Líder singular, con tintes de heroísmo, de una generación política en extinción en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta dos procesos judiciales que pueden poner fin a su carrera.
La erosión de su popularidad por los escándalos de corrupción que arruinaron el sistema partidista, especialmente su Partido de los Trabajadores (PT), no ha extinguido su liderazgo, ni la posibilidad de recuperar el respaldo de amplios sectores de la población, indican encuestas recientes.
Su nueva candidatura a la presidencia en 2018, con probable éxito ante la inexistencia actual de oponentes a su altura, es un sueño personal del PT y de otras fuerzas de izquierda, que la justicia puede desvanecer.
Acusaciones del PT alegan que el Ministerio Público Federal (fiscalía general) y los jueces que investigan a Lula actúan en alianza con la derecha, que ya triunfó, al lograr abrir en mayo el proceso de destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, que el parlamento concluiría este mes o a comienzos de septiembre.
Lula, quien gobernó el país entre 2003 y 2011, es investigado por supuestamente haber recibido favores de constructoras involucradas en las multimillonarias desviaciones de recursos de la corporación petrolera estatal Petrobras. Además, el 29 de julio, otro tribunal decidió enjuiciarlo por el cargo de intento de obstrucción de las investigaciones sobre ese escándalo, que ya involucra a más de 200 empresarios y políticos.
La presión judicial sobre Lula “busca impedir su candidatura en 2018, pero tiene consecuencias más profundas. Intensifica la polarización y radicalización política que pueden llevar a una situación como la argentina, de peronistas a antiperonistas”, teme Fernando Lattman-Weltiman, profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
“La destrucción sistemática de líderes políticos produce inseguridad, por involucrar instituciones que deberían ser apartidarías, como el Ministerio Público, y la justicia. No importa que sus decisiones sean correctas, están marcadas por el contexto polarizado, a cualquier actitud se le mira con un sesgo partidarizado”, explicó a IPS.
“Así la legitimidad de todo sufre una corrosión, en un círculo vicioso, un túnel sin fin. La misma imagen del Supremo Tribunal Federal (STF) ya está comprometida, arañada por algunos fallos”, acotó el profesor de ciencias políticas.
La percepción de que Lula es perseguido por la llamada operación Lava Jato (autolavado de vehículos) gana adeptos, especialmente entre sus partidarios, desde marzo, cuando fue sometido a una detención coercitiva para interrogarlo –una medida restringida a quienes se resisten a la autoridad-, y se grabaron y difundieron diálogos telefónicos con Rousseff.
Las dos medidas adoptadas por el juez federal Sérgio Moro, que con base en la sureña ciudad de Curitiba conduce la operación sobre la red de sobornos establecida desde Petrobras, fueron consideradas ilegales o inadecuadas por numerosos juristas, incluso miembros del STF.
El expresidente recurrió al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 28 de julio para denunciarse víctima de violaciones de garantías fundamentales en las investigaciones en su contra. El recurso se basa en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos , adoptado por la ONU en 1966 y que Brasil ratificó en 1992.
Los abogados de Lula consideran que el juez Moro violó varias disposiciones del Pacto sobre detenciones arbitrarias: la presunción de inocencia hasta la condena judicial, interferencias en la privacidad y el derecho a un tribunal imparcial.
El temor a arbitrariedades del juez, que mantiene a decenas de acusados sin condena, fue lo que llevó a la presidenta Rousseff a designar a Lula como ministro de la Casa Civil (gobernación) en marzo, dos meses antes de que el parlamento le abriese a ella un juicio político por alegadas irregularidades fiscales.
Los tribunales suspendieron el nombramiento ante sospechas de que se trataba de una maniobra para obstruir el proceso contra Lula, ya que los ministros solo pueden ser investigados y juzgados por el STF. Agravó la situación de Lula, en lugar de protegerlo.
La acusación de obstruir a la justicia lo convirtió ahora en un reo.
Lula habría ordenado a un senador del PT sobornar al exdirector de Petrobras, Néstor Cerveró, para evitar su colaboración con la justicia y las consecuentes revelaciones sobre la corrupción en la empresa, encabezada por dirigentes de varios partidos y grandes constructoras.
El plan fracasó. El ahora exsenador Delcidio Amaral fue detenido en noviembre de 2015 por proponerle una fuga del país a Cerveró, en un diálogo grabado y entregado a la policía. Luego se acogió a la llamada “delación premiada”, que reduce las penas a cambio de acusar a otros implicados en un caso, y denunció a Lula.
Como enjuiciado, junto con Amaral y otros cinco reos, por un tribunal de Brasilia, y no de Moro, Lula parece tener una condena asegurada.
Una ratificación de esa más que probable condena en primera instancia por un tribunal superior antes de 2018 lo inhabilitaría como candidato a la presidencia, por una reciente ley que hace inelegible a los que tienen “ficha sucia”.
El expresidente afronta también investigaciones de fiscales y policías orientados por Moro, sobre favores que le prestaron grandes constructoras, que ya reconocieron haber desviado mucho dinero de proyectos de Petrobras y se aprestan a revelar todo.
Esas empresas hicieron costosas reformas en un departamento playero y una casa de campo que el Ministerio Público sospecha que son propiedad de Lula, aunque están a nombre de terceros.
El cerco se cierra contra el antiguo obrero, hijo de campesinos que migraron del nordeste a las afueras de la metrópoli de São Paulo en los años 50 para huir de las sequías y la miseria.
Su biografía, de trabajador infantil a obrero metalúrgico que perdió el dedo meñique de la mano izquierda en un torno, para ser luego líder sindical, fundador del PT y presidente más popular de Brasil, compone una hazaña mítica que, sumada a sus políticas de reducción de la pobreza, difícilmente borrarán tropiezos judiciales, ya matizados por su defensa.
“Fue el único líder que pudo haber hecho las reformas que Brasil tanto necesita, como la política, la tributaria y la de leyes laborales. Tenemos demasiados impuestos, un sistema político que no funciona y estimula la corrupción”, lamentó Doubel Macedo, veterano ingeniero químico de una empresa de construcción y petróleo.
Durante sus dos mandataros cuatrienales, “Lula contó con el mercado a favor, la economía creciendo con el alto precio de los productos básicos, hasta los empresarios lo apoyaban, era casi una unanimidad nacional con fuerza para transformar el país y superar las trabas al desarrollo”, opinó a IPS.
No hay otros líderes de su nivel actualmente, señaló el ingeniero, destacando que no es petista ni izquierdista.
Con su ausencia y la proscripción de otros dirigentes de “segunda línea”, casi todos acusados de corrupción, se corre el riesgo de que sea elegido en 2018 el polémico expresidente Fernando Collor, quien en 1992 se convirtió en el primer mandatario destituido en el país, advirtió.
