En medio de la discusión de un Plan Fiscal para cumplir con los recortes de $300 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), diversos representantes estudiantiles reclamaron al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que cumpla con la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, conocida también como la ley del Gobierno como empleador único. Así, podrían allegarle más dinero a la institución.
Los líderes estudiantiles resaltaron que la medida provee la asignación de $500 millones a la institución educativa para que ofrezca los adiestramientos requeridos por empleados del Gobierno.
Según la sección 6.5 de esa ley, se crea el Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico (IDEA) para administrar los servicios y “desarrollar un plan para crear una Alianza con la Universidad de Puerto Rico (ALI-UPR) para adiestrar y re-adiestrar a los empleados públicos”.
“En un momento en que la UPR enfrenta un ataque frontal por su modelo actual de financiamiento, nos sorprende que no se estén tomando en cuenta los $500 millones que el gobernador aseguró que traería esta medida a la Universidad”, señaló Naysha Alcalá Loaiza, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto Universitario de Mayagüez.
Mientras tanto, llamaron a la atención que dicha asignación millonaria podría contrarrestar los $300 millones propuestos en el recorte presupuestario, sugerido por la Junta de Control Fiscal (JCF). Esta cifra representa una disminución en 36% de la aportación de $833.9 millones que recibe la institución.
“Con esos fondos no tan solo cubriríamos el recorte que propone la Junta de Supervisión, sino que nos sobrarían para desarrollar patentes e invenciones que a mediano plazo irán supliendo ingresos adicionales para independizar cada vez más a la UPR del gobierno central”, destacó Luis X. López González, presidente del CGE del campus universitario en Aguadilla.
El pasado sábado, 4 de febrero se filtró un borrador discutido a puerta cerrada por la Junta Universitaria para cumplir en dos años con los recortes de $300 millones en la UPR. El borrador contempla que la institución haga cambios en la nómina y las aportaciones a empleados y que aumente un 31.3% sus ingresos por matrícula o reducción de exenciones.
De la misma forma, se discute trastocar los planes médicos, reducir los fondos para mejoras permanentes y compras de materiales. Hasta el momento, resta identificar casi $60 millones en ajustes.
La administración universitaria tiene hasta 15 de febrero para someter el Plan Fiscal ante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).
Estudiantes de arquitectura reclaman insumo universitario para Plan Fiscal
Mientras tanto, estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la UPR, Recinto de Río Piedras, rechazaron el pasado 6 de febrero la preparación del borrador por parte de la Junta Universitaria sin que se “haya discutido por los distintos sectores de la comunidad universitaria de forma abierta y transparente”.
En su Asamblea, los alumnos denunciaron que el proceso para llegar al Plan Fiscal se ha dado a espaldas de todos dado que la presidenta interina, Celeste Freytes, ordenó no divulgar la información contenida, según un comunicado de prensa.
Por otra parte, el grupo de estudiantes le solicitó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal que extienda la fecha para la entrega del Plan Fiscal al 31 de marzo. En el pasado, la fecha establecida era a finales de febrero pero, al presente, es el 15 de este mes. Con esto, los estudiantes buscan que se le permita a la comunidad universitaria dar su insumo y propuestas.
Senado académico de Humacao reitera autonomía universitaria
En la semana pasada, el Senado académico de la UPR en Humacao defendió su aportación como campus universitario a la institución. De la misma manera, declaró unánimemente, por medio de la Certificación 2016-2017-080, que la “UPR es autónoma, libre en su cátedra e independiente en su juicio académico para orientar el rumbo institucional”.
“Que le pertenece al pueblo que invierte a diario en su sostén para que esta y las generaciones venideras de jóvenes puertorriqueños tengan acceso a una auténtica universidad pública, que procure perennemente la excelencia y defina sus logros a base del éxito de sus estudiantes para bienestar progreso y gloria de Puerto Rico”, lee la certificación aprobada el 26 de enero.
La certificación también denuncia la aplicación de posturas neoliberales para “redefinir la educación de los pueblos y los servicios de apoyo bajo el racional especulativo del mercado capitalista”. Para el cuerpo, esas medidas precarizan la calidad educativa y “constituyen una ruptura definitiva con el derecho que toda nación progresista debe garantizar a su pueblo.
Senado Académico UPRH – Certificación 2016-2017-080 by Diálogo on Scribd