Las sugerencias que presentó la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobernador Ricardo Rosselló el pasado miércoles –recortes en el gobierno, salud, pensiones y educación que suman $3,000 millones, más $1,500 millones producto de una mejora en la captación y aumento de la base contributiva– “para nada incentivan el crecimiento económico”, concluyó el economista Argeo Quiñones.
El analista financiero Carlos Colón de Armas señaló, asimismo, que estas “no pueden ser consideradas en su sustancia”, y agregó que los miembros de la junta “no pueden aprovechar esta crisis para adelantar sus preferencias ideológicas”.
Las sugerencias –que comprenden el grueso de una carta enviada por la JCF– buscan, en resumen, cuadrar el presupuesto gubernamental para el 2019, con un ahorro de $4,500 millones en el proceso. Ese monto se desglosa, según la carta, en $1,500 millones en recortes a la plantilla gubernamental y achicamiento del gobierno (lo que incluiría la la eliminación y privatización de servicios gubernamentales); $1,000 millones de recortes a la reforma sanitaria miSALUD; $300 millones en recortes de la aportación estatal a la Universidad de Puerto Rico (UPR), junto a un aumento en la matrícula; y $200 millones en recortes al sistema de retiro de los empleados públicos.
Los restantes $1,500 millones se obtendrían de mejorar los mecanismo de captación tributaria y aumentar la base contributiva. Aunque de momento no son obligatorias, el ente federal dejó entrever que estas serán el tipo de medidas que favorecerá al momento de aprobar el plan fiscal que presentará el gobierno en febrero próximo.
Además de la “muerte de la economía puertorriqueña”, Quiñones planteó que, de implementarse estas sugerencias, el impacto en los procesos demográficos –es decir, la aceleración tanto de los jóvenes profesionales que abandonan el país como del envejecimiento de la población que se queda, y sin una generación en ascenso– “sería desastroso para la supervivencia del colectivo social llamado Puerto Rico”.
Medidas contradictorias
Quiñones subrayó la inconsecuencia de que la JCF proponga un aumento de la base de contribuyentes, pero sugiera la reducción de la nómina gubernamental –que podría implicar el despido de empleados– y que tendría como consecuencia erosionar, precisamente, el erario público.
Esto, dijo, sin considerar legislación a nivel local como la reforma laboral, que de aprobarse precarizará la situación económica de los que retengan su empleo, afectando también su capacidad contributiva.
Otra incongruencia, agregó Quiñones, reside en que la JCF reconozca que hay un “gasto público” en la nómina gubernamental, pero plantee tanto el despido de estos empleados, como un recorte de 10% de las pensiones y una reforma del sistema que estos mismos –maestros, policías, jueces– sostienen.
Directrices “sin base alguna”
Para Colón de Armas, la JCF se excedió en sus prerrogativas al emitir esa carta y dar directrices sin un plan fiscal aprobado. En la carta, el organismo federal también le extendió a Rosselló hasta el 28 de febrero para entregarlo.
“Lo que debe ocurrir –a tono con Promesa– es, primero, que el gobierno presenta un plan fiscal, y segundo, que la JCF lo evalúe. Puerto Rico tiene un nuevo gobierno que no ha sometido un plan fiscal, y hasta que eso no pase y la junta lo evalúe, cualquier directriz de esta es un abuso”, anotó.
El profesor de finanzas en el Recinto de Río Piedras de la UPR criticó, además, que la carta no se basa en el déficit del fondo general o del presupuesto consolidado del gobierno, sino de gastos seleccionados arbitrariamente “que simplemente no pueden considerarse”.
“La propia carta dice que ellos ahora van a contratar una firma de contabilidad forense para estudiar los números. Eso significa que esa carta es un compendio de preferencias personales sin base alguna en números”, sostuvo Colón de Armas, para quien la carta “debe tirarse al zafacón”.
Posible otras medidas
La JCF reconoce en su misiva que la Administración Rosselló puede impulsar otras iniciativas, si logran el mismo resultado: el cuadre de presupuesto y el ahorro de $4,500 millones.
“La junta plantea unas medidas para ir cerrando esa brecha fiscal, pero también te dice que hay otras formas de llegar. No te dice cuáles, pero sí que el gobierno tiene la facultad para emplear otras iniciativas diferentes siempre y cuando restablezcan el equilibrio presupuestario. Es decir, que lo que propone la JCF son recomendaciones, pero no directrices absolutas”, planteó Quiñones.
Legislación que atienda la evasión contributiva, la retasación de propiedades, la evaluación de cuánto crecimiento económico se ha creado por las leyes de exención, y el establecimiento de oficinas especializadas en el Departamento de Hacienda que atiendan las ganancias por transfer pricing entre megaempresas son algunas de las medidas que, solo en el aspecto contributivo, podrían recaudar al fisco los $1,500 millones que pretende la JCF con sus sugerencias.
Lo ideal que sería que “nuestro sistema sea contributivo, que mientras más una persona gana, más paga. Nadie se opondría a que las contribuciones en un sistema vayan contra los más fuertes y a favor de los más débiles”, resumió el profesor de economía en el campus riopedrense.
Para Colón de Armas, la JCF se está corriendo el riesgo de perder legitimidad y convertirse en un obstáculo en vez de un ente facilitador. “Hay múltiples maneras de balancear un presupuesto, y no es prerrogativa de la junta decidir arbitrariamente cómo se va a hacer eso”, sumó.
“El gobierno tiene la posibilidad de hacer un ajuste estructural, institucional, que transforme al país positivamente y lo saque del estancamiento en que está sumido, u otro que literalmente explote la isla y nos mantenga en esta espiral descendente, en esta carrera hasta el fondo. Esas son las dos opciones, pero quienes dirigen la junta y el gobierno se mueven hacia la última”, apuntó Quiñones.
