Los derechos humanos reclamados en Washington

El Informe Deuda, Política Fiscal y Pobreza (disponible en www.derecho.inter.edu) fue un proyecto hecho gratuitamente por más de 30 profesionales, quienes sacrificamos lucro y ocio para revelar el impacto de las políticas fiscales de los últimos 15 años sobre los derechos humanos.

Fue una concertación de la sociedad civil lograda aún con las diferencias. Por ejemplo, hubo quien planteó no pagar nada de la deuda, donde una perspectiva menos radical era “neoliberal”, mientras unos afirmaban que la deuda era completamente pagable, tachando de “radicales” posturas menos extremistas. Gracias al liderazgo y coordinación de las licenciadas Annette Martínez y Eva Prados, ambas especialistas en derechos humanos, se lograron consensos: moratoria y auditoría a la deuda para cuantificar la parte ilegítima (emitida fuera de los límites constitucionales o mediante fraude) y reestructurar la parte legítima, diferenciando por el tipo de descuento que obtuvo el acreedor (ejemplo, fondos buitres vs. cooperativas). Esta fue la propuesta central llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Congreso, el Departamento del Tesoro y la American University.

¿Qué se logró en siete meses?

Analizar la crisis desde una perspectiva de derechos humanos y su impacto en la pobreza ante organismos y medios internacionales, contrarrestando la perspectiva de los bonistas que ha dominado el debate.
Unir el activismo solidario de la diáspora con una coalición amplia de la sociedad civil local.
Desmitificar: la corrupción como causa primaria a esta crisis (fue un factor exacerbante, no el principal), los aspectos constitucionales inaplicables (más del 70% de la deuda no le aplica la prioridad de pago constitucional) y la necesidad de una junta estadounidense.
Asignar las responsabilidades del gobierno estadounidense (al destruir la economía local sin esperar por un plan alterno y al bloquear la reestructuración de la deuda) y del local (negarse a auditar la deuda, bloquear el acceso a la información y priorizar la deuda sobre los derechos humanos).
Lograr apoyo internacional: el mismo CIDH pidió visitar la Isla.
Clarificar que los derechos humanos de la mayoría supeditan los derechos contractuales de unos bonistas.

En mi caso, enfaticé que la Junta Federal aumentará la pobreza (aumentó en Washington D.C. cuando la implantaron) y que una solución es el desarrollo económico (no bajar el salario mínimo ni la austeridad). Con desarrollo económico ganan hasta los bonistas (se recaudaría lo suficiente) y los Estados Unidos (bajaría la migración y aumentarían las importaciones). Argumenté que el Ejecutivo federal puede actuar sin el Congreso: endosando unos bonos para intercambiarlos favorablemente por los bonos emitidos, formalizando el impuesto a las foráneas y pidiéndole a la Reserva Federal que refinancie parte de la deuda con una moratoria e intereses bajos. Afirmé que el argumento del “precedente” no lo consideran cuando quieren (cuando ayudaron a los grandes bancos privados). El ejecutivo federal no quiere esas medidas extraordinarias (a pesar de aceptar que nuestra crisis es extraordinaria) y prefiere cambiar cosméticamente el proyecto de Ron Bishop, sin siquiera exigir medidas de desarrollo económico o la auditoría de la deuda.

Ante este escenario, creo que las mejores estrategias son: formar una crisis al mercado de bonos municipales al contagiarlos con una moratoria de pagos de la deuda, apoyar la diáspora para que congresistas demócratas no voten por una junta austera e informar al pueblo para que exprese su indignación con las políticas locales y federales.

No tenemos que pensar igual sino empujar igual. Miembros del Ejecutivo federal plantearon privadamente que si la situación es tan grave, porqué la ausencia de protestas. Ya comenzamos en foros federales e internacionales y protestando frente a Casa Blanca. Hay unas peticiones en www.change.org y una protesta el domingo 1 de mayo.

Ojalá nos unamos como con Vieques.