Aunque el borrador del Plan Fiscal de la UPR resalta que los estudiantes son la “razón de ser de la institución” y que la “preservación de los programas y facultativos de excelencia es una premisa esencial”, los números reflejados en el documento preparado por la administración universitaria a solicitud del gobierno central parecieran dictar lo contrario.
El plan moldea un futuro donde los estudiantes pagarán una matrícula aumentada y ajustada a los ingresos, en una institución que contará con menos profesores –pues las plazas vacantes permanecerán vacías, y aquellos que se queden, tendrán una carga incrementada–. De igual modo, al claustro y al personal no docente se le reducirían las aportaciones a sus planes médicos y bonos de Navidad.
Pero para la presidenta interina Nivia Fernández Hernández, lo anterior es parte de un “análisis abarcador” que contempla toda la “operación y el andamiaje de la UPR”.
“Nuestra postura no es afectar a los estudiantes. Tanto los profesores como los no docentes como los estudiantes están siendo considerados para asegurar que podamos mantener la misión de la UPR y no sacrificar la calidad de los programas. Estamos mirando todo, pero bajo ningún concepto esta presidenta puede estar enfocada en algo que directamente se vaya a hacer. Ese análisis de decir que el aumento en la matrícula es para perjudicar a los estudiantes… al contrario, sería para asegurar que la UPR pueda desarrollar su proyecto educativo de excelencia”, afirmó Fernández Hernández.
No obstante, “desde el punto de vista fiscal, la universidad de por sí está corriendo con un por ciento altísimo de plazas vacantes, cuyas cargas han recaído en los profesores por contrato. Bajo el plan fiscal, esas plazas no se van a llenar y los profesores por contrato van a perder la oportunidad de ocupar un puesto regular, lo cual va en detrimento de la calidad educativa”, alegó el economista José García.
Actualmente, el sistema UPR cuenta con 4,887 profesores para casi 60,000 estudiantes. Reducir la cantidad de docentes, por ejemplo, intensificaría la disminución de secciones de cursos, y provocaría que las secciones restantes tengan más de 30 estudiantes.
Según las estadísticas más recientes de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), desde el 2010 la cantidad de estudiantes por profesor en Puerto Rico ha incrementado exponencialmente. Ese año, el promedio de alumnos por cada docente era de 12.8 en la isla.
En el 2013 –dato más reciente disponible– la cantidad aumentó a 24.9 estudiantes. Si bien es necesario tomar en consideración aspectos de la población en ese estudio, los números indican que solo los países en desarrollo cuentan con una cifra igual o mayor a los 30 estudiantes por cada profesor.
De esa gráfica se desprende que la cantidad de estudiantes por docente en cada país disminuye a medida que pasan los años y solo unos pocos, incluyendo a Puerto Rico, van en contra de esa tendencia. El problema, según la UNESCO, es que la falta de profesores o permitir que enseñen en salones de clase con sobrecupo perjudica la calidad de la educación.
El economista Ricardo Fuentes Ramírez concurre con el planteamiento de la UNESCO, ya que ha visto el ejemplo en la propia UPR.
“La calidad de la educación se verá sumamente afectada. Eso es algo que los estudiantes llevan reclamando desde el 2006 y el 2010, que cada vez hay menos clases, hay más mega secciones, cada vez se atrasan más porque no consiguen las clases [que necesitan]”, expresó el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
Según Fuentes Ramírez, “los estudiantes han sufrido el deterioro de la calidad de la educación durante los últimos años y ese mismo proceso se va a perjudicar aún más”.
De hecho, si el profesor se afecta, los estudiantes también. “Las condiciones de empleo de un profesor son las condiciones de estudio de los estudiantes”, aseguró a Diálogo el profesor y economista Heriberto Martínez en octubre 2016.
Los profesores también recibirán otro golpe, pues aquellos que participen del Senado Académico verán una reducción de 50% en sus descargas académicas.
El Senado Académico, como foro oficial de cada unidad, establece las normas académicas y supone servir de guía para la labor institucional. Bajo el reglamento de la UPR, los profesores que forman parte de este gremio pueden solicitar una reducción en sus tareas de enseñanza para compensarlo con esta labor.
Bajo el borrador del Plan Fiscal, la disminución de tareas sería aún más limitada, lo que los obligará a dar más cursos.
“Básicamente nos van a subir la carga en todos los frentes. Nos van a subir los créditos para dar clases full-time y, encima de eso, nuestras tareas administrativas podrían subir. Las descargas que normalmente teníamos para participar de estos y otros espacios, nos las quitan. Realmente están exprimiéndonos en términos de tiempo, más que nada”, añadió Fuentes Ramírez.
Además de los senadores académicos, el proceso se replicará con los miembros de la Junta Universitaria y del Comité de Diálogo Institucional, para un total de $3,726,741 en ahorros.
Descargas a los miembros de los senados académicos. (Plan Fiscal de la UPR)
Por otro lado, la página 34 del Plan Fiscal de la UPR establece que “mantener el apoyo académico y financiero a los estudiantes es crítico”, pero en esa exclamación no parecen estar incluidos los familiares de los no docentes. Y es que las ayudas económicas dirigidas a sufragar los costos de estudio del personal trabajador de la universidad, cobijadas bajo la Certificación 50 del 2012-2013, serán eliminadas.
Esta medida le concede a los empleados de la UPR, sus hijos y cónyuges una exención del pago de matrícula en cualquiera de las unidades de la institución educativa. Su desaparición representaría un “ahorro” en $1,382,801.
También, las reducciones de beneficios a empleados y profesores tienen cierta similitud con la recién aprobada reforma laboral, que disminuyó el bono de Navidad entregado a los empleados del sector privado a un 2% del salario y reguló los días de vacaciones.
La matrícula ajustada y las exenciones
En términos de la matrícula general, el documento propone que se discuta un aumento en la matrícula ajustada a los ingresos “considerando la información disponible del nivel económico de los estudiantes”. Es decir, todos los alumnos verían un ajuste en la factura de entre $56 a $78 por crédito a nivel subgraduado, y entre $140 a $175 por crédito a nivel graduado.
Aún no se ha definido cómo se decidirá quién pagará más o menos pero, según Fuentes Ramírez, se podría afirmar que el método dista de la concepción original de una matrícula ajustada a los ingresos, porque carece de justicia social.
“Por años, había sido contemplado como una propuesta de justicia social la idea de que la matrícula ajustada a los ingresos era para que los estudiantes más pobres tuvieran una matrícula totalmente gratuita. Los estudiantes que tuvieran más recursos, pues pagarían un poquito más. Esto de ahora es una cosa que de justicia social no tiene nada [porque a todos se les aumentará]”, aseguró Fuentes Ramírez.
La presidenta interina de la UPR, por otro lado, ve el asunto de una forma más pragmática, toda vez que “todavía no llegamos a los $300 millones. Ellos [el Gobierno y la Junta de Control Fiscal] podrían decir que en vez de $70 o $79 puede ser más [el costo por crédito]”.
Fernández Hernández sostuvo que “todos los grupos tenemos que hacer esa mirada crítica y saber que si hubiese este aumento de matrícula –que está en las premisas de la JCF–, nosotros lo vamos a mirar de forma conservadora porque la barra de ellos es más alta”.
Dijo que lo contrario –no considerar ni siquiera la posibilidad de una matrícula ajustada– es dejar a los alumnos en manos de otros entes que no conocen el perfil económico del estudiantado que tomen decisiones que afecten su vida y sus estudios.
“Nosotros queremos poder tener la mejor alternativa dentro de las circunstancias como país y como universidad, para que podamos dar la mejor educación a nuestros estudiantes, pero si no ponemos nada [en el Plan Fiscal] pues habría otras implicaciones, por ejemplo, que la JCF ponga otros recortes o que el aumento de la matrícula sea más oneroso”, sentenció la funcionaria.
A esto, la presidenta interina añadió: “hay diálogo con los estudiantes, pero después ellos van a su base y allí les exigen oponerse a los $300 millones [ahora $450]. Yo me sumo a esas voces que cuestionan por qué tenemos que estar en esta situación, pero todos somos parte del problema y parte de la solución. Aparte de combatir los $300 millones e irnos en la negativa, también hay que ser responsables de que si el país no produce los ingresos, tenemos que tener estas otras contingencias”.
Además del aumento en la matrícula, el Plan Fiscal de la UPR establece un recorte en 20% en las exenciones de matrícula que no son otorgadas por Ley. De $15 millones anuales, la cantidad bajaría a $12 millones.
O sea, a vuelo de pájaro se plantean $3 millones menos para sufragar costos de estudios a los estudiantes, a pesar de que el documento administrativo insiste en que el modelo de matrícula a implementarse “deberá garantizar que ningún estudiante que desee estudiar en la UPR se vea limitado por su situación económica”.
En síntesis, los futuros alumnos de la UPR se enfrentarán a un aumento en la matrícula, que será ajustado a sus ingresos y tendrán menos oportunidades de recibir exenciones. Para la universidad, a juicio de los economistas consultados, estas disposiciones sobre la accesibilidad de la educación podrían redundar en una disminución de estudiantes, cierre de programas académicos y una migración hacia otras instituciones.
“Se van a afectar [más] los que no tienen beca Pell. Con esto se puede afectar también la demanda por los programas. A medida que aumentas los costos del crédito, puede haber una migración o un ‘efecto sustitución’ de moverse hacia los programas de las universidades privadas”, avisó García, profesor en el Recinto de Río Piedras.
Costos de matrícula con el ajuste por ingresos. (Emmanuel Estrada / Diálogo)
Sin recortes significativos en la Junta de Gobierno
Entre recortes y “ajustes”, también sobresalen diversas áreas cuyos presupuestos no serán modificados sustancialmente. Una de ellas es la Junta de Gobierno. El presupuesto total del mantenimiento de esa estructura administrativa suma $1,821,660. El plan fiscal propuesto por la presidencia de la UPR solo le resta $417,069 a esa partida.
Los sueldos, compensaciones, gastos de viajes, dietas y bonificaciones de los empleados que dan apoyo administrativo a ese organismo —que totalizan $911,035—no serán alterados en ninguna forma. Cabe destacar que los 13 miembros de la Junta de Gobierno ofrecen sus servicios Ad Honorem. Desde el 2013 tampoco cobran dietas. Es decir, los $1,821,660 son para cubrir los salarios y beneficios que corresponden al personal que labora en esas oficinas.
Al presente, “la oficina propia de la Junta (Secretaría Ejecutiva) cuenta al día de hoy con 16 empleados y una asignación de presupuesto de $1,721,660”, según comunicó la secretaria ejecutiva de la JG, Sandra Espada Santos, por correo electrónico. Inicialmente, se pensaba que ese presupuesto agrupaba otras dependencias universitarias, como el Sistema de Retiro, pero esa asignación de fondos es aparte.
“La oficina de Auditoria Interna y el Sistema de Retiro son unidades que responden administrativamente a la Junta de Gobierno, pero sus presupuestos son separados. El presupuesto de operaciones del Sistema de Retiro no se asigna del Fondo General de la UPR, sino del Fondo de Retiro”, clarificó Espada Santos.
Es decir, con la información compartida por la Secretaria Ejecutiva podríamos afirmar que, de cara al próximo año fiscal, se vislumbra un presupuesto de $844,785 para los sueldos de 16 personas que laboran en esa oficina.
El plan fiscal detalla otros gastos de materiales y equipos registrados bajo los fondos de operación de este grupo que tampoco serán ajustados.
Para ponerlo en perspectiva y tener una idea clara de lo cuantioso de la asignación presupuestaria destinada a la JG , con la partida en salarios y otras bonificaciones concedidas a los empleados de la Junta de Gobierno, y con un plan estructurado de cantidad de dinero a otorgarse, se podrían conceder más de 36 becas al año a nivel sistémico; tomando como modelo la distribución de las 12 becas presidenciales que se otorgaron el año pasado con un fondo de $242,723 como base.
Igualmente, la redistribución del salario de los empleados de la Junta de Gobierno también podría mitigar la reducción propuesta por el plan al sueldo de los empleados de Administración Central ($974,300). Incluso, reasignar esos fondos a otras áreas por espacio de dos años—un total de $1,822,070—prevendría la eliminación de las ayudas económicas para estudios de personal docente, no docente y sus familiares, como mencionado arriba, que totalizan $1,382,801.
En cuanto a una reducción al personal que labora en el máximo foro rector de la UPR, Fernández indicó que “con la Junta de Gobierno no nos hemos podido reunir todavía, pero sí: en general, cuando miramos los números estamos siendo bien críticos, cuestionando contratos y servicios y volviendo al desglose de partidas, y si encontramos que puede haber mayores ajustes, lo hacemos”.
Otros intocables en el plan son los sueldos y bonificaciones del personal no docente involucrado en la auditoría interna de la UPR –con un total de $1,273,200– ya que solo recibirían la leve reducción de $14,664 por el bono de Navidad.
Desde el 1960, la Oficina de Auditoría Interna ha fungido como actividad independiente de validación y consultoría al servicio de la UPR. Su objetivo principal, según definen en su página web, es “agregar valor y mejorar las operaciones de la institución”.
Sin embargo, sí se propone una reducción de $43,404 (14%) a la aportación patronal al seguro médico de empleados y la cubierta de farmacia de la Junta de Gobierno y la Auditoría Interna. El presupuesto a estos fines para el próximo año fiscal sería de $266,644.
Gastos operacionales Junta de Gobierno. (Plan Fiscal de la UPR)
Por otro lado, el borrador del Plan Fiscal presenta una selección de puestos de confianza a eliminar –lo que constituye un total de $1,217,875– pero se desconoce cuán alta es esa posibilidad.
Aunque en expresiones previas la presidenta interina aclaró que la administración no está de acuerdo con los ajustes, debido a la insistencia de la JCF y el gobierno central, reconoció que será necesario “aceptar los recortes”.
“Cuando miramos los números completos pues hay que hacer ciertos ajustes, y no por imposición de la JCF ni de las agencias acreditadoras, sino para poder ser una universidad de calidad que responda a las necesidades del país”, replicó Fernández Hernández en entrevista con Diálogo. Más bien, afirmó, la necesidad de una reestructuración estaba contemplado como una de las metas del Plan Estratégico 2017-2022 de la UPR.
“Así que no es porque nos lo dicen que lo estamos haciendo”, enfatizó la presidenta interina.
Ante el hecho de que el plan fiscal de la UPR fue preparado por la expresidenta Celeste Freytes, este medio cuestionó si se verían modificaciones en las partidas desglosadas. “Precisamente todos los días tengo reuniones con el equipo de trabajo porque estamos validando las premisas y los números [del borrador]. Siempre que saquemos la métrica y confirmemos que ese es un número real, se mantiene, porque tenemos que ser muy responsables con este ejercicio”, añadió.
Ahora bien, recabó como una “posibilidad a corto plazo” la reestructuración de posiciones en los recintos, facultades, departamentos. “[Posiciones] gerenciales en las rectorías, en los decanatos… eso de asociados y auxiliares. Los ayudantes en los departamentos… dependiendo del número de estudiantes tienes coordinadores también. Es esa la estructura a nivel sistémico que estamos mirando”, planteó Fernández. La idea, más allá de cuestionar lo práctico de esos puestos, es que estos docentes regresen al salón de clases.
Como es de amplio conocimiento, y en respuesta a las exhortaciones persistentes de la JCF y el gobierno de Rosselló Nevares para que la UPR haga un ajuste de $300 millones de su presupuesto en un plazo de dos años, el borrador del Plan Fiscal de la UPR contempla recortes en cuatro áreas principales: administrativa, gastos operacionales, ajustes en nómina y ajuste reserva pago deuda pública y líneas de crédito. Además, por los ingresos del ajuste a la matrícula se estima un total de $142,456,042 en ahorros.
Ayer, la JCF expresó en una carta que esa cantidad debía subir a $450 millones de cara al 2021 y, de paso, le informaban al gobernador de Puerto Rico que no aceptaban su Plan Fiscal.
Fernández Hernández tenía hasta el 28 de febrero para presentar una versión final de este borrador ante la administración gubernamental. Luego de su discusión o revisión, debería entregarse a la JCF el 31 de marzo. No obstante, a raíz del nuevo recorte propuesto por el ente federal, la presidenta interina declaró que no lo enviarían y, en su lugar, estaría solicitando una reunión con el presidente de la JCF, José Carrión III.
El documento de la UPR también contiene propuestas para allegar ingresos a esa institución pública de $55 millones mediante iniciativas para expandir los servicios de la universidad. Estos son: cursos online, aumento en la oferta de educación continua y clases nocturnas, así como el adiestramiento de empleados públicos por motivo de la Ley del Empleador único. De hecho, el pasado martes, 7 de marzo, Fernández tuvo su segunda reunión con agencias gubernamentales para discutir oportunidades de alianzas a estos fines.
Sin embargo, la presidenta interina precisó que estos fondos adicionales no se contemplan como sustitutos de los recortes propuestos o aumentos de matrícula. Se espera que, para el año fiscal 2018-2019, la UPR encuentre en dónde recortar $103 millones adicionales para cumplir con la meta propuesta por el organismo federal.
El Gobierno insiste en los recortes
Aunque existía la expectativa de que luego de las manifestaciones estudiantiles en contra de los recortes sugeridos a la institución, la administración gubernamental reconsiderara su posición sobre la universidad, durante su mensaje de Estado al país el 28 de febrero, el gobernador declinó intervenir en este asunto alegando que respetaba la autonomía universitaria.
De hecho en su mensaje de 24 páginas solo dedicó dos párrafos al tema de la Universidad. Y aunque dijo durante su alocución que está “convencido que las universidades son una pieza clave para la transformación de Puerto Rico” y que “los grandes cambios en las sociedades modernas han germinado en la academia y se hacen realidad impulsados por nuevas generaciones, mejor educadas y capacitadas”, en la página 46 del Plan Fiscal de Puerto Rico que presentó a la JCF ese mismo día, insistió en que la UPR debe considerar la implementación de la matrícula ajustada a los ingresos, la especialización de recintos y la reducción de gastos de nómina.
También, indicó que la UPR debe consolidar servicios para incrementar la eficiencia y aumentar los servicios ofrecidos al gobierno central.
Aquí un resumen de los recortes propuestos, según el borrador del Plan Fiscal de la UPR.
Emmanuel Estrada López colaboró en esta historia.
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Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
