Un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) sobrevuela en círculos entre el Distrito del Centro de Convenciones y el Puente Dos Hermanos, a la entrada de la isleta del Viejo San Juan. Policías dirigen el tráfico, mientras el carril del puente está ocupado por personas que visten camisas verdes, la matrícula de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y otras con camisas amarillas, de la unión del Fondo del Seguro del Estado. Entre las dos uniones suman unas 60 personas, y siguen llegando, se acomodan al son de una plena que suena por las bocinas de una pick-up. En el otro carril del puente hay un grupo de cinco que visten camisas negras; no son unionados pero se autoconvocaron para encontrarse aquí, a las 7:30 de la mañana.
“Lo que sucede es que el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Nevares tiene una actividad titulada Caucus con el Gobierno, en el Hotel Sheraton. Esto es una actividad en donde a los jefes de agencia se les pone en contacto con el sector industrial para que establezcan contactos y líneas para seguir trabajando juntos. Este modelo se ha visto previamente en la administración de su padre, el señor Pedro Rosselló, en donde se llamaba Empresarios con Rosselló, y básicamente en lo que consistía ese tipo de actividades era en lo mismo: hacer contactos entre los empresarios y los jefes de agencia. Y esto se convirtió en un esquema que facilitó la corrupción y el saqueo público, porque en este tipo de reuniones, lo que hacían era que amarraban a los jefes de agencia con los recaudadores y contribuyentes de las campañas políticas”, dice Jocelyn Velázquez, madre y maestra desempleada que acudió a la protesta con camisa negra, convocada por la Jornada se Acabaron las Promesas, un grupo que combate la ley federal que impuso una Junta de Control Fiscal al gobierno de Puerto Rico desde junio de 2016.
El caucus con el gobierno fue organizado por la Asociación de Industriales bajo el lema “Con el gobernador, del plan a la acción, hoy más que nunca somos uno”, en alusión a la plataforma de gobierno de Ricardo Rosselló, la cual incluye varias propuestas del sector industrial. La actividad tenía un costo de $139.38 para socios y $181.75 para no socios. La entrada al Sheraton era custodiada por una hilera de policías estatales y se estableció un punto de cateo con detectores de metal para los asistentes.
Al interior del hotel, entre gabanes oscuros, era difícil distinguir entre empresarios, políticos y jefes de agencia, quienes dedicaron sus discursos a recalcar la prominencia del sector privado, su influencia en la política pública e incluso la irrelevancia del gobierno frente al poder de la industria.
“Deben quedar claros que el gobierno no es la solución al día de hoy para nada. Así que el que siga mirando al gobierno como que va a ser la solución, pues no ha entendido el mundo que vivimos al día de hoy. La apuesta del gobierno es al sector privado. El sector privado es quien tiene que tomar la batuta, y en ese sentido, el gobierno va a ser un facilitador para viabilizar que las condiciones se den de manera que el sector privado pueda crecer, ayudando a crecer nuestra economía, a crear los empleos que Puerto Rico necesita para que podamos salir de la crisis”, dijo Elías Sánchez, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, durante un panel sobre la deuda de Puerto Rico moderado por Rafael Rojo, supervisor de proyectos de empresas VRM y presidente de la junta de Bonistas del Patio.
“Quiero ser uno con ustedes, por eso es que han podido ver que parte de los objetivos que hemos querido desarrollar, es hacer gobierno con personas que respondan, que tienen una visión compartida con lo que debe ser el Puerto Rico del futuro y que tengan una visión clara”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló en su presentación a los industriales.
“Cuando estaba entrando, todo el mundo estaba hablando de los distintos foros, las distintas intervenciones con los jefes de agencia. Me da mucha satisfacción porque el objetivo cuando el pueblo me eligió para ser gobernador, era poder seleccionar hombres y mujeres que eran mejor que yo, que podían entonces trabajar para tener un resultado”, dijo Rosselló. Luego anunció que el gobierno pagará parte de su deuda de Obligaciones Generales con $146 millones de fondos públicos que actualmente se encuentran en cuentas del Banco Popular.
Antes de que comenzara su ponencia, dos funcionarios de la oficina de comunicación de La Fortaleza pasaron por la mesa de prensa para recalcar que el gobernador no contestaría preguntas.
Más temprano, Lourdes de Cárdenas, vicepresidenta de la junta de directores de la Asociación de Industriales, resumía las “perspectivas y prioridades de los industriales de Puerto Rico” en la tarima principal.
“En la situación donde estamos, señores, hay que salir a cazar, porque la caza es la que nos da la presa más rápida en este momento. Y la manufactura es una de esas oportunidades… ¿Por qué tenemos un sector de manufactura tan fuerte? Además de los beneficios contributivos que tenemos, porque tenemos una fuerza de manufactura con mucho tesón y lo que le llamamos ‘fortaleza intestinal’. Pero imagínense a dónde Puerto Rico podría llegar si todos los factores económicos, más allá de los incentivos contributivos, estuvieran en un buen estado. Seríamos un monstruo en el desarrollo económico. Tenemos que salir a cazar las oportunidades alrededor primero. Los incentivos contributivos señores, los tenemos que seguir teniendo y los tenemos que seguir alimentando, porque es la única área verde ahora mismo que tenemos, en comparación con los lugares con los que competimos” dijo de Cárdenas, también vicepresidenta de operaciones de Stryker Global Manufacturing, empresa de tecnología médica.
Luego vino el secretario de la gobernación, William Villafañe, quien tuvo a su cargo presentar “la nueva plataforma de gobierno de Puerto Rico como facilitador del sector industrial”. Villafañe hizo una larga reflexión en la que citó a Mahatma Gandhi leyendo de un papel. “Un nuevo tiempo ha llegado para Puerto Rico. Atrás quedaron los días de desalentar la inversión privada y por ende la creación de empleos. El timón gubernamental ha dado un giro de 180 grados. Hoy, más que un gobierno, Puerto Rico cuenta con un equipo de trabajo organizado y determinado”, estableció el secretario de la gobernación.
¿En qué medida el Plan para Puerto Rico del gobernador recoge las recomendaciones de la Asociación de Industriales?, preguntó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a Villafañe.
“Estuvimos tres años recogiendo el sentir de diferentes sectores, desde el tercer sector, Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales. Algunas de las iniciativas estratégicas que ahí se recogen, provinieron precisamente de este grupo. Y ese alineamiento de lo que es la visión de los industriales y de otros sectores es lo que se recoge en el plan y ahora lo que entramos es en un proceso de ejecución”.
Cuando Villafañe bajó de la tarima, el exvicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales, Francisco García, le presentó a Jerry Weller, excongresista republicano y cabildero principal de New World Group. Esta es la firma que usó la Coalición del Sector Privado, que agrupa a la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y otros gremios empresariales, para impulsar la ley federal Promesa. Weller también tiene como clientes a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y a la Asociación de Industriales. El año pasado, el cabildero participó del Promesa Forum, celebrado en el Condado Plaza Hilton de San Juan, organizado por la Coalición del Sector Privado, donde también hubo una cena privada con él a un precio de $1,000 por cabeza.
Después del apretón de mano, Villafañe y Weller compartieron una mesa y sostuvieron largas conversaciones durante todo el caucus.
¿El gobierno está dispuesto a reunirse con el sector laboral igual que con los empresarios?, preguntó el CPI a Villafañe.
“El propio Plan para Puerto Rico tiene una disposición en el área de desarrollo económico que es la mesa de Diálogo Abierto. Lo que pretende es recoger el sentir de todos los sectores”, dijo Villafañe.
José Rodríguez Vélez, presidente del Movimiento Solidario Sindical, unión que representa a compañías como Pepsi Cola y Coca Cola, considera que el gobierno tiene “cero apertura” para dialogar con los trabajadores.
“[Thomas] Rivera Schatz, [presidente del Senado], nos escuchó un día para decir que no estaba de acuerdo con nuestras posiciones. Se le pusieron varias ideas y la posición es: ‘te convoco, pero no te escucho; tú me tienes que escuchar’”, dijo Vélez.
¿Cómo está afectado la reforma laboral a los trabajadores del sector privado?, le preguntó el CPI a Rodríguez cuando estaba en el puente Dos Hermanos esperando a que comenzara la marcha.
“Podemos tener el ejemplo de [la Destilería] Serrallés, donde en plena negociación colectiva les quieren aplicar lo que es la reforma laboral. Es un problema que un compañero tenga 18 o 20 días de vacaciones y otro que empiece nuevo tenga seis días de vacaciones, te crea una división entre los mismos trabajadores. Los sindicatos organizados no podemos permitir que nos apliquen la reforma laboral, para eso hay que defender nuestros convenios colectivos. Pero los patronos sí van a la destrucción de esos convenios colectivos y nuestras organizaciones. Los patronos se van a poner lo bastante creativos y antiobreros como para empezar a despedir a trabajadores de antigüedad para empezar a contratar a trabajadores que empiecen con cero derechos”, dijo Vélez.
“Las denuncias del sector sindical son válidas”, dijo en el pasillo del Sheraton Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales.
“Hay que atenderlas, hay que estudiarlas, hay que ver de qué forma podemos resolverlas. O nosotros los convencemos a ellos, o ellos nos convencen a nosotros, o llegamos a un punto medio. Pero el producto aquí somos todos, y el tema laboral y el tema sindical, sin duda, es una parte fundamental de la ecuación. Así que yo me he reunido con ellos, yo he estado disponible para ellos. Cuando quieran, estamos aquí”, añadió Masses.
¿Está satisfecho con la forma en que se ha implementado la reforma laboral en los primeros días?, preguntó el CPI.
“Como tú sabes, se supone que todo esto se desarrolle en un formato adecuado y digno, se haga en una forma correcta; esperemos que se haga así. Lo que no se haga de esa manera, pues tiene sus repercusiones. Así que la idea aquí es llevar el caballo al río y esperemos que beba agua y que beba agua transparente que tenga impacto positivo en la comunidad y en la economía”, contestó Masses.
Carlos Saavedra Gutiérrez, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, defendió la reforma laboral y consideró que la medida añade derechos a los trabajadores. Sin embargo, la ley que implanta la reforma, y que fue firmada por el gobernador el 26 de enero, elimina beneficios y derechos adquiridos y no indica cuántos empleos se crearán.
“Seríamos deshonestos si decimos ‘con esta ley se crean tantos empleos’. Eso se hizo en el pasado y sabes que no funciona, reconocemos que es parte del esquema. En cuanto a los estudios [que sustentan la reforma laboral están] el informe Krueger que fue comisionado por la pasada administración en el 2015; y el World Economic Forum, que no tiene que ver nada con el gobierno de Puerto Rico, con una publicación clave, el Global Competitiveness Report. Ese es el estudio que miran las compañías a nivel mundial para ver dónde yo voy a invertir. Es un catálogo. Puerto Rico está en los back pages”, dijo Saavedra.
Todos esos estudios vienen de la perspectiva del sector industrial, dijo el CPI a Saavedra.
“¡Pues claro!”, contestó.
Pero no me está diciendo nada de la perspectiva de los trabajadores, que es el sector que usted debe proteger desde el Departamento del Trabajo, le dijo el CPI.
“Bueno, claro. Pues yo los protejo porque les estoy creando unas condiciones de empleo aquí. Ahora mismo qué está pasando: el año pasado 90 mil se me fueron. O sea, una persona que está ahora mismo sin trabajar ¿qué prefiere? No se están creando los empleos aquí, entonces qué opciones tiene. O se queda en la casa o está buscando un pasaje para irse a Estados Unidos ¿A dónde? A conseguir un trabajo sin bonos de navidad, sin periodo probatorio, sin acumulación de licencia por vacaciones, y se van, por qué, porque quieren trabajar. Pues con esta ley estoy protegiendo al trabajador. Te creo más derechos, además te creo las condiciones para que los empleos se creen”, dijo Saavedra.
“Mi nombre es José Carrión, me gano la vida como corredor de seguros. Ahora les vengo a hablar de mi part time”. Así comenzó su presentación el presidente de la Junta de Control Fiscal, en la tarima principal, en un salón lleno, con cabida para 800 personas.
“Las reformas van a requerir sacrificios compartidos que protejan a los más vulnerables. Las reformas deben enfocarse en cambios estructurales que promuevan el crecimiento y la oportunidad, y que lógicamente eviten que caigamos en esto nuevamente”, dijo Carrión luego de repasar la situación fiscal con una presentación de Power Point. Al terminar, contestó preguntas del público que eran leídas en la tarima por Rafael Rojo, el empresario de la industria inmobiliaria, pero no contestó preguntas de la prensa.
Carrión, al parecer, no sabía que tenía el micrófono abierto, y antes de que comenzara su presentación por los monitores de la mesa de prensa se le escuchó decir: “Yo soy nuevo en esto. Yo digo una cosa y la prensa lo interpreta de otro modo, y yo no estoy buscando pelear con nadie”.
Desde su mesa, la prensa era ciega, solo veía el mar de chaquetas negras y cabezas que pagaron para estar más cerca de la tarima, entre jefes de agencia, abogados, políticos y expolíticos. Carrión los saludaba, y por los monitores se le escuchaba decir hola, se le escuchaba reír y hasta invitar a algunos a “unos palos”. El Caucus de la Asociación de Industriales tenía su aire de fiesta, un ambiente celebratorio de un sector que está cumpliendo el sueño de volverse uno con el gobierno.
Cuando terminaron los discursos, lo que se escuchaba en el salón era el sonido tintineante de los cubiertos y tazas que usaron los ocupantes de unas 77 mesas, cada una con espacio para 11 personas. Durante toda la actividad, meseros y meseras de banquete, vestidos todos de negro, entraban y salían de una puerta con bandejas redondas llenas de platos y copas. Había banqueteros de alrededor de 20 años y otros que pasaban de los 70. Son trabajadores de una agencia que los llama cuando hay alguna actividad. Estas empleadas ganan $13.00 la hora. “Pero no vale la pena”, dijo una de ellas que además es estudiante y habló bajo condición de anonimato. “Estoy gastando mi juventud; al final termino con la espalda rota”.
Su colega contó que llegaron a las 5:00 a.m. y que tuvieron que pasar por un protocolo de seguridad tedioso. Explicó que cada vez hay menos actividades. Por eso está on call en cuatro agencias distintas, y sin bien en dos días podría ganar lo mismo que gana un empleado con salario mínimo en una semana, hay veces en que puede pasar siete días sin que haya una actividad. “No vale la pena”, reitera este otro banquetero de unos 30 años y padre de familia. Y pronostica que con la reforma laboral los más jóvenes se irán. “No aguantarán la presión. Uno se siente como que está en una trotadora que no para, sudando para sobrevivir”.