La Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, creada para atender las situaciones violentas que afectan la salud física y emocional de las personas dentro de un hogar, conmemora hoy sus 25 años de creación.
Esta ley fue aprobada el 15 de agosto de 1989, durante la gobernación de Rafael Hernández Colón. Para ese entonces, el gobierno de Puerto Rico reconocía que la violencia doméstica era uno de los mayores problemas sociales que enfrentaba el País.
La Ley 54 protege e interviene en casos de maltrato tanto a niños, parejas de hombre y mujer y parejas del mismo sexo, sin importar su estado civil.
Según un informe publicado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres sobre la incidencia de violencia doméstica en Puerto Rico durante los años 1990 hasta el 2012, el número de casos de violencia doméstica reportados a la Policía en el año 1990 fueron 13,528.
Ya para el 2012, los casos de violencia doméstica reportados fueron de 9,948, una baja de 3,580 casos reportados. Dado a esto, el 2012 fue el año con menos incidentes reportados desde el 1990, mientras que el 2006 figura como el más violento, con 22,951 casos reportados.
De acuerdo con datos recopilados por la organización Coordinación Paz para la Mujer, en el 2013 se reportaron 17 muertes de mujeres por violencia doméstica.
Para Amarilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria, organización sin fines de lucro que ofrece servicios a mujeres víctimas de violencia doméstica, la Ley 54 ha sido un instrumento esencial para trabajar con víctimas de violencia, pero este debe enfocarse no sólo en el aspecto del crimen sino en lo que implica ser víctima de violencia en el hogar.
“La Ley 54 sigue siendo un instrumento legal muy valioso para las personas que están en situaciones de violencia doméstica, pero no podemos perder de perspectiva que es un problema que no solo tiene un componente legal, sino que tiene también un componente social,” indicó Pagán Jiménez en entrevista con Diálogo.
Desde su creación hasta hoy día, esta ley ha tenido varias enmiendas. Entre ellas se encuentra la ley 14 del 2010, que enmienda el artículo 2.1, donde añade que si alguna persona violara una orden de protección y poseyera licencia para aportar armas, ésta será revocada permanentemente y sus armas serán confiscadas.
Por otro lado, se encuentra la reciente enmienda a la Ley 54, aprobada en el 2013 que establece que se incluya la protección de todas las personas sin importar su estado civil, orientación sexual, identidad de género y estatus migratorio.
Esther Vicente, profesora de Derecho en la Universidad Interamericana, asegura que esta ley ha sido muy útil durante estos 25 años, pero que siempre habrá espacio para mejorar los servicios.
“Esta ley es necesaria, ha ayudado a muchos a resolver sus problemas y los remedios son útiles, pero las evaluaciones que se han hecho [de la ley] dicen que es necesario trabajar con las actitudes de los funcionarios y con la comunidad en general”, aseguró Vicente.
Vital la educación para la prevención de la violencia doméstica
Ambas expertas en temas de violencia hacia la mujer coinciden en que hace falta un programa de educación continua para todos los funcionarios encargados de hacer valer la Ley 54.
Pagán Jiménez indicó que si bien es necesario tener protocolos adecuados para manejar los incidentes violentos, también es vital contar con un sistema de adiestramiento a los encargados de trabajar estos casos.
“La Ley 54 tiene buenas disposiciones, pero la falla es cuando la persona que tiene que aplicarla no conoce la dinámica”, explicó Pagán Jiménez.
Por su parte, Vicente apoya la idea de desarrollar cursos de perspectiva de género en las escuelas, para enseñar desde temprano las causas y efectos de la violencia doméstica, así como las señales que podemos identificar para conocer si vivimos en un ciclo de maltrato emocional o físico.
A 25 años de la aprobación de esta Ley, la cantidad de querellas radicadas a la policía por violencia en el hogar ronda las 450 mil. Aun es un tema de discusión la idea de mejorar el sistema y los protocolos de dicha ley, u optar por un país que ofrezca mejor educación en perspectiva de género, para evitar que casos de violencia doméstica continúen ocurriendo.