El nuevo Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, que entrará en vigor el 5 de junio, buscará combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y exigirá a los gobiernos que inspeccionen los buques extranjeros que atracan en sus puertos.
“Los barcos tienen la obligación de probar que su situación y la captura que tienen a bordo es, de hecho, legítima”, dijo a IPS el experto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Matthew Camilleri.
“Si hay temporada de veda para la pesca del pez espada y un barco llega con pez espada, va contra el plan de gestión y, por lo tanto, es ilegal”, ejemplificó.
Pero la ley solo resolverá de forma parcial el problema de la disminución de las reservas de peces, pues los gobiernos serán los que sigan fijando las cuotas por encima del nivel sostenible, puntualizó Elizabeth Wilson, directora de política internacional de océanos, del Pew Charitable Trusts, en diálogo con IPS.
Una de las especies más perjudicadas por la mala gestión es el atún de aleta azul del Pacífico sur, cuya población actual representa 2.6 por ciento de su volumen histórico. A pesar de su drástica disminución, los gobiernos siguen fijando cuotas altas, por encima de las recomendaciones científicas, se lamentó.
“Lo siguen gestionando con volúmenes superiores a la recomendación científica y no hacen más que ver el declive de algunas de esas especies, sabiendo que deben cambiar, pero incapaces de tomar las difíciles decisiones para hacerlo”, añadió.
Una vez fijadas las cuotas, los gobiernos deben asegurarse de adherir a ellas, pero eso tampoco ocurre, acotó Wilson. Una forma de no respetarlas es por la pesca ilegal, no declarada ni reglamentada que, según la FAO, representa 26 millones de toneladas de pescado, que ascienden a casi 23,000 millones de dólares capturados al año.
Fueron 57 países, incluidos los de la Unión Europea (UE), los que suscribieron el acuerdo, lo que, según Camilleri, quiere decir que al menos los barcos que pescan de forma ilegal tendrán que viajar más lejos para desembarcar la captura o recargar combustible.
El tratado “puede llegar a ser muy efectivo mientras se sumen la mayor cantidad de países, tantos que las puertas queden cerradas, y cumplan con el compromiso contraído”, precisó.
“Los barcos tienen que llegar en un momento u otro al puerto, por lo tanto en vez de perseguir a los tipos malos en alta mar, lo que puede ser costoso, esperas a que lleguen al puerto, es más rentable y eficiente”, añadió.
Pero regular la pesca ilegal puede resultar bastante difícil para algunos países en desarrollo, apuntó Camilleri.
Los países más vulnerables a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada son las naciones en desarrollo que no tienen recursos adecuados o conocimientos de combate, monitoreo o control, indicó.
Por eso, la FAO se propone aumentar el trabajo con esos estados para ayudarlos a mejorar la regulación de la pesca ilegal, aunque eso queda sujeto a los fondos disponibles, advirtió.
Además, las naciones en desarrollo pueden ser las más perjudicadas por la sobrepesca.
Los estados insulares del Pacífico son particularmente vulnerables a la sobrepesca, precisó Wilson, pues muchos países mandan sus pesqueros bien lejos de sus costas para explotar los recursos de alta mar.
“Los isleños del Pacífico están culturalmente muy vinculados al océano y desde hace tiempo dependen de él; es un recurso muy importante para ellos”, recordó. “Es una fuente de ingresos, de alimentos y un estilo de vida”, remarcó Wilson.
La actividad pesquera también se industrializa cada vez más en cuanto a su volumen, y muchos pescadores artesanales son testigos de la desaparición de su fuente de ingresos.
“Definitivamente para los pescadores de pequeña escala existe el riesgo de que desaparezcan los peces, pero si hacemos una gestión sostenible de algunas especies, nos aseguramos de que sigan allí para que las próximas generaciones puedan seguir pescando”, añadió Wilson.
Las reservas pesqueras globales también están bajo presión por las malas prácticas de la industria, acotó Camilleri.
“Hay un gran desperdicio en la pesca, básicamente porque se descartan muchos peces que no tienen mucho valor”, explicó. “Las naciones en desarrollo tienen que estar mejor capacitadas y en mejor lugar para utilizar casi 100 por ciento de lo que capturan”, añadió.
Los desechos marinos son otra amenaza a las reservas internacionales de peces.
Según un informe divulgado en marzo por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, algunos especialistas estiman que la presencia de plástico en el océano superará en 2050 al volumen de peces. Estos también mueren por la pesca fantasma, cuando quedan atrapados en redes y aparejos descartados, precisa.
Las Medidas del Estado rector del puerto también ayudarán a los gobiernos a detectar otras actividades ilegales realizadas en los barcos, añadió Camilleri.
“Ofrecerá una oportunidad para inspeccionar las condiciones de trabajo a bordo, por ejemplo, y uno podrá comprobar si hay trabajo forzado o se contrabandean otros productos. Muchos barcos ilegales no declarados ni reglamentados trafican droga, armas o personas”, precisó.
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