El presidente del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, Guillermo Guasp Pérez, denunció que el atraso en la publicación del informe de las becas presidenciales puede tener el efecto de que prescriban los alegados delitos cometidos en el proceso de otorgarlas.
“Hemos visto como desde el primer día que se denunció el esquema de las becas presidenciales se trató de proteger a ciertos funcionarios universitarios que usaron las becas presidenciales para beneficiar a sus amigos y familiares. La segunda parte de esa estrategia fue dilatar el informe para ver si se olvidaba y la comunidad universitaria no reclamaba acción. La tercera parte de esa estrategia fue no divulgar el informe, mientras se castigó al estudiantado por haber denunciado la aparente corrupción en la otorgación en esas becas. Y la última pieza en este rompecabeza es ver si algunos de esos delitos prescriben”, denunció Guasp Pérez mediante un comunicado de prensa.
El estudiante hizo énfasis en que no se justifica la lentitud en tomar acciones cuando de la investigación desarrollada por tres abogados seleccionados por la Junta de Gobierno, surge que hubo violación a las leyes y reglamentos.
“La comisión investigadora, integrada por el licenciado Samuel Céspedes Soto, licenciada Dora Monserrate Peñagarícano, y el licenciado Juan A. Casillas Fernández, señaló en la transmisión de la reunión de la Junta de Gobierno que como resultado de su investigación pudieron demostrar que hubo incumplimiento con los reglamentos universitarios, con las leyes, y claros privilegios concedidos a los becarios de Río Piedras. Sin embargo, la Junta de Gobierno decidió actuar con la mayor tranquilidad en el proceso lo que puede ser adjudicado a un interés de encubrir los delitos señalados por la comisión investigadora, en especial cuando está cerca de haber pasado un año de haberse dado el proceso irregular de las becas presidenciales ¿Acaso no les preocupa que la UPR esté siendo dirigidas por personas que violaron la ley?”, cuestionó el estudiante de Economía que finaliza su término este próximo jueves.
Finalmente, Guasp Pérez destacó que le parece inconcebible que el presidente de la UPR, el doctor Uroyoán Walker Ramos, sea quien recomiende personas para ocupar la Junta de Gobierno de la institución sin que se haya tomado una decisión final sobre la investigación en curso.
“Mientras se da el asunto del posible encubrimiento, se está utilizando el tema del aumento en la matrícula para que el presidente de la UPR seleccione a personas de su confianza para que sean miembros de la Junta de Gobierno. Estas personas serían quienes determinarían las acciones que se van a llevar a cabo producto de la investigación en la que posiblemente está implicado. Eso es un conflicto ético craso y merece el mayor repudio del país”, puntualizó.
A juicio del representante estudiantil, la situación en la Universidad de Puerto Rico “es insostenible” y requieren de acciones que garanticen la mayor transparencia. Por esa razón insistieron en que se debe publicar el informe de la investigación de las becas presidenciales de forma tal que se pueda ser transparente y no se encubran a funcionarios públicos que le fallaron al país.
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