La Asamblea General de la ONU le da largas a una propuesta que circula hace más de 10 años en los pasillos del foro mundial: la ley de libertad de información, un derecho otorgado a los periodistas dentro de una inmensa burocracia que se protege.
Lo que resulta irónico es que casi 100 países, todos miembros de la ONU, aprobaron leyes nacionales que reconocen de alguna forma el derecho a la información. Sin embargo, no parecen ser muy partidarios de extenderlo al cuerpo de prensa de esta organización.
La Ley de Libertad de Información (FOIA) de Estados Unidos, de 1967, que garantiza a la ciudadanía y a la prensa el derecho a solicitar acceso a registros de agencias federales, se considera una norma que “mantiene a los ciudadanos informados sobre su gobierno”.
Las agencias federales están obligadas a cumplir y entregar la información solicitada a menos que el pedido caiga en una de las nueve excepciones que protegen la privacidad personal, la seguridad nacional y a las fuerzas de seguridad.
En Australia, la norma se conoce como Right2Know; y en Canadá, la Ley de Acceso a la Información entró en vigor en 1983.
Asimismo, en Bangladesh, el Centro de Recursos sobre el Derecho a la Información ofrece lo necesario para quienes se la soliciten a las agencias gubernamentales. En Japón, el Centro Ciudadano para la Divulgación de Información ayuda a quienes busquen presentar un pedido de ese tipo. Y en India, el Derecho a la Información: Portal Ciudadano tiene ese mismo fin.
También en Kenia, una Ley de Acceso a la Información se adoptó en agosto de 2016, precisa el canadiense Centro para el Derecho y la Democracia (CLD).
Y con la aprobación de una norma similar en Sri Lanka, una de las más fuertes de los últimos tiempos, todos los países de Asia meridional, salvo Bután, tienen una ley que protege el derecho a la información.
Los países de esa región tienen normas fuertes, salvo Pakistán, según la clasificación realizada por el CLD. Además, señala que la Ley de Libertad de Prensa de Suecia, aprobada en 1766, se considera la “más vieja del mundo”.
El exsecretario general adjunto de la ONU, Samir Sanbar, quien encabezó el Departamento de Información Pública (DPI), que entrega acreditaciones a los medios y consigue oficinas para los periodistas apostados en el foro mundial, dijo a IPS que el derecho a la información es una parte integral de los principios de la organización e incluido en la Carta.
Pero el goce de ese derecho, aun en lo que se refiere a la información básica de dominio público, encontró obstáculos, tanto de parte de los estados miembro, como de la propia burocracia de la ONU, se lamentó.
La implementación de ese principio fue difícil para Sanbar, tanto por impedimentos de funcionarios públicos de los gobiernos como de autoridades de la Secretaría de la ONU.
Quienes creen que la información es poder dudaban porque entendían que estaban compartiendo su autoridad con el público, explicó, Sanbar, quien trabajó durante los mandatos de cinco secretarios generales distintos.
“Fue evidente cuando lancé el indiscutible sitio en Internet www.un.org, varios subsecretarios generales y representantes permanentes me advirtieron sobre ‘decirle a todo el mundo lo que pasaba’ [en el sistema de la ONU] y se negaron a autorizar fondos”, recordó.
“Tuve que crear un equipo de voluntarios del DPI, que funcionaba con el presupuesto existente, para avanzar y finalmente ofrecer computadoras prestadas por una fuente externa para que ciertas delegaciones se dieran cuenta de que les era más conveniente acceder a nuevos comunicados que tener que mandar a alguien de su personal al edificio para buscar el material al tercer piso”, detalló.
Al final, todo el mundo se unió y ahora coinciden en que es uno de los 10 mejores sitios oficiales.
“Tuvimos una dificultad similar pinchando para que se declarara el Día Mundial de la Prensa en la Asamblea General”, de 193 miembros, apuntó.
“Parece que aun quienes tienen las mejores intenciones, pues los delegados representan a los gobiernos que consideran a la libertad de prensa con cautela, suelen temer destapar un asunto que podría resultar vulnerable”, observó Sanbar, autor de Inside the U.N. in a Leaderless World (Dentro de la ONU, en un mundo sin liderazgo).
El periodista de investigación Matthew Lee, quien trabaja en la ONU y sigue el tema hace más de 10 años, dijo que libra una batalla perdida.
“Cuando llegué a la ONU en 2005, noté que no había FOIA”, recordó.
“Tras varias consultas, logré que el entonces subsecretario de administración, Christopher Burnham, me dijera que se ocuparía. Pero se fue. Así que le pedí a su reemplazante, Alicia Bárcena, quien me dijo que trabajaría en ello, pero nunca lo hizo”, indicó.
La Secretaría de la ONU sigue responsabilizando a la Asamblea General de la falta de avances, pero podría adoptar su propia política, por ejemplo, revelando quién paga los viajes del secretario general.
De hecho, al ser consultado por IPS el portavoz de la ONU, Farhan Haq, respondió: “el secretario general está a favor de la idea de transparencia. Pero es un asunto de los estados miembro”.
Por su parte, Barbara Crossette, exjefa de la oficina de The New York Times en la ONU, dijo a IPS: “Creo que tiene razón en que seamos escépticos sobre conseguir algo así a través de la Asamblea General. O incluso que el Consejo de Seguridad coopere si se le pide información”.
Mucha gente que trabajó en el DPI opina que a la Asamblea General, y en particular al Comité Asesor sobre Cuestiones Administrativas y Presupuestarias, no le gusta promover el intercambio de información, aun en el contexto actual, y asume que no hay suficientes países que respalden la idea de garantizar el derecho de acceso a la información, indicó.
“Una FOIA sería una bendición para posibles espías. Y me pregunto cómo se redactaría desde el punto de vista legal. Sería interesante saber si espacios como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen esas políticas”, añadió Crossette, editora colaboradora y redactora de PassBlue, una publicación en Internet dedicada a la ONU.
El equipo del nuevo secretario general, António Guterres “se supone que debe escribir una nueva política de comunicación para la ONU, y hacerla más abierta y efectiva en su alcance. Pero no sé si eso incluye a los periodistas”, acotó.
Hace poco Crossette escribió en PassBlue que el DPI está totalmente atado de manos por su mandato, reconocen los funcionarios. Y al director o directora de la oficina, con rango de subsecretario general, no lo eligen por su capacidad en materia periodística y de medios, sino que es una designación política de alguien con poca o ninguna experiencia periodística.
La persona designada cuenta con un presupuesto ajustado, adrede para que el departamento no cuente con los recursos necesarios, añadió.
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