El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy la ley que dispone para la celebración de un plebiscito el domingo 11 de junio, donde el electorado tendrá que escoger entre dos alternativas descolonizadoras: estadidad o independencia.
“El rechazo electoral mayoritario de los ciudadanos de Puerto Rico a la centenaria condición territorial y colonial es un asunto localmente resuelto de manera contundente en el plebiscito de 2012. El colonialismo no es una opción para Puerto Rico bajo ninguna interpretación o modalidad jurídica de la cláusula territorial de la constitución federal”, declaró Rosselló Nevares en un comunicado de prensa de La Fortaleza.
“La condición colonial que actualmente define a Puerto Rico ha privado a los puertorriqueños de participar plenamente en el gobierno federal, de votar por el presidente de los Estados Unidos, de elegir a representantes con voz y voto en el Congreso, y de recibir un trato igualitario en oportunidades que fortalezcan el desarrollo socioeconómico y la calidad de vida”, agregó.
En términos generales, la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico (Ley 7 del 2017), presentada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, da a escoger entre la estadidad o la independencia.
En caso de que prevalezca la estadidad, el gobernador designará un comité de siete miembros que se encargará de redactar un plan de transición para encausar la anexión con Estados Unidos. Ese plan, una vez firmado por Rosselló Nevares, pasará a la consideración del Congreso y del presidente estadounidense.
La segunda opción propone convertir a Puerto Rico en un país independiente, ya sea mediante la independencia per se o mediante un tratado de libre asociación con la nación norteamericana. En este caso, habría que realizar una segunda consulta en octubre para validar una de esas dos.
Repaso a los resultados anteriores
Con este plebiscito, sería la quinta ocasión que se consulta al pueblo puertorriqueño sobre su futuro político, la tercera vez que un Rosselló firma su celebración, y el cuarto intento del Partido Nuevo Progresista por alcanzar el ideal de la estadidad plena.
En síntesis, las consultas se dieron en 1967 (bajo el gobierno popular de Roberto Sánchez Vilella); 1993 y 1998 (ambas bajo la administración penepé de Pedro Rosselló González), y en 2012 (bajo el mandato anexionista de Luis Fortuño Burset). A excepción del 2012, en las anteriores la estadidad no alcanzó más del 50% del favor popular.
El plebiscito del 2012, de hecho, tienen sus apologistas y detractores, pues dependiendo del cristal con que se mire –azul según los primeros, rojo de acuerdo con los segundos– la anexión “ganó” o “perdió”.
Una lectura estricta, como favorecen los novoprogresistas, defiende que la estadidad obtuvo un 61% (824,195 votos), frente al 33% que obtuvo el Estado Libre Asociado Soberano (449,679 boletas).
Una lectura más flexible, como argumentan los estadolibristas, plantea que a ese 33% hay que sumarle las 480,918 papeletas que no fueron adjudicadas, producto de la estrategia del Partido Popular Democrático y sus huestes para cuestionar la legitimidad de la consulta y la ausencia de una opción que defendiera el ELA como lo conocemos.
