En el 1950 se estableció el Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) para ilustrar a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico sobre los problemas de las relaciones obreras. El programa está adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras, el primer centro docente del País.
Durante la administración de la rectora Guadalupe Quiñones y el presidente Miguel Muñoz se intentó desmantelar el Departamento de Relaciones Laborales. Menos estudiantes ingresaron al programa durante varios años debido al aumento en los requisitos de admisión desde la Vicepresidencia de Asuntos Académicos. Tampoco se autorizó la contratación de nuevo personal docente y no docente. En otras palabras, cuando algún empleado se retiraba o renunciaba a su cargo, surgía un puesto vacante que permanecería congelado. Incluso, apenas tenían a una persona encargada de ejercer las labores clericales. En fin, el programa estaba condenado a ser destruido.
Los estudiantes y el personal de la Universidad intentaron resucitarlo luego del cambio de administración. Para buscar fondos externos y resolver los problemas de plantilla en el IRT, recurrieron a la Asamblea Legislativa y surgió el Proyecto de la Cámara 1132. Esta medida fue radicada por el representante Jesús Santa y hace poco fue aprobada por ambas cámaras.
Actualmente, el proyecto representa una amenaza a la autonomía universitaria y podría establecer un precedente nefasto para la Universidad. La medida pretende asignarle $100,000 anuales al Instituto para que atienda sus necesidades. Sin embargo, ese dinero no proviene de fondos externos a la UPR, sino de fondos que se le asignarían al mismo presupuesto de la Universidad. Esto demuestra que la intención de la Asamblea Legislativa es controlar el capital universitario.
Además de ser una afrenta a la autonomía universitaria, la medida pone en problemas al Partido Popular Democrático (PPD) y pone en entredicho la palabra empeñada por la colectividad a través de la aprobación de su Programa de Gobierno. Basta con leer el segundo párrafo de la página 154 del mencionado documento:
“Todos los renglones de nuestra vida en sociedad se benefician de una u otra forma de la actividad que se lleva a cabo en la Universidad. Por lo tanto, es nuestro deber asegurar que cada dólar que debe ir a la universidad, llegue a ella. Y que sean los universitarios, con un proyecto universitario, los que determinen la forma en que se deben utilizar sus recursos para cumplir con la misión que les ha sido encomendada”, página 154 de la Plataforma del Partido Popular Democrático (aprobada en la Asamblea de Programa del Partido Popular Democrático, celebrada el 10 de junio de 2012 en Río Grande, Puerto Rico).
Reconocemos que los fondos extraídos en los pasados años fueron restituidos tras la aprobación de la Ley #7 del año 2013, pero esto no justifica el manejo externo del dinero de la Universidad.
Precisamente, el interés público ya tiene nueve representantes en la Junta de Gobierno para canalizar propuestas a favor de cualquier unidad académica, incluyendo el IRT. Además, la comunidad universitaria ha expresado su oposición hacia la medida por atentar en contra de la integridad presupuestaria y la autonomía de la UPR. El expresidente José Lasalde, la Junta de Gobierno, la Junta Universitaria, varios Senados Académicos (incluyendo el del Recinto de Río Piedras), el Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) y hasta la Asociación de Estudiantes de Relaciones del Trabajo (AERT) se han expresado en contra de la propuesta que ahora espera la firma del honorable gobernador, Alejandro J. García Padilla. Por más ínfima que sea la cantidad en cuestión, la expresión de los universitarios es clara y consistente.
No quiero terminar este escrito sin mencionar que reconocemos las necesidades que tiene el Instituto de Relaciones del Trabajo de la UPR y que me consta los atropellos y las dificultades que han tenido que pasar sus empleados. Los universitarios, incluyendo a la Junta de Gobierno, tienen que resolver este asunto. En fin, esto se trata de la autonomía de la Universidad pública. Hay que cumplir con la palabra empeñada en torno al respeto hacia los procesos de gobernanza dentro de la institución. Señor Gobernador, la bola está en su cancha.
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*El autor de este escrito es el Presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
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Alexis Herrera
Estudiante de Maestría en Boston. Ama a los Beatles y al baloncesto sobre todas las cosas; trata de viajar cada vez que puede y le apasiona el arte, el cine y el boxeo. Si lo invitas a compartir una bolsa de Doritos y a hablar de música, los Celtics de Boston y/o el significado de la vida, será tu amigo para siempre.
