Recortes en salud y educación podrían provocar 3,000 muertes prevenibles

Varios estudios han demostrado que hay una relación entre políticas de austeridad (severos recortes y/o aumentos en impuestos) durante períodos de crisis económica y aumentos en muertes asociadas a suicidios, alcoholismo, problemas cardíacos, postergar visitas al médico por falta de acceso o dinero, o violencia asociada a alcoholismo o problemas mentales.

A modo de ejemplo, hay evidencia de que la Gran Recesión directamente provocó sobre 4,000 suicidios en Reino Unido, la crisis del Este Asiático y los recortes en salud cobraron sobre 50,000 muertes prevenibles en Tailandia por causas como neumonía y tuberculosis, y los recortes en salud en Grecia han limitado el acceso a más de 60,000 personas de la tercera edad a servicios médicos.

Detrás de estas estadísticas hay víctimas concretas. Una historia particularmente trágica es la del señor Dimitris Christoulas, un griego de 77 años, farmacéutico retirado, que tras los recortes en salud y en su pensión impuestos por el gobierno griego se le hizo muy difícil pagar sus medicamentos. El 4 de abril de 2012 se suicidó con un arma de fuego frente al parlamento griego, declarando: “No me suicido. Ellos me están matando”.

Uno de los principios éticos de los médicos es “lo primero es no hacer daño”. Para los investigadores David Stuckler y Sanjay Basu de la Universidad de Oxford y la Universidad de Stanford respectivamente, las políticas económicas deberían aplicarse con el mismo principio. Aun si fuese cierto que la austeridad resuelve la situación económica o que logra que los países paguen sus deudas, ¿es justificada incluso cuando podemos medir las muertes que ocasionó? Lo trágico es que se ha demostrado que la austeridad perjudica tanto la situación fiscal como económica de los países. Por tanto, esas muertes adicionales fueron totalmente prevenibles. Fueron causadas por seguir recomendaciones de política económica que muchos advirtieron no iban a funcionar.

Stuckler y Basu (2013) plantean que los países del mundo han servido de un gran experimento durante las últimas décadas. Un grupo de países siguió la ruta de la austeridad. A cambio de recibir un rescate económico del Fondo Monetario Internacional, países como Corea del Sur y Tailandia en la crisis del Este Asiático de los 90, y países como Grecia, Italia, y España durante la Gran Recesión de 2007-2008, aplicaron severos recortes a sus servicios de educación y salud. La idea era tener dinero para pagar su deuda. Un gobierno con sus cuentas saldadas supuestamente inspiraba confianza en los inversionistas, así que arreglaba la economía también. Otro grupo de países se fue por la ruta opuesta. Países como Malasia en la crisis del Este Asiático y países como Islandia, Finlandia y Suecia, decidieron no pagar su deuda de inmediato y aumentar los gastos del gobierno en salud y educación.

El patrón es evidente e inescapable. Los que se fueron por la ruta de la austeridad, les tomó mucho más tiempo salir de la crisis y poder pagar su deuda. Los recortes profundizaron la crisis económica. Menos actividad económica implicó menos recaudos para el gobierno, y por tanto complicó aún más la situación con la deuda. Mientras tanto, las pésimas condiciones económicas junto a recortes en salud provocaron directa e indirectamente miles de muertes innecesarias. Esto destaca que las políticas económicas no son asuntos meramente de “aquel índice sube 2 puntos pero esta tasa baja 3”. Las políticas económicas literalmente son asuntos de vida o muerte para la población.

A diferencia de los países en la ruta de la austeridad, países como Malasia en los 90 e Islandia, Finlandia y Suecia en la última crisis, invirtieron en salud y educación. Esta inversión no solo salvó vidas, sino que estimuló la economía. Más actividad económica implicó mayores recaudos, por tanto muchos de estos países pagaron sus deudas primero que los países en la vía de austeridad.

Se debe destacar que en el caso particular de Suecia y Finlandia, también invirtieron en lo que se conoce como “políticas activas de mercado laboral”. En lugar de meramente recibir un cheque de desempleo y una invitación a alguna que otra charla sobre cómo hacer un resumé, cada desempleado tiene que participar de reuniones consistentes con un especialista que le hace un plan individualizado para la búsqueda de empleo. Han encontrado que estos programas de desempleo “activos” logran que las personas consigan empleo más rápido, evita que se rindan en la búsqueda y reduce problemas de salud mental como ansiedad y depresión durante el proceso.

Dada la evidencia histórica, resulta impresionante que en Puerto Rico la única opción en la mesa es continuar con austeridad. Se debe destacar que desde que detonó la crisis en el 2006 ambos el PPD y el PNP han aplicado diferentes dosis de austeridad y en el presente, la única diferencia entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno de Ricardo Rosselló es cuánto recortar. Lo fundamental es que ambos están de acuerdo en recortar. Mirando los estudios de los otros países y las tendencias en mortalidad en Puerto Rico, podemos tener unos estimados preliminares del costo de la austeridad en vidas de puertorriqueños y puertorriqueñas.

Según los “Informes de la Salud en Puerto Rico” publicados por el Departamento de Salud, durante las últimas tres décadas Puerto Rico ha logrado reducir su tasa ajustada de mortalidad sustancialmente. Sin embargo, si comparamos la tendencia en esa reducción durante los diez años anteriores a la crisis (1995-2005) con el periodo de crisis y austeridad de 2006 a 2013, notamos que la velocidad de esa reducción disminuye. Lo mismo se ha documentado en otros países, y lamentablemente implica que de la crisis y/o la austeridad haber sido evitadas, muchas más vidas hubiesen sido salvadas. En otras palabras, la crisis y la austeridad han cobrado vidas en Puerto Rico al igual que en el resto del mundo. Como se evidencia en los informes del Departamento de Salud, durante el periodo posterior a la crisis vemos picos o alzas repentinas en las tasas ajustadas de muertes causadas por suicidios, hipertensión, homicidios, neumonía, influenza y otras enfermedades respiratorias. Como se mencionó anteriormente, estudios han documentado patrones similares en otros países, y los han vinculado directamente a la crisis económica y las políticas de austeridad.

De haber continuado la tendencia 1995-2005, de 2006 a 2013 se hubieran salvado sobre 14,000 vidas. Ciertamente, no se pueden adjudicar esas aproximadamente 14,000 muertes a la crisis y la austeridad, ya que muchísimos factores podrían haber influenciado ese cambio. Sin embargo, dado a que estas tasas ya son ajustadas por el Departamento de Salud para incorporar cambios demográficos, y dados los estudios que documentan alrededor del mundo la relación entre crisis y austeridad con mortalidad, se puede inferir que una cantidad significativa de esas muertes se debieron a estos factores económicos.

De estas tendencias continuar, podríamos estimar el número de muertes que podrían ser prevenidas en más de 16,000 personas para el periodo 2017-2020. Algunos estudios apuntan a que en algunos casos solo el 40% de los cambios en mortalidad durante las crisis se pueden asociar directamente a la situación económica. Con el objetivo de ser excesivamente conservadores en el estimado, si suponemos que solo el 20% de esas muertes pudieran vincularse a la situación económica, estaríamos planteando que las políticas de austeridad de la JCF y el gobierno de Rosselló podrían cobrar la vida de sobre 3,000 puertorriqueños en tan solo los próximos 3 años. Estos son personas cuya salud física o mental se verá directamente afectada por los recortes del gobierno de manera que les podría costar la vida.

Estos son números preliminares, pero aún si se tratase de que se está cobrando la vida de un solo puertorriqueño para pagarle a los bonistas, es totalmente inaceptable. Aún más cuando hay tantas otras opciones en la mesa. De hecho, como se ha documentado recientemente en una encuesta realizada por la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la abrumadora mayoría de los economistas puertorriqueños rechazan las políticas de austeridad propuestas por la JCF y el gobierno de Rosselló. Además, enfatizan propuestas alternativas como la retasación de propiedades inmuebles, la eliminación de subsidios e incentivos a empresas que no estén creando empleo, detener el “transfer pricing” de las grandes cadenas de tiendas al detalle, y/o mayores impuestos a los bienes y servicios de lujo.

Asimismo, los economistas coinciden en que se debe reinstalar la comisión multisectorial que auditaba la deuda pública, y que se debe llevar a cabo una reestructuración amplia de dicha deuda, incluyendo elementos como reestructurarla a base del valor de compra del bono.

Dado a que las políticas de la JCF y el gobierno de Rosselló no funcionarán, queda claro porqué la mayoría de los economistas también concluyeron que es evidente que estos no están siendo bien asesorados en asuntos económicos. Los puertorriqueños y puertorriqueñas no debemos aceptar un sólo dólar de recortes en salud o educación. Nos sobran alternativas y nos urge acción, porque la incompetencia de nuestros gobernantes literalmente puede costarnos la vida.