Un grupo de activistas se apostó en la mañana de hoy, viernes, frente a la entrada de las oficinas del Banco Popular en el Viejo San Juan, en búsqueda de bloquear el paso a la entrada de las puertas principales del edificio mediante desobediencia civil.
La convocatoria surgió desde el Campamento Contra la Junta, que ubica en la afueras del Tribunal Federal, en la Avenida Chardón de Hato Rey.
La manifestación es la más reciente de varias actividades en las que se lleva la protesta a las instalaciones de las instituciones financieras, como sucedió hace dos semanas en el edificio de UBS, en la Milla de Oro, en Hato Rey.
Se registraron momentos tensos en el inicio de la protesta, cuando un cliente intentó entrar y rompió parte de la puerta de cristal que da acceso principal al edificio. Más tarde, integrantes de la manifestación identificaron a esta persona como Cyril Meduña, director de una firma de capital de riesgo (venture capital) y esposo de María Luisa Ferré Rangel, presidenta de GFR Media.
Los manifestantes intentaron hacer una querella respecto a esto pero, de acuerdo con la licenciada Mariana Nogales, quien único puede hacerlo es la responsable de la estructura.
Según presenció Diálogo, dos docenas de manifestantes se distribuyeron en desobediencia civil, sentados en ambas puertas principales del edificio. Previo a la manifestación, el grupo envió un comunicado de prensa en el que explicaron las razones de la protesta.
“Con la aprobación de la Ley PROMESA y la pronta imposición de una Junta de Control Fiscal se continuará la tendencia política de los pasados años de desmantelamiento de servicios públicos, violación de derechos sociales y humanos, y de crisis artificiales que ponen en juego los bienes públicos y el ambiente. Todo esto con el pretexto de pagar una deuda pública impagable, ilegítima e ilegal. Por años, funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) han sido asesorados por personas poderosas dentro del sector financiero que han recomendado una serie de medidas de privatización y de apretones de cinturón para las mayorías sociales”, indicaron.
Aludieron a que las pequeñas minorías poderosas del sector financiero se han beneficiado de la crisis social y económica que atraviesa el país. “El Banco Popular ha sido una de esas empresas que se han beneficiado de la crisis, al mismo tiempo que su presidente, Richard Carrión ha recomendado políticas públicas que precarizan las condiciones de vida de las personas”, afirmaron en el comunicado de prensa.
Señalaron a Carrión porque según ellos “ha estado involucrado en la privatización de la Telefónica, el aumento del IVU, el desmantelamiento del sistema de retiro de las y los empleadas/os públicos, y los aumentos en las tarifas de agua, luz y peajes”.
Además, dijeron, que “el empresario apoya la Junta de Control Fiscal y las leyes 20 y 22, que establecen exenciones contributivas a los millonarios que se establezcan en la isla; ambas medidas que debilitan la capacidad de recaudación del Estado y ponen un mayor peso contributivo a quienes menos tienen”.
“Estos tipos de esquemas de asesoramiento han sido los que llevaron a la crisis de hipotecas del 2008, donde el millonario ejecutivo de Paulson & co., John Paulson estuvo involucrado. En el Puerto Rico Investment Summit, el ahora presidente del BGF, Alberto Bacó, el presidente del Popular Inc., Richard Carrión y Paulson dialogaron sobre los supuestos beneficios de estas leyes para el desarrollo económico”, puntualizaron en la misiva mediática.
Se informó que el banco está ofreciendo sus servicios a través de una ventana del edificio porque de acuerdo con una de sus empleadas “esos son nuestros clientes y les tenemos que dar el servicio”.
Según Jaqueline Rodríguez, recepcionista del Banco Popular, cuando suceden estos eventos el banco suele reubicar a sus empleados a la sucursal más cercana. Este es el mismo procedimiento que siguen cuando se va la luz.
“Todos los empleados del banco están adentro y nadie trajo almuerzo porque se supone que hoy tuviésemos un almuerzo especial. Yo me quedé afuera porque tenía cita”, explicó Rodríguez.
Los manifestantes anunciaron que estarán allí hasta las cuatro de la tarde. “Si nos cierran el país, les cerramos los bancos”, gritaron a coro.