firme. Al proponer desarrollar una actividad y proyección caribeña e internacional nos mueve servir de agente catalítico que promueva nuevos encuentros y dinámicas colaborativas entre Puerto Rico y el mundo.
La Universidad, desde mi óptica, no puede permanecer al margen de los debates actuales del país que obligan a repensar nuestras formas de gobierno para acercarnos a la gobernanza participativa. No debe dejar de pensar y proponer formas de acercar la academia a nuevas estrategias de apoderamiento comunitario y dirigidas a insertar a Puerto Rico en un complejo panorama internacional para hacer que pueda valerse por sí mismo sin humillaciones y chantajes. En esta dirección se ha realizado mucha labor pero se puede, se tiene, que hacer más. Ello no implica, por otro lado, que vamos a sustituir el cálculo contable por el académico. Por eso promovemos una universidad activa en su producción científica y literaria, artística y humanista con los recursos suficientes para realizarlos. En esta crisis la Universidad debe verse como lo que es: un recurso para superar la crisis, no como otro problema de la crisis.
En este momento crítico la sociedad puertorriqueña exige mucho de nosotros y nosotras: una ética solidaria, una obra creativa sólida y respetable, y una dedicación continua a la enseñanza. Nos exige también que valoremos el inmenso sacrificio que realiza el pueblo de Puerto Rico para proveerles una educación de bajo costo a todos los estudiantes. En Puerto Rico hemos defendido el principio de que la educación universitaria tiene que ser accesible. Nos hemos negado a privatizar los costos de la educación mediante el endeudamiento privado de los estudiantes y sus familias. Ello se ha logrado por una generosa contribución del estado que muchas veces menospreciamos.
Todos los que pagan contribuciones día a día, ya sea mediante impuestos al consumo o mediante contribuciones sobre ingreso, son socios activos de nuestra gestión. A ellos les debemos esforzarnos cada vez más por el logro de una administración eficiente y bien estructurada. En esta área podemos hacer más para estirar cada dólar provisto por el gobierno y sin el cual esta universidad no podría existir, lo que fortalecería a su vez los procesos de acreditación en curso. Ya hemos logrado reducciones de costos sin afectar la oferta académica, pero tenemos que seguir en esa ruta.
No es tiempo de promover un elitismo mediante el cual la Universidad, o nuestro Recinto en este caso, sea zona de exclusión de las vicisitudes que padecen, o que comenzarán a padecer en este momento tan delicado de nuestra historia, amplios sectores pobres que constituyen la mitad de nuestra población. Mientras defendemos los recursos necesarios para realizar nuestra labor dignamente, y lo estamos defendiendo, tenemos que mostrar empatía y consideración con el otro que sufre y padece porque su vulnerabilidad lo hace ahora sujeto de prácticas especialmente injustas. Las necesidades de la universidad son tan importantes como otras necesidades sociales, pero no superiores. Somos todos y todas sujetos de una lucha de derechos humanos por alcanzar niveles de dignidad humana que, hasta ahora, nos han eludido como conjunto social. Esa es, dentro mi perspectiva, la función esencial de nuestra universidad pública en este momento de grave incertidumbre.
Los recursos amplios y generosos que se han puesto en nuestras manos tienen que estar hoy, más que nunca, en la dirección de colaborar más activamente en la confección de un mapa inclusivo y solidario para superar una de las crisis políticas, económicas y sociales más agudas que hemos experimentado en décadas. Nuestro compromiso tiene que estar del lado de la inclusión y la equidad. Esa es nuestra misión como comunidad universitaria.
Mantengamos abierto el diálogo constructivo para no decepcionar a la sociedad que nos apoya y nos valora y nos está mirando para ver si vamos a estar a la altura de lo que se requiere. Aunque tenemos tasas relativamente altas de graduación y retención, tenemos que esforzarnos en esta área. Aunque hemos aumentado el número de solicitudes de ingreso, el esfuerzo por reclutar estudiantes de escuelas públicas tiene que ser aún mayor. La agenda de promover un emprendimiento socialmente responsable y diverso está sobre el tapete y requiere apretar el paso.
En este momento tan especial le pedimos a todos los sectores que nos activemos críticamente en un proceso continuo de repensar la universidad mediante la más amplia y excelente actividad académica y creativa. Si ponemos ese empeño, y yo apuesto a que lo vamos a continuar haciendo, recibiremos el apoyo generoso del pueblo puertorriqueño con su voto de confianza. Así podremos realizar la labor de transformación educativa, esencial e indispensable, como pilar para todas las otras innovaciones urgentes que hay que realizar desde una óptica participativa y solidaria y desde una ética de trabajo constante e incuestionable.
El autor es rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es catedrático en el Departamento de Geografía y posee un doctorado de la Universidad de Humblot de Alemania.
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Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
