Las computadoras de cientos de oficinas de Puerto Rico se apagaron, el tren urbano se quedó a mitad de camino y un hormiguero de carros se taponó en las principales vías del área metropolitana.
El pasado miércoles un apagón de escala histórica dejó a los 1.475 millones de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin servicio, y a 250 mil clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sin agua. Habían pasado 36 años desde la última vez que un suceso similar ocasionara que el país se detuviera en un mar de incertidumbre y desespero por falta de luz.
Durante años, la corporación pública —que arrastra una deuda de alrededor de $9,000 millones— ha estado bajo escrutinio debido a su poca inversión en el mantenimiento de su infraestructura, el alto costo de inversiones inconsecuentes y el mal manejo de sus finanzas.
Sin embargo, llegar a una interrupción total de su distribución de energía parecía un norte con poca probabilidad. Pero, pasó. Un incendio en la central Aguirre en Salinas afectó dos líneas de transmisión de 230 mil voltios haciendo que los sistemas colapsaran.
Si bien 24 horas después no dan para medir el impacto económico de esta situación (al menos en cifras) dos economistas consultados por Diálogo coincidieron en que este suceso tendrá consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Esto, tomando en cuenta que en la isla la actividad comercial produce aproximadamente $400 millones diarios, según expresó en su cuenta en Twitter el economista Gustavo Vélez.
Por su parte, el también economista Alfredo González explicó que este apagón tiene un impacto directo en los negocios del país que están recibiendo una inyección de capital inusual, pero, al mismo tiempo, representa un escollo para el bolsillo de los ciudadanos.
“Esto [el apagón] tiene un impacto directo en un hogar en pérdidas de alimentos que se deterioraran por la falta de refrigeración, que eso es un costo considerable dado que dentro de los congeladores se dañan los productos. Las interrupciones de producción que ocurren por las suspensiones necesarias de talleres de trabajo que al no tener energía eléctrica cierran, como las oficinas de servicios públicos que se traduce en un costo social. Es una pérdida que ya definitivamente no se puede reparar”, expresó el experto.
Consideró que, a esos costos inmediatos y directos, se añaden también una sensación de pérdida de estabilidad económica y de visión a futuro, pues “pareciera que nos movemos a una sociedad de incertidumbre mayor de la que estuvimos en las décadas pasadas”.
“Estamos entrando en el umbral de un Puerto Rico que ya no tendrá estabilidad en el progreso que tuvo en las décadas previas. Me parece que ese es un efecto grande, porque ese es un aspecto de incertidumbre para los inversionistas y para la gente decidir si se queda en Puerto Rico”, sostuvo.
Para González, este tipo de situaciones podría llevar a que, posteriormente, más personas decidan irse de la isla, debido a la inestabilidad que produce perder uno de los servicios básicos que consume. Este efecto se sumaría a la amplia pérdida de residentes que ha tenido el país que en 2015 perdió 71,297 puertorriqueños, según datos del Negociado de Estadísticas de Transporte (BTS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Con él coincidió el también economista José Alameda, quien apuntó, además, que este apagón dejó también en evidencia la disparidad de clases sociales que existen en Puerto Rico, con gente más afectada que otras en términos de calidad de vida en medio de situaciones críticas.
“Aquí tú ves la desigualdad social y económica, porque aquellos que tienen más recursos para invertir en plan alternativo o sustituir la dependencia en la energía de la AEE, no se van a ver afectado. El problema es que se va a revelar el problema de clases sociales. Gente que tenga dinero y capacidad para moverse a un hotel para dormir, para tener una planta eléctrica”, reflexionó. Claro, se trata de la materialización de un esquema sabido, ya que en 2015 el Negociado del Censo de Estados Unidos había revelado que el 43% de los puertorriqueños vive bajo el nivel de pobreza.
Golpe a la inversión
Para ambos expertos, la proyección de un sistema eléctrico inestable también conlleva serias repercusiones para el sector comercial del país y las potenciales inversiones futuras en las industrias locales.
Alameda mencionó que este acontecimiento proyectará inseguridad en el manejo de las operaciones energéticas, lo que creará dudas en inversionistas que deberán poner más capital para prevenir golpes en sus inversiones.
“La proyección es que si yo quiero montar un negocio, tengo que tener una planta eléctrica sólida que me provea la estabilidad de un backup, y eso conllevará una inversión adicional. Más allá de la inversión, el problema será en la tasa del retorno de inversión y el riesgo”, precisó el economista.
En efecto, ayer la Coalición del Sector Privado, que reúne a varias organziaciones comerciales de Puerto Rico, manifestó preocupaciones respecto al impacto que tendrá este apagón y lo que este suceso evidencia respecto a la administración de la AEE.
“Debemos aprender de las lecciones de otras jurisdicciones. Luego del huracán Sandy, la ciudad de Nueva York entendió que su sistema no estaba apto para atender los reclamos del siglo 21 y esta emergencia ayudó a mejorar su sistema eléctrico, gracias en gran parte al envolvimiento del sector privado. La tecnología y la voluntad financiera del sector privado están listos para ayudar a suplir las necesidades energéticas del país en coordinación con la AEE. Sin embargo, hay que atender inmediatamente el marco legal del proceso de reestructuración para que no obstaculice la generación distribuida base y renovable”, expresó Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales, ayer durante una conferencia de prensa.
Crítica la situación en la AEE
Para los expertos, es inevitable pensar el apagón del miércoles sin reconocer la situación crítica que enfrenta la corporación pública en el manejo de sus inversiones, sobre todo, en el marco de los acuerdos y negociaciones para la reestructuración de su deuda.
En 2015, la AEE llegó a un acuerdo con el grupo de bonistas Ad Hoc, una de las compañías aseguradoras y los bancos, logrando una prórroga de cinco años al principal de su deuda. A cambio, la corporación se comprometió a incluir un mecanismo de identificación de la partida que se cobraría a los clientes y que se utilizaría para el pago de los intereses de la deuda. Esto conllevó la revisión tarifaria de los abonados en agosto con aumento de 1.299 centavos el kilovatio.
“A mi modo de ver, la forma en la que se llevaron los arreglos de reestructuración, que fueron menos que óptima, les restó capital a la autoridad de sus recursos para poder hacer inversiones en mejorar a las plantas. Hay un elemento que no se discute mucho y es el hecho de trabajar con una reservas más altas para reducir el riesgo de colapso en el sistema. Todo esto ha tenido un efecto negativo, porque los costos que se destinan ahora al pago de la deuda por obligación de las reestructuración es un costo que tú no tienes para poder realizar esas mejoras que te saldrán más caras”, opinó González.
A esto se añade, inversiones de capital extraordinarias, como el propuesto proyecto Vía Verde durante la administración de Luis Fortuño, que pretendía construir un gasoducto en Puerto Rico y que le costó a la AEE alrededor de $80 millones en su conceptualización. Asimismo, la contratación de la firma de reestructuración AlixPartner International, capitaneada por Liza Donahue, y que fue contratada por la administración de Alejandro García Padilla en 2014 a razón de $46 millones, luego de cinco renovaciones de contrato con la AEE.
“Todo el mundo ve la autoridad deteriorándose significativamente sin poder frenar ese deterioro y en parte se debe a que la AEE tiene un problema financiero y ha ido bajando la demanda. La autoridad tiene que tener un 78% por encima, porque al ser una isla, necesitamos tener más capacidad para evitar este colapso”, puntualizó Alameda.
Por supuesto, la fragilidad económica de la AEE no es cosa de 2016. Todo lo contrario, de acuerdo con un escrito previo del director de política pública del Centro Para una Nueva Economía (CNE), el economista Sergio Marxuach, (http://grupocne.org/2013/11/10/fiscalizando-a-la-aee/) la crisis financiera de la corporación es un asunto que se viene arrastrando desde años previos.
“De un lado, el modelo económico y operacional de la AEE ha llegado a su límite. La situación financiera de la AEE es sumamente frágil. Sus obligaciones actualmente exceden sus activos por $515 millones; ha reportado pérdidas de $346 millones; $272 millones; y $129.7 millones durante los años fiscales 2012, 2011, y 2010, respectivamente; y su liquidez se ha deteriorado significativamente durante los últimos tres años fiscales, al punto que ha tenido que tomar prestado para cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo el servicio de su deuda billonaria”, sostuvo el economista.
Comentarios
Víctor Rodríguez-Velázquez
Posee una Maestría en Teoría e Investigación en Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En esa institución también completó un bachillerato en Información y Periodismo con una concentración menor en Lenguas Extranjeras. Inició su carrera profesional como reportero en Diálogo en 2010 donde también dirigió la mesa de redacción de la versión digital del medio. Posteriormente, ocupó el puesto de editor y redactor en la sección de Economía y Negocios del periódico Metro, labor que tuvo hasta septiembre de 2016. En ese mismo año, obtuvo el reconocimiento de “Periodista del Año” otorgado por el Centro Unido de Detallistas en la categoría de cobertura noticiosa de pequeñas y medianas empresas. Se ha destacado como profesor conferenciante en cursos de comunicación para la Universidad del Turabo y la UPR en Humacao.
