Ayer arrestaron a cinco personas y las tuvieron más de 12 horas en las celdas del cuartel de la Comandancia de Aguadilla, a pesar que de entrada les imputaban cargos civiles y menos graves.
Pero, ellos andan con calma. Los activistas que defienden la valiosa zona ecológica de Playuelas, en el Barrio Borinquen de Aguadilla, saben que la lucha apenas comienza.
“Ayer fue un día crucial y le agradecemos a todos los que nos respaldaron. Estuvimos en el ojo público y mucha gente pudo ver el gran atropello que sucede en Playuelas”, le dijo a Diálogo vía telefónica uno de los activistas arrestados ayer, Edgardo ‘Pocho’ González.
“Esto es cómo otro Peñuelas”, agregó, aludiendo a la lucha que libró la comunidad del Barrio Tallaboa en contra de las cenizas que se depositaban en vertederos cercanos a esa zona residencial.
González instó al pueblo a que sigan con el respaldo a la causa de Playuelas y que lleguen al área de la construcción del proyecto Colombus Landing, que allí reinició la empresa Caribbean Management Group, actividad que, reiteró, “es ilegal”.
“Ellos van a continuar con el proyecto aunque estén mal, quieren hacer un proyecto ilegal. Ahora mismo necesitamos más respaldo. Hay de 10 a 15 personas allí nada más, hace falta mucha más ayuda, que todo el mundo esté en pie de lucha. Esto es ilegal por todas las maneras que se pueda ver. Es un abuso de poder, una vez más los grandes intereses oprimen a la gente pobre, a la gente común. Tenemos que levantarnos. Ya los camiones de cemento están en stand by y necesitamos a todos los que puedan venir”, urgió.
Crónica de 12 horas de encierro
González fue una de las cinco personas arrestadas durante el día de ayer, lunes. Junto a él, fueron arrestados José Santiago, Luis García, Félix A. Bravo Ruiz y Daisy Cuevas. A todos se les intentó imputar el delito de desacato civil a un dictamen de Resolución y Orden que emitió en diciembre pasado el juez Héctor Jaime Conty, en el que favorece que la desarrolladora Caribbean Management Group reinicie sus labores.
El área donde esta empresa busca construir un mega resort hotelero, un centro comercial y una urbanización de villas lujosas es considerada un altar para el deporte del surf y gran baluarte ecológico para la costa noroeste de Puerto Rico. Ante esto, la resistencia al proyecto, que en dos décadas no ha podido iniciarse por el peligro ambiental que presenta, no se hizo esperar y, desde noviembre, existe allí el Campamento Rescate Playuelas, respaldado por distintas organizaciones ambientales, miembros de la comunidad del Barrio Borinquen y surfers de todo Puerto Rico. La causa ha recibido también el respaldo internacional de entidades como la Fundación Surfrider y la revista Surfer Magazine.
Ayer, la resistencia escaló con los arrestos. González le narró a Diálogo cómo trascendió todo.
“Todo comenzó como a las nueve de la mañana, cuando nos percatamos que las máquinas estaban prendidas. Cuando me acerco, me encuentro de que había como 40 uniformados en sus motoras, que había un cuartel ambulante, que estaba las fuerza de choque. Ahí salí a la playa, activé a los surfers y volvemos al área para hacer nuestra manifestación”, dijo.
“En un periodo de una hora vi cómo destruían este pulmón de Aguadilla y opté por brincar la verja. Me llevaron arrestado. Estuvimos más de doce horas presos, en clara violación de nuestros derechos y de las leyes, pues los delitos de los que nos acusaban eran menos grave. No eran delitos criminales; en ningún momento tenían derecho de tenernos en celdas como si fuéramos criminales”, apostilló.
“A las once y treinta de la noche fue la vista de Regla 6. Se presentaron los testigos y las pruebas y se declaró todo ‘No ha lugar’. Los únicos cargos que no fue a lugar fue uno menos grave por resistencia a arresto a uno de los muchachos”, explicó, señalando que ese cargo menos grave se le imputó a su compañero Félix Bravo.
El licenciado José Miguel Pérez Villanueva, presidente de la delegación de abogados de Aguadilla, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, fue uno de los cuatro letrados que ayer asistieron a los arrestados. Junto a Pérez Villanueva, estuvo también el director de la Sociedad de Asistencia Legal de Aguadilla, Edwin Barreto, al igual que la licenciada Isabel Berríos y el licenciado Néstor Rodríguez.
“Donde único se encontró causa, fue en tres cargos contra Bravo, por agresión simple, pues alegadamente escupió a tres oficiales del orden público. Pero todos los otros cargos, como el de violación a la orden del interdicto, el traspaso ilegal, la resistencia al arresto y las alegaciones de agresiones fueron desestimados”, le dijo el licenciado Pérez Villanueva a Diálogo.
Ante toda esta situación, González indicó que “por lo que sucedió ayer, debo mantenerme al margen de la ley. Y si me preguntas si habrá más desobediencia civil, te tengo que decir que esa es una decisión muy personal, algo individual que cada cual entenderá si lo hace o no”.
Así las cosas, el activista aprovechó para reforzar su convocatoria para el área de Playuelas esta semana.
“Ahora mismo, la construcción sigue. Pero el pueblo sabe lo que puede hacerse cuando se une. Vieques, Oscar López y Peñuelas son ejemplo de esto. Tenemos que estar unidos”, puntualizó.
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